El presidente electo de México crea un debate alrededor de su seguridad
Enfrascado en el discurso de la lucha contra la corrupción, Andrés Manuel López Obrador considera renunciar a la seguridad propia de su investidura para reducir los gastos. Colaboradores y académicos debaten sobre la conveniencia de esta medida.
Primera modificación:
El próximo presidente de México quiere renunciar a su seguridad. “Me va a cuidar la gente, el pueblo”, así insistió Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y lo hizo todavía a la salida de su reunión el pasado 3 de julio con el presidente en turno, Enrique Peña Nieto.
La cruzada de López Obrador para acabar con la corrupción lo ha conducido a decir en varias ocasiones que no viajará en el avión presidencial, que no vivirá en la residencia presidencial de Los Pinos y que no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial. “Habrá un Gobierno austero, sin lujos ni privilegios”, ha asegurado.
Su decisión ha creado una polémica entre el círculo de sus cercanos y los expertos en seguridad. El jueves pasado Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación (ministra del Interior), declaraba en entrevista a Televisa estar “de acuerdo con que tiene que tener seguridad (el presidente)”.
El viernes 6 de julio el presidente virtual reconocía estar escuchando consejos de sus asesores para contar con seguridad, pero insistió en que esta no será dada por el Estado Mayor Presidencial.
¿Qué es el Estado Mayor Presidencial (EMP)?
López Obrador ha dicho que “no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa por completo. Ya no va a estar encargado de custodiar al presidente de la República”.
De acuerdo con César Orlando Flores Sánchez, especialista en seguridad nacional y gestión de riesgos, el Estado Mayor “no es solo el guardaespaldas”, sino que es un cuerpo encargado de “asegurar la continuidad de operaciones de la Presidencia” así como de que “no falte la autoridad”.
Según Flores Sánchez “el EMP es un ente de muchas personas, civiles y militares que no solo se encargan de labores de seguridad e inteligencia, sino que brindan salud al presidente, organizan la agenda y se aseguran de que esta se cumpla”.
Respecto de la venta del avión presidencial asegura que “el presidente no puede estar incomunicado por lo que el avión presidencial está equipado para eso”. Entre las funciones de esta corporación también está dar seguridad a la familia del presidente, a los mandatarios extranjeros que visitan México y a los expresidentes.
De acuerdo con el semanario Proceso, el EMP hoy cuenta con 2.021 elementos, de los que el 80 por ciento son militares y el 16 por ciento del total son mujeres. También cuenta con nueve aviones y ocho helicópteros.
El gusto de AMLO por cuerpos de seguridad alternativos
López Obrador rechazó durante gran parte de la campaña el uso del dispositivo de seguridad que puso a disposición de los candidatos la Secretaría de Gobernación. Incluso viajó a dos de los municipios más mortíferos del país, en la montaña de Guerrero, sin utilizar escolta.
Durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, la seguridad de López Obrador estuvo a cargo de un grupo de mujeres conocidas como gacelas, entrenadas en tareas de seguridad e inteligencia y mucho más discretas que los encargados de seguridad habituales.
La nueva estrategia de seguridad basada en la “pacificación” de México
El viernes 6 de julio López Obrador se reunió en la Ciudad de México con el próximo gabinete de seguridad para discutir la transición y el plan de acción. En conferencia de prensa, los próximos titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, declararon que para el nuevo gobierno “el objetivo es la pacificación de este país”.
La pacificación consta de diez ejes estratégicos de los que el primero será el respeto de los derechos humanos. También se propone una ley de amnistía para delitos menores, que tendría que aprobar el Congreso, donde el partido de izquierda de López Obrador tendrá mayoría. El próximo jueves 12 de julio el presidente electo mantendrá una reunión con los gobernadores de las 32 entidades federativas.
México está sumido en la violencia desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. Hasta hoy se contabilizan más de 230.000 personas asesinadas y 34 desaparecidas.
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