Nicaragua: 11 muertos en víspera de reanudación de diálogo y en medio de convocatoria a huelga nacional

Policías, agentes antimotines y otros grupos armados oficialistas intentaron controlar las manifestaciones opositoras en las ciudades de Diriamba y Jinotepe y ocasionaron la muerte de al menos once personas, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En hecho ocurre en víspera de la reanudación del diálogo nacional para intentar resolver la crisis que atraviesa el  país centroamericano y al tiempo que representantes de la alianza, conformada por líderes estudiantiles, organizaciones sociales, campesinos y la empresa privada, convocó a los nicaragüenses a participar de la marcha “Juntos Somos un Volcán” el jueves 12 de julio, un paro nacional el viernes 13 y una caravana por la capital, el sábado 14.

“Estamos unidos por una lucha justa, cívica y pacífica, y queremos que esto sea una respuesta inmediata de Daniel Ortega al adelanto de las elecciones” manifestó Valeska Valle, miembro de la coalición universitaria, quien pidió a los auto convocados del país a sumarse a la iniciativa.

El sábado siete de julio, el gobernante Frente Sandinista convocó a una “Caminata por la Paz” en Managua, donde simpatizantes y trabajadores del estado son movilizados y acuerpados por la policía Nacional mientras que se había convocado un acto de la Alianza Cívica pero fue reprogramado para evitar focos de violencia.

“Operación limpieza” continúa en todo el país

En varios departamentos aún continúan cientos de personas atrincheradas en las barricadas o “tranques” que pobladores han levantado en defensa de sus territorios y rebelión cívica contra el Gobierno, mientras la policía y grupos de civiles armados afines al gobierno realizan operativos para despejar las vías denominados “Operación Limpieza”.

El jueves cinco de julio, una “limpieza” en el barrio indígena de Sutiaba, León, al occidente del país, dejó a 3 jóvenes muertos y una veintena de personas heridas por armas de fuego. Según versión de familiares y organismos locales de derechos humanos, los paramilitares y la policía atacaron a balazos a los jóvenes que mantenían las barricadas y detuvieron a unos 15 vinculados en la protesta.

La vicepresidenta del país, Rosario Murillo, dijo que estos operativos tienen como objetivo la “restauración de la seguridad” en el país. “Cuando digo seguridad me refiero a ese derecho que tenemos todos de movilizarnos a trabajar, movilizarnos para procurar salud, a nuestros cultos, templos… poder llegar a los lugares donde debemos ir, porque ese es un derecho humano esencial”, expresó.

Ciudades como Masaya, Carazo, Jinotega y Matagalpa continúan bloqueadas por esas barricadas, con el fin de impedir el accionar de estos grupos paramilitares que intentan retomar el control gubernamental por la fuerza.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han registrado y denunciado un uso excesivo de la fuerza de parte del Estado en contra de manifestantes que a la fecha deja más de 300 muertos, tres mil heridos y unas 150 personas reportadas como desaparecidas desde mediados de Abril.

“Van casa a casa por las personas que estuvieron en las marchas”

Líderes sociales han denunciado acoso y detenciones arbitrarias en todo el país a personas que han estado vinculadas en las manifestaciones antigubernamentales. A inicios de esta semana el dirigente juvenil Yubrank Suazo denunció un atentado contra su vida, cuando un grupo de encapuchados le prendieron fuego a su casa. Según el relato, llegaron buscándolo y al no encontrarlo decidieron incendiar el inmueble.

“Ahora el nuevo modelo que está utilizando el régimen es de hacer las listas e ir casa a casa, por las personas que estuvieron en las marchas. Ya los organismos internacionales lo saben”, denunció el líder universitario Lesther Alemán.

Por su parte las autoridades policiales en declaraciones sobre los incidentes de violencia acusan a los manifestantes de “terroristas y grupos delincuenciales”. La última declaración pública de parte de un mando policial la realizó ayer el Comisionado de Estelí Alejandro Ruiz, quien aseguró que los detenidos en esa ciudad serán procesados judicialmente por varios delitos y al ser cuestionado por los familiares sobre cuales delitos, respondió que serán acusados “por golpistas”.

La CIDH ha instalado dos grupos de expertos en el país para investigar las muertes y dar seguimiento a las denuncias de represión.