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Colombia: los cultivos de coca de 2017 rompen récords

Un "raspachín" (recolectador de coca), recoge hojas en un campo cerca del municipio de Briceño, departamento de Antioquia, Colombia el 20 de noviembre de 2017.
Un "raspachín" (recolectador de coca), recoge hojas en un campo cerca del municipio de Briceño, departamento de Antioquia, Colombia el 20 de noviembre de 2017. Joaquím Sarmiento / AFP

La Oficina de ONU contra la Droga y el Delito confirmó la tendencia al alza de las hectáreas de cultivos ilícitos en el país. Una problemática que se confronta a las raíces del conflicto armado y a la falta de políticas de largo plazo.

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Es el sexto año consecutivo de aumento de zonas cultivadas con la hoja de coca. La oficina de la ONU contra la Droga y el Delito contabilizó 171.000 hectáreas en 2017, un aumento del 17% en comparación al año anterior.

Los focos tradicionales de cultivo se mantienen: Nariño, el departamento más afectado por este fenómeno, iguala a todo Perú en términos de superficie cultivada.

Pese a estar por debajo del estimado de las autoridades estadounidenses divulgada en junio pasado, esta cifra es histórica para Colombia.

El nuevo Gobierno en busca de su línea frente a la coca

El gabinete de Iván Duque no ha mostrado claridad aún acerca de las características de su acción en este campo. Si bien se criticaron las políticas que venían implementándose durante los últimos años, los ministros y oficiales parecen dividirse sobre los métodos.

Mientras que algunos quieren consolidar las políticas de sustitución, como el ministro de Agricultura y el Comisionado de Paz, otros, como el ministro de Defensa, promueven la fumigación con glifosato, un potente químico cuyo uso ha sido condenado por la Organización Mundial de la Salud.

“Cuando salga el informe de 2018, la hipótesis más probable es que estemos desbordando las 171.000 hectáreas”, lamentó Guillermo Botero, el responsable de la cartera de Defensa, presente durante el acto de presentación del informe.

“En este Gobierno ha cambiado la política, este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”, lanzó Botero, quien aseguró también que las fuerzas de seguridad están movilizadas para luchar en contra de este fenómeno.

Un discurso marcial que no se acompañará necesariamente de nuevas medidas en el terreno. El mismo ministro admitió que las tasas de resiembra de las plantas de coca, en el marco de la erradicación forzosa que apoya, pueden alcanzar el 50%.

La política de drogas es un tema de construcción de paz

Más del tercio de estos cultivos ilícitos se encuentran en zonas aisladas de Colombia, que no cuentan con la presencia del Estado, servicios públicos ni  infraestructuras.

Los campesinos cocaleros de estos territorios, que son solo uno de los 64 actores que referenció la ONU al monitorear la producción de las drogas, están atrapados entre la presión de las bandas criminales y la difícil implementación de las acciones gubernamentales.

El cuarto punto del acuerdo de paz que desmovilizó a las FARC tiene el propósito de impulsar iniciativas de largo plazo para sustituir a la producción de coca y estabilizar a las condiciones de las comunidades. Fue en este marco que se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que referenciaba la inscripción de 77.659 familias en junio pasado.

El ejecutivo de Duque tendrá que seguir o completar el alcance del PNIS y de los otros órganos. Menos de dos meses después de su posesión, se formularon quejas de por la falta de financiación del Gobierno anterior y denuncias de enfoques con “falta de juicio” que dieron suficientes resultados en el terreno.

“La llegada al territorio no es de corto plazo”, argumentó Emilio Archila, el consejero presidencial para el posconflicto, quien estimó a 15 años la duración de este proceso y aseveró en contra de los “costos y riesgos que (los funcionarios salientes) dejaron.”

“Es muy complicado construir paz en el territorio si hay una prevalencia fuerte de grupos armados ilegales y economías ilegales”, aseguró por su parte Bo Mathiasen, el representante de la UNODC en Colombia. Acerca de la falta de confianza de las comunidades hacