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Las medidas de austeridad de López Obrador ponen en vilo a la burocracia mexicana

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza una conferencia de prensa para anunciar a Marcelo Ebrard como ministro de Asuntos Exteriores, en Ciudad de México, México, el 5 de julio de 2018.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza una conferencia de prensa para anunciar a Marcelo Ebrard como ministro de Asuntos Exteriores, en Ciudad de México, México, el 5 de julio de 2018. Carlos Jasso / Reuters

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, presentó un listado de lineamientos que reducen los salarios y las posiciones en las esferas burocráticas. El anunció provocó un intenso debate sobre los efectos de las medidas.

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El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una lista de 50 lineamientos generales para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana. Las medidas propuestas se aplicarían a los funcionarios públicos de alto nivel, entre quienes el futuro mandatario señaló a una “mafia del poder” a lo largo de la contienda electoral.

En su casa de campaña de la Ciudad de México el presidente electo anunció que ganará 108.248 pesos mensuales (USD $5,700, aproximadamente) que equivalen al 40% de la remuneración del presidente Enrique Peña Nieto, en funciones hasta el 1 de diciembre.

Advirtió también que su salario será el techo. Según el diario ‘El Financiero’, las medidas de austeridad reducirían el salario a 5.000 funcionarios, al menos. Los servidores públicos que ganan menos de un millón de pesos al año (USD $53,000 aproximadamente) no entrarán en el ajuste.

A las reducciones salariales se suman las de personal: la austeridad implicaría reducir la estructura de confianza en un 70%, quitar guardaespaldas a quienes no realizan tareas de seguridad, acotar el servicio de choferes solo para secretarios y subsecretarios y suprimir oficinas que se duplican en las diferentes secretarías, como la de prensa o la de compras.

Aparte, el nuevo Gobierno busca acabar con lo que López Obrador llama privilegios: no se comprarán coches para funcionarios, no se adquirirán sistemas de cómputo el primer año de Gobierno, no habrá más de cinco asesores por Secretaría (Ministerio), se cancelarán los seguros médicos privados, no se remodelarán oficinas y solo los secretarios (ministros) tendrán un secretario particular a su servicio.

Además se cancelarán las pensiones para expresidentes, los servidores públicos tendrán la obligación de transparentar sus declaraciones de bienes y las de sus familiares más cercanos, y la semana laboral será de lunes a sábado. En cuanto a las compras y contrataciones, se harán bajo la supervisión de una oficina de Naciones Unidas.

Eréndira Sandoval: el recorte salarial "va en serio"

En entrevista para France 24, Irma Eréndira Sandoval, propuesta por el futuro presidente como secretaria de la Función Pública (Fiscalización), dijo que las medidas se deben al desequilibrio que existe entre los ingresos de los mexicanos. Por ejemplo “los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen sueldos muy altos”.

“Hay tres mensajes centrales: tranquilizar a la ciudadanía porque no se van a pisotear derechos laborales; las medidas de austeridad y reestructuración tienen que ver con el deseo de los mismos burócratas, quienes quieren que los puestos se basen en méritos; y el recorte de los salarios va en serio”.  

Los burócratas están en el centro de la atención

Desde el domingo varias voces se alzan en defensa de los salarios de la burocracia. Ricardo Raphael, director del Centro Cultural Tlatelolco, en su columna para ‘El Universal’, subrayaba que las medidas omiten mirar la “crisis que enfrenta la función pública mexicana”.

De acuerdo con Raphael, aunque las medidas responden al enojo generalizado contra las autoridades, existe una burocracia empleada irregularmente “sin prestaciones de ley, sin seguridad en el empleo.” “La burocracia baja e intermedia (…) son víctimas de una prolongada negligencia política de los gobernantes.”

Por su parte, Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, exponía el jueves pasado que la independencia de los juzgadores es posible “dándoles la necesaria seguridad (…) en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones, ni internas ni externas, que doblen la vara de la justicia”.

Contrario a los funcionarios defendidos por Ricardo Raphael, un ministro de la Suprema Corte de México gana 269,215 pesos mensuales (USD $14.200 aproximadamente) más prestaciones.

De acuerdo con Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, “diferentes gobiernos han hecho medidas de austeridad y parece que esta es más fuerte, más seria”.

En entrevista telefónica destacó que “hay incertidumbre, todavía no se sabe cómo y qué va a afectar y si va a traer consecuencias o hasta qué nivel va a tocar”. “Una mayor austeridad no necesariamente genera un gobierno más eficiente: incluso mucha austeridad puede provocar precariedad, como falta de papelería por ejemplo”.  

Diversos actores de la escena política nacional, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, y los consejeros del INE, han pedido que se respete el salario de los trabajadores o que las reducciones se realicen con responsabilidad.

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