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Argentina: polémica por cambios en el rol de las Fuerzas Armadas desde el regreso a la democracia

El presidente argentino, Mauricio Macri, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en Campo de Mayo el 23 de julio de 2018.
El presidente argentino, Mauricio Macri, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en Campo de Mayo el 23 de julio de 2018. Presidencia de Argentina vía AFP

El presidente Macri emitió un decreto que abre la puerta a que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior, algo que estaba limitado desde el fin de la dictadura. Para la oposición y organismos de DDHH se trata de una grave decisión.

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Están entrenados para combate, portan fusiles FAL de alto poder letal; no tienen instrucción para tareas policiales ni represión de manifestaciones, no están formados en el uso de fuerza no mortal.

Todo esto son hechos, datos concretos sobre la conformación actual de las Fuerzas Armadas de Argentina; compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Pero hay otro elemento clave: los siete años de dictadura militar que vivió el país entre 1976 y 1983, un periodo en el que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizaron serias violaciones de derechos humanos y cometieron delitos de lesa humanidad, dejando miles de muertos y desaparecidos.

Eso dejó una marca tan profunda que llevó a que, desde el regreso de la democracia al país, ningún gobierno les diera a las FF.AA. un rol directo en seguridad interior (aunque algunos sí pensaron en hacerlo) y mantuviera bien delimitada su función como agente de defensa ante agresiones externas, algo establecido por una serie de normas, especialmente la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior, y un decreto de la presidencia de Néstor Kirchner, de 2006, que explícitamente restringía la tarea de los militares a agresiones de origen externo perpetradas por otro Estado.

Es cierto que había ya algunos casos en los que las FF.AA. tenían algún tipo de rol que iba más allá de repeler un ataque de un tercer Estado. Por ejemplo, haciendo presencia en zonas de la frontera norte (algo que ahora se va a profundizar), con el fin de disuadir actividades de narcotráfico. O la asistencia de la Fuerza Aérea en el seguimiento de aeronaves en vuelos irregulares (potencialmente vinculadas al narcotráfico).

Pero había un límite claro impuesto por la Ley de Seguridad Interior, que dice que las FF.AA. solo pueden actuar en ese ámbito en casos excepcionales (por ejemplo, en el marco de un estado de sitio, que debe ser declarado por el gobierno).

Ahora, se espera que esto cambie.

Un decreto del presidente Mauricio Macri, publicado el martes 24 de julio, modifica mucho más profundamente la limitación que imponía la norma vigente. Primero deja por fuera la precisión de que debe contener ataques de terceros Estados. Por lo tanto, queda la puerta abierta, y así lo han dicho desde el Gobierno, para que intervengan de algún modo en la lucha más directa contra el narcotráfico, el terrorismo y el ciberterrorismo internacionales.

Además, hace una modificación que deja de lado la prohibición explícita de muchas actividades de seguridad interior, al hablar de "integración operativa" con las fuerzas de seguridad, como la policía. También incorpora un artículo algo críptico que modifica la aplicación la Ley de Defensa, que limita las "control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos" a la Prefectura y la Gendarmería, para habilitar que puedan hacerlo las FF.AA. (una interpretación más amplia podría llevarlo aún más allá de las fronteras, las aguas y los objetivos estratégicos).

Vastos sectores de la sociedad argentina ven con temor los cambios en las FF.AA.

Todos estos cambios parecerían habilitar intervenciones en casos muy amplios, al hablar de: "Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ONU. u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional". No está claro allí cuáles son esos "otros organismos internacionales" de los que habla el decreto, tampoco a qué se refiere con operaciones en apoyo a la comunidad nacional.

Vastos sectores de la sociedad argentina ven con temor estos cambios y los alcances que pueden tener. De hecho, dentro de las propias FF.AA. muchos consideran que no es para lo que están entrenados; tienen muy claro el tipo de formación que tienen y en qué circunstancias están preparados para actuar. Seguramente por eso el presidente Mauricio Macri dijo el lunes, al anunciar frente a militares cambios que implican algún tipo de intervención interior, que en el siglo XXI, los 70.000 miembros de las FF.AA., "son hombres y mujeres de la democracia".

Sin embargo, el propio Macri reconoció que no hay una situación de conflicto en el país que amerite pensar en acciones militares. "Los argentinos vivimos en una zona de paz", dijo. Pero advirtió: "somos parte de ese mundo complejo". Según él, entonces: "necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI".

Macri dijo que se trata de proteger la soberanía e integridad territorial del país; pero también apoyar la política exterior, contribuyendo integración al mundo, con misiones de paz y presencia en Antártida. Ninguna de estas misiones necesita en sí misma un cambio de normativa. Argentina ya tiene militares en la Antártida y participando en misiones de paz (tuvo una presencia muy importante con observadores de la implementación de parte del acuerdo de paz en Colombia).

El presidente dijo también: "Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior". Pero tras publicarse el decreto, al aumentar las críticas, el miércoles Marcos Peña, jefe de Gabinete, dijo a periodistas, a la salida de una reunión de ministros: "De ninguna manera se está planteando que las las FFAA hagan seguridad interior". ¿Contradicción? No necesariamente: la diferencia está entre las palabras "colaborar" y "hagan" y cuán gruesa será la línea entre ellas.

