Caso de Lula da Silva desata debate sobre la Justicia en Brasil

Es la respuesta institucional a la pugna judicial que protagonizaron el pasado domingo 8 de julio cuatro jueces, enzarzados durante horas en una maraña de pareceres legales contradictorios sobre la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva. El intento frustrado de excarcelación, sin embargo, ha puesto de manifiesto la inestabilidad del sistema judicial brasileño, al mismo tiempo que ha sembrado dudas sobre su imparcialidad.

Todo empezó el 8 de julio, cuando el juez Rogério Favreto emitió un salvoconducto a favor de Lula, mientras estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF-4), el mismo que condenó al expresidente en enero. Favreto atendía de esta forma a la petición de tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, que presentaron la documentación tan solo media hora después de que el juez de guardia, que militó durante 19 años en el PT, empezara su turno.

Enseguida el juez Sérgio Moro, responsable de la operación Lava Jato que investiga los casos de corrupción relacionados con Petrobras, afirmó que Favreto no tenía competencia para conceder un salvoconducto. Este último reiteró por segunda vez el habeas corpus. En respuesta, el juez federal João Pedro Gebran Neto, relator de los juicios de la Lava Jato en segunda instancia, determinó que la orden de liberación de Lula no fuese cumplida.

Favreto respondió con una tercera petición de excarcelación, que motivó la intervención del presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores. Este decidió que Lula se quedaría en prisión, subrayando que un juez de guardia no tiene potestad sobre un habeas corpus.

Según Ivar Hartmann, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas, los jueces envueltos en el caso se extralimitaron en sus competencias. En el caso de Sérgio Moro, porque estaba de vacaciones en Portugal. En el caso de Favreto, porque el Tribunal Federal de Porto Alegre no tiene poder para emitir el habeas corpus. Es una prerrogativa exclusiva del Tribunal Superior de Justicia.

Ayer 103 fiscales de varios Estados de Brasil pidieron al Consejo Nacional de Justicia que tome medidas contra el juez Favreto. Pero el último capítulo de la telenovela sobre el caso Lula muestra fallos sistémicos del sector judicial. “La sociedad brasileña comienza a percibir la necesidad de una reforma y de repensar esta autorización del uso totalmente indiscriminado del habeas corpus y del exceso de recursos”, señala Ivar Hartmann.

Mientras los juristas brasileños debaten acerca de las consecuencias de este episodio para la credibilidad del poder judicial, la defensa de Lula ha reiterado que usará cualquier brecha legal para intentar sacar a Lula de la cárcel y así permitirle que participe en la contienda electoral del próximo mes de octubre.

A pesar de llevar más de tres meses en prisión, Lula sigue siendo es el candidato favorito con el 21% de la intención de voto. Sus seguidores denuncian que es un preso político y apoyan toda embestida legal de su defensa para que pueda concurrir en los comicios.

El Tribunal Superior Electoral, por su parte, ya ha afirmado que vetará de oficio la candidatura de Lula en base a la Ley de la Ficha Limpia, que inhabilita políticamente a los condenados en segunda instancia. Todo apunta a que la Justicia será la gran protagonista de la contienda electoral en el país más grande de América Latina.