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Tras 120 días de protestas, Nicaragua cierra las puertas a comisión de la OEA

Santiago Canton, secretario argentino de DD.HH., Luis Almagro, secretario general de la OEA e Irwin Cotler, abogado estadounidense de DD.HH., en una conferencia de prensa el 29 de mayo de 2018.
Santiago Canton, secretario argentino de DD.HH., Luis Almagro, secretario general de la OEA e Irwin Cotler, abogado estadounidense de DD.HH., en una conferencia de prensa el 29 de mayo de 2018. Mary F. Calvert / Reuters

El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó una resolución para prohibir la entrada al país de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA). El grupo de trabajo fue creado especialmente para atender la crisis.

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Con 70 votos a favor y 17 en contra, el pronunciamiento del poder legislativo nicaragüense calificó la iniciativa de la OEA como "injerencista" el 16 de agosto. El texto indica que la posición de los 12 miembros del grupo que viajaría a Managua no es constructiva. Por el contrario, "violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos".

La resolución respalda una posición ya definida por el Gobierno de Daniel Ortega. Un día antes, el Ejecutivo ya había anunciado públicamente que la comitiva no sería recibida en tierra nicaragüense.

En Washington, pese a la negativa de Managua, el Grupo de Trabajo especial realizó su primera sesión, con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El político uruguayo celebró esa instancia cuyo objetivo es "buscar una salida pacífica y democrática a la crisis de Nicaragua". Sin embargo, no es la única iniciativa, señaló Almagro.

La comisión para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua está integrada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

Por el momento, el Gobierno Ortega no ha planteado la revocación del mandato al resto de las instancias de la OEA desplegadas en la nación centroamericana: el Grupo Internacional de Expertos (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento Especial (Meseni). Ambos están vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y permanecen enfocados en el contexto de las protestas.

Sin embargo, los miembros del GIEI denunciaron que las autoridades no cooperan con su trabajo de "coadyuvar" a aclarar los hechos de violencia entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

En declaraciones a la prensa, el mandatario nicaragüense ha cuestionado el trabajo de esos organismos, con énfasis en sus cómputos del número de víctimas de las protestas. Según Ortega, esas organizaciones inflan las cifras de víctimas mortales a causa del conflicto interno al sumarles las personas fallecidas por otros eventos de violencia.

A más de 120 días de iniciadas las protestas contra el régimen sandinista, la CIDH reporta 317 muertos, de los cuales el Gobierno solo reconoce 197. El diálogo iniciado el 16 de mayo con la mediación de la Iglesia católica está paralizado desde mediados de junio. El Gobierno se niega a cumplir con la principal exigencia de los manifestantes: realizar elecciones anticipadas.

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