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México: López Obrador comienza su estrategia de pacificación en medio de controversias

Un oficial de policía monta guardia después de un tiroteo durante un evento, en Leonardo Bravo, México. 21 de junio, 2018.
Un oficial de policía monta guardia después de un tiroteo durante un evento, en Leonardo Bravo, México. 21 de junio, 2018. Javier Verdin /Reuters

El futuro Gobierno de México comienza a delimitar los puntos de su plan de seguridad que busca concretar la convivencia pacífica de uno de los países más afectados por la violencia en América Latina.

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Antes de llegar a la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prometió llevar adelante una trasformación “pacífica radical” en México, un país golpeado en su última década por el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.

Ahora, con el triunfo asegurado, López Obrador comienza a trazar un plan de seguridad compuesto por diez puntos estratégicos y cuyo núcleo será la ley de amnistía que se presentará en el Congreso. Tras los resultados de los comicios del primero de julio, AMLO cuenta a su favor con que las cámaras de senadores y diputados quedaron integradas en su mayoría por legisladores su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La propuesta de ley que contempla el estudio de indultos para criminales con el fin de lograr la paz en el país azteca, generó una gran controversia ya que sus adversarios señalaron que daría libertad a delincuentes de alto rango.

“El proceso de pacificación es uno de los diez ejes estratégicos que integran el plan de seguridad”, explicó el antiguo secretario del expresidente Vicente Fox, Alfonso Durazo, quién ahora está previsto como secretario de Seguridad Pública.

Además, añadió que “hay otras nueve líneas estratégicas adicionales que acompañarán a esta medida para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en el país”, como el recurso de leyes especiales y una justicia transicional.

El plan arrancará con la realización de un foro donde participarán defensores de los derechos humanos, líderes religiosos como el Papa Francisco, políticos, la sociedad civil nacional y la comunidad internacional.

Lo que ha sido catalogado como el “gran proceso de reflexión nacional”, comenzará recolectando las opiniones y testimonios de las víctimas de la violencia, la sociedad y posteriormente las opiniones de expertos en materia de seguridad, a través de distintos mecanismos y plataformas con organismos internacionales.

El nuevo Gobierno explorará "sin prejuicios todas las ideas y propuestas para recuperar la paz y la serenidad en el país, sin pasar por la impunidad", dijo Durazo quien aseguró que el objetivo es cerrar el ciclo de violencia que ha cobrado  240.000 mil vidas desde 2006.

En la conferencia donde compareció Durazo también se encontraba la exministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación en la administración de López Obrador que comenzará el 1 de diciembre.

“Este escenario ha provocado una descomposición social muy importante y por ello se debe transitar hacia la pacificación del país y al respeto a las instituciones”, señaló Sánchez.

La violencia en México obliga al nuevo Gobierno a tomar medidas "excepcionales"

En 2017, un promedio de 70 personas fueron asesinadas cada día en México, según el informe anual de incidencia delictiva de la secretaría de gobernación.

La campaña presidencial también fue empañada por la violencia con el asesinato de 136 políticos y las docenas de amenazas que obligaron a otros a dar paso atrás con sus aspiraciones electorales.

Una integrante del equipo de López Obrador, Loretta Ortíz, asesora para la futura secretaría de seguridad pública, expresó que la nación vive una situación tan violenta que “nos obliga a tomar medidas excepcionales”.

Durazo, quién se perfila para comandar la seguridad pública, consideró que este proceso de paz más la capacitación profunda y paulatina de los cuerpos policiales, tendrá como ganancia la retirada del Ejército de las calles.

Sin embargo, Durazo estima que el retiro a los cuarteles será significativo en el transcurso de tres años.

A pesar de la controversia, el futuro equipo del nuevo presidente mexicano asegura que el diálogo seguirá adelante y tratará en primera instancia los homicidios y secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el tráfico de migrantes, delitos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

 

Con EFE

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