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Ola de denuncias de mujeres marroquíes agita el sector de la fresa en España

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Madrid (AFP)

Una oleada de denuncias de trabajadoras estacionales marroquíes contra sus empleadores sacude la región española de Andalucía, donde 16.000 madres fueron contratadas este año para cosechar fresas en condiciones de "alta vulnerabilidad".

En la provincia de Huelva (sur), gracias a la cual España ocupa el primer lugar europeo de producción de fresas, las investigaciones judiciales se iniciaron a finales de mayo. Al menos 12 denuncias fueron presentadas, según la fiscalía local.

Ocho marroquíes y cuatro españolas, recolectoras de fruta en tres explotaciones freseras diferentes, denunciaron situaciones de acoso laboral o sexual, e incluso en algunos casos violaciones o intentos de violación.

Varios responsables son investigados por presuntos "abusos sexuales", indicó la fiscalía sin precisar de cuántos casos se trata.

En Huelva, el número de marroquíes reclutadas directamente en su país para la temporada de la fresa (febrero-junio) pasó de 200 en 2001 a más de 16.000 este año.

"Somos el primer exportador de fruta y hortaliza en Europa", señala el profesor de Economía y miembro de la organización Economistas sin Fronteras José María Sumpsi. Pero "ahora casi no hay mano de obra española en el campo para el trabajo temporal en las regiones de agricultura intensiva", acota.

Las mujeres que se presentan en Marruecos para estos trabajos deben tener entre 18 y 45 años, provenir "de áreas rurales", gozar de "buena salud" y ser madres "de niños de menos de 14 años", según un documento en árabe de la oficina pública de empleo marroquí Anapec.

La exigencia de tener niños pequeños es para tratar de que vuelvan a Marruecos después de la cosecha.

- 0,75 euros por caja -

Los contratos, de tres meses de duración, prevén un salario de 39 o 40 euros por seis horas y media de trabajo diario, con descanso el domingo.

Pero al llegar "nos han dicho: 'es la segunda recogida, vais a trabajar al tajo, 0,75 euros por cada caja de 5 kilos'" asegura bajo anonimato a la AFP una de las denunciantes. Debían "sacar cajas de fresas muy, muy rápido" o podían ser sancionadas con varios días sin trabajar, afirma.

El contrato incluye hospedaje gratuito, pero dormían de a "seis mujeres" en estructuras muy rudimentarias, y les costaba "3 euros al día", asevera.

"Muchas mujeres analfabetas firman algo sin saber lo que han firmado, y no reclaman nada. Al final, dicen: 'Cállate, no digas nada, si quieres volver el año siguiente'", agrega.

- Productos "llenos de humillación" -

"En Europa, en el siglo XXI, no se pueden vender productos agrarios llenos de explotación, de abuso y de humillación", se indigna Diego Cañamero, un jornalero andaluz elegido en 2016 diputado por el partido de izquierda radical Podemos.

"Los contratos en origen no tienen porqué cumplirse, sino que el empresario puede cumplirlos o no, la normativa no le obliga, no hay control sobre los contratos", denuncia Cañamero, quien reclama la creación de "un cuerpo especial de inspectores que visiten los campos diariamente".

Para la fundación Cepaim, que promueve la integración de los migrantes, estas mujeres "se encuentran en situación de alta vulnerabilidad a causa de la necesidad imperiosa de lograr dinero para el sustento familiar".

Llegan "desconociendo el idioma, sin saber cuál es el convenio colectivo del campo", dice el coordinador local de Cepaim, Javier Pérez. Son alojadas "en mitad de la finca que muy a menudo está lejos del pueblo y no tienen apoyo social ante cualquier acoso laboral", destaca.

Cepaim, que visitó decenas de fincas de fresas en primavera, confirma casos de "retención de pasaportes", de castigos de días sin trabajo "por no recoger suficientes cajas de fruta" o retención de los pagos "hasta su retorno".

"Algunos empresarios se creen que estas mujeres son mano de obra y no personas", afirma Javier Pérez, asegurando sin embargo que son "casos puntuales".

El gobierno regional de Andalucía anunció el 13 de junio un protocolo de "tolerancia cero" elaborado junto al sector, que regirá el año próximo.

Prevé la formación de los responsables de las cosechas en "cuestiones de género", la contratación de mediadores neutrales y la entrega de folletos en el idioma de las trabajadoras estacionales para explicarles sus derechos.

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