Colombia - Justicia

Mario Montoya, un antiguo general colombiano, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz

El comandante del batallón antinarcóticos Mario Montoya supervisa las maniobras en la base militar de Larandia el 4 de mayo de 2001 en la provincia de Caquetá, Colombia.
El comandante del batallón antinarcóticos Mario Montoya supervisa las maniobras en la base militar de Larandia el 4 de mayo de 2001 en la provincia de Caquetá, Colombia. Luis Acosta / AFP

El controvertido general Mario Montoya decidió someterse al tribunal creado tras la firma del proceso de paz. Se espera que el militar aporte verdades sobre el escándalo de los "falsos positivos", por el cual es investigado.

Anuncios

El militar retirado Mario Montoya Uribe, antiguo general y comandante del Ejército de Colombia (2006-2008), decidió someterse este 17 de julio a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP; que tiene la misión de investigar y sancionar los delitos cometidos durante el conflicto armado en el país y la cual fue creada en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla FARC.

La JEP tiene la función de gestionar una justicia transicional que esclarezca los crímenes del conflicto realizados antes del 1 de diciembre de 2016. Esto, ofreciéndole a los actores del conflicto la posibilidad de no ser encarcelados a cambio de contar la verdad.

Por ella están pasando los excombatientes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), pero también, de forma voluntaria, funcionarios públicos, agentes del Estado y terceros civiles. Y ahora se suma el nombre de Mario Montoya Uribe.

Montoya, un general tan condecorado como investigado

Sobre el uniforme de Montoya, nacido en el Valle del Cauca hace 69 años (1949), cuelgan todo tipo de condecoraciones: desde las tangibles, como la orden de la Cruz de Boyacá –máxima distinción del Gobierno– que obtuvo en seis ocasiones; hasta las vividas, como sus experiencias militares y su ascenso como comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su historial está la “Operación Fénix” de marzo de 2008, en la que se bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y se eliminó al número dos Luis Édgar Devia (alias ‘Raúl Reyes’). También la “Operación Jaque” de julio de ese año. En ella, Montoya contribuyó a la liberación de secuestrados por las FARC, entre los que se encontraban la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, la abogada Clara Rojas, dos contratistas estadounidenses y varios soldados y policías colombianos. La versión oficial cuenta que la operación se hizo sin disparar un solo tiro y con senda inteligencia.

No obstante, junto a esos logros, hay procesos que lo relacionan con el paramilitarismo y uno en concreto por el que se le investiga desde hace meses: los “falsos positivos”, uno de los escándalos más oscuros en la historia del conflicto armado colombiano. Así son conocidas en Colombia las miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Según la Fiscalía de Colombia, el excomandante habría promovido entre 2005 y 2007 la práctica de ejecutar personas que no tenían relación con la guerra y presentarlas como “bajas” del conflicto. Algo que Montoya ha negado –incluso cuando la Fiscalía redujo las víctimas en una decena simbólica–, pero que otros de sus compañeros de filas han aceptado.

Uno de ellos, el excoronel Robinson González, encarcelado por estos “falsos positivos”. En 2014 afirmó que Montoya pedía “ríos de sangre” y “hacía un famoso top diez de las unidades clasificadas según las bajas”, sin considerar de quiénes se trataba.

El general Montoya ahora está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz

La noticia de Montoya Uribe de acogerse a la JEP no es la primera en las filas de las fuerzas armadas colombianas, pues el pasado 10 de julio lo hizo el general Henry Torres Escalante, pero sí la de mayor trascendencia por tratarse del militar de más alto rango en solicitar su ingreso al tribunal.

La cuestión es que los procesos en su contra, que se investigan desde 2015, pasarán ahora a la justicia alternativa de la JEP, y no seguirá por la justicia ordinaria debido a la decisión de Montoya de someterse ante la justicia de la paz. Así mismo lo ha hecho, con la misma imputación de cargos, el general Torres Escalante.

Pero la Fiscalía colombiana no es la única que investiga en la actualidad al exmilitar Mario Montoya Uribe. En diciembre de 2016, Human Rights Watch (HRW) presentó en Estados Unidos “evidencias inéditas” que según la organización comprometen a Montoya con los “falsos positivos”. Y no solo eso, sino que este “no habría adoptado medidas razonables para impedir ni sancionar cientos de ejecuciones extrajudiciales”.

Pese al anuncio, la firma del formato de sometimiento a la JEP no implica que el condecorado excomandante acepte responsabilidades penales, sobre todo en las acusaciones en su contra en el escándalo de los “falsos positivos”.

Por el momento, mientras la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estudia si acepta o no su caso, Montoya tiene como único deber colaborar con las investigaciones de actos criminales acontecidos en más de 50 años de guerra.

Mario Montoya Uribe recibió el pasado 3 de julio la última de sus condecoraciones. Esta vez de la mano del presidente Juan Manuel Santos que le honró por haber liderado la “Operación Jaque”.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24