Nicaragua acusa a la CIDH de actuar con parcialidad

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Managua (AFP)

Nicaragua acusó este sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de elaborar informes con "criterios parcializados" sobre la situación que vive el país y de apoyar "las políticas injerencistas" de Estados Unidos.

"La CIDH en sus informes ha usado criterios parcializados y sesgados", dijo la cancillería nicaragüense en una nota titulada "informe evaluativo sobre la actuación parcializada y politizada" del organismo en Nicaragua.

Según Managua, "la CIDH omite deliberadamente la verdad que no conviene a los intereses de quienes desde el exterior patrocinan las acciones dirigidas a derrocar el gobierno constitucional de Nicaragua".

Considera, además, que "la actuación de la CIDH en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y otros países, promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua".

En la nota, que no está dirigida a ninguna entidad, la cancillería "exige el cese de la participación de la CIDH la campaña política y mediática, de mentiras, tergiversación, calificativos y estigmatización en contra" del gobierno de Daniel Ortega.

La CIDH, un ente autónomo de la OEA, condenó en mayo "las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias" de manifestantes ocurridas en el marco de las protestas que iniciaron el 18 de abril.

El organismo recomendó a Nicaragua a cesar la represión y detenciones arbitrarias de manifestantes, respetar el derecho a la protesta y desmantelar los grupos parapoliciales, entre otras medidas.

En un informe presentado luego ante el Consejo Permanente de la OEA, la CIDH reiteró la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde el inicio de las protestas.

Mientras que en junio, el organismo instaló en Nicaragua una comisión especial para dar seguimiento a las recomendaciones.

Según el gobierno de Managua, la CIDH ha sustentado sus informes en datos "manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos".

El presidente Ortega argumenta que las protestas contra su gobierno forman parte de un plan "golpista" financiado por Estados Unidos.

Las manifestantes por su lado acusan a Ortega de instaurar una dictadura con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y ejecutar una fuerte represión contra las protestas, que según grupos humanitarios dejan mas de 300 muertos.

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