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Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio condena a Maduro a 18 años de cárcel

La exfiscal venezolana Luisa Ortega inteviene en la sesión de los magistrados en el exilio. 16/08/18
La exfiscal venezolana Luisa Ortega inteviene en la sesión de los magistrados en el exilio. 16/08/18 Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Desde Bogotá, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, sentenció al mandatario por presuntos delitos de corrupción en el caso Odebrecht. El Gobierno de Caracas desestima el dictamen.

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La máxima instancia judicial de Venezuela cuenta con un paralelismo entre Caracas y Bogotá. En la primera, hay un Tribunal Supremo de Justicia, señalado de ser fiel al presidente Nicolás Maduro. Mientras que la capital colombiana es el hogar de una corte que fue nombrada por la entonces Asamblea Nacional antes de la llegada de la actual Asamblea Constituyente.

Fueron estos magistrados en el exilio, como se los conoce, los que sentenciaron a 18 años de cárcel a Maduro. Acusan al mandatario de ser partícipe de un presunto delito de corrupción por el caso Odebrecht.

Afirman que el jefe de Estado venezolano hace parte del escándalo de sobornos de la constructora brasileña, que ha golpeado a varios países de América Latina. “Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenían proyectado hacer en Venezuela”, dijo Luisa Ortega, antigua fiscal del país caribeño.

La mujer que fuera una firme defensora del chavismo, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el presidente Maduro en el extranjero. Fue ella la que declaró ante los magistrados este miércoles 15 de agosto en una sala del Congreso de Colombia. Dice Ortega que los contratos para Odebrecht “se pagaron y no concluyeron”. Explica también que el dinero de la constructora sirvió para financiar la campaña electoral del sucesor de Hugo Chávez en 2013.

Es por eso que, además de la privación de libertad, los magistrados piden una remuneración económica. “Por el delito de corrupción, se impone una sanción de 25 millones de dólares, por el crimen de fraude debe pagar a la República 35 mil millones de dólares”, afirmó Rommel Gil, magistrado en el exilio.

Aunque ausente, Nicolás Maduro cuenta con su debido defensor de oficio en este proceso. Es Andrés Felipe Lindo, para quien no tiene validez esta condena penal. “No se puede pretender que el hoy imputado sea condenado por los contratos que nunca firmó y en los cuales el deber de vigilancia de dichas obras no recaía sobre la Presidencia de la República directamente”.

Desde Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de la nueva Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, restó importancia a lo ocurrido en Bogotá. “¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío”.

Los magistrados insistieron en su petición para que la Interpol emita una circular roja contra el líder venezolano, lo que supondría una detención internacional con miras a la extradición.

Con EFE y AFP

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