CELS: “el problema que nosotros vemos de la reforma es que le sacan la definición de agresión externa estatal”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG dedicada a hacer seguimiento a estas áreas y que ha sido muy crítica de las políticas de este Gobierno en materia de seguridad y defensa, cuestionó el decreto. En una nota publicada tras conocerse el texto de la norma, dijeron: "estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países".

"El problema que nosotros vemos de la reforma es que le sacan (a la normativa) la definición de agresión externa estatal", le dijo Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, a France 24. De acuerdo con la ONG, en otros países de la región en que se implementaron políticas de militarización de la seguridad, estas "fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional".

El CELS ya había dicho, además, que la asignación de tareas de seguridad interna a las FF.AA. puede llevar a su desprofesionalización y desprestigio. Es algo que también temen los militares, que no quieren tener que ser quienes terminen pagando la responsabilidad de algún incidente causado por decisiones políticas.

Para justificar la decisión, en declaraciones al canal de televisión local TN, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo: "El terrorismo no tiene patria, el narcotráfico no tiene patria y tampoco la tiene el ciberataque". Pero para el CELS, son tareas que deberían estar a cargo de las fuerzas de seguridad interior, que deberían desarrollarse con ese fin.

"Ahí es donde no está explicado el paso del Gobierno", dijo Litvachky, "si efectivamente se necesita que las FF.AA. intervengan en fenómenos no estatales, ¿es porque se le va a agregar qué cosa a la intervención?". La preocupación allí, otra vez, es que se vuelva una intervención más letal. Y además, señala la analista, se trata de problemáticas, como el narcotráfico o el terrorismo, cuya real escala y características en Argentina no han sido claramente determinadas.

"Discutamos realmente el diagnóstico de narcotráfico y el de terrorismo", dijo.

En el caso de ataques extremistas, en el país no ha ocurrido nada desde 1994, cuando una bomba explotó en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. No aparecen claras desde el gobierno hipótesis de posibles nuevos ataques y, en todo caso, son escenarios que requieren más tarea de inteligencia que otra cosa. Pero para Litvachky, en el caso del terrorismo, la decisión del Gobierno tiene más que ver con una política exterior, de "hacer lo que tiene que hacer" de cara al mundo.

Protestas y rechazo opositor

Otro problema que identifican los críticos al decreto es que las reglas de intervención de las FF.AA. no están claramente determinadas (está pendiente una directiva presidencial, aún no publicada, que podría dar estas precisiones): ¿cómo deberían reaccionar los soldados si alguien intenta ingresar a una planta nuclear que están vigilando?, ¿y si son atacados por una comunidad que reclama tierras que están dentro de un proyecto de explotación de petróleo o gas? No tener todavía órdenes claras ni alternativas de equipamiento no letal, en ese contexto, es algo que preocupa al interior de las FF.AA. y en general existe la idea de que no quieren tener que ser llevados a escenarios de represión.

Otros tienen el temor de qué podría pasar con los movimientos mapuche que reclaman tierras en el sur del país. Ya han tenido enfrentamientos con fuerzas de seguridad, que terminaron con la muerte de dos activistas, uno, Santiago Maldonado, ahogado en un río helado en un confuso episodio en el que –por lo que se ha determinado hasta el momento– huía de una avanzada armada de Gendarmería y otro, Rafael Nahuel, quien recibió un disparo del arma de un agente durante un operativo de la Prefectura.

Litvachky dice que no hay ningún dato concreto que prevea el uso de las FF.AA. en el contexto de los reclamos mapuche, pero sí advierte que "hay preocupación porque eso aparece definido por el gobierno en algunos casos como un problema trasnacional", porque esa comunidad indígena está distribuida entre ambos países, y porque el gobierno también lo señala como algo que atenta contra los intereses del Estado argentino. Todavía no está del todo claro si el nuevo decreto permitiría o no la intervención militar en este caso.

Pero la implementación de los cambios ya está avanzando.

A inicios de agosto cientos de militares se desplegarán en la frontera norte del país –con fines disuasorios y de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico– y, hasta donde pudo averiguar France 24 ya están designados los objetivos estratégicos a los que las FF.AA. prestarán custodia, fundamentalmente infraestructura energética, especialmente en zonas de la Patagonia (este medio se contactó con el Ministerio de Defensa para contrastar esta y otras informaciones, pero no obtuvo respuesta).

También se espera que, en el marco del nuevo decreto, los militares participen de la seguridad de la cumbre de presidentes del G20 que tendrá lugar a fines de noviembre en Buenos Aires. Posiblemente en un cordón externo, que los deje fuera de cualquier posible confrontación con manifestantes, que sería manejada –como es habitual– por las fuerzas de seguridad. No sería la primera vez que las FF.AA. forman parte de operativos en eventos de estas características. Pero si se les llegara a pedir que esta vez actúen como barrera directa frente a protestas, sería algo que posiblemente preocuparía por igual a las propias FF.AA. y al CELS.

Como esta, hay muchas otras preguntas sin respuesta que ha dejado abiertas la decisión del Gobierno de modificar el rol de los militares. Preguntas sin respuesta y temores sin despejar. En este marco, un grupo de legisladores opositores presentó un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial, con el argumento de que modifica la Ley de Defensa Nacional y debe ser, entonces, una decisión que debe pasar por el Congreso. Este jueves 26 de julio, además, hubo una manifestación frente al Ministerio de Defensa organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales en contra del decreto presidencial.

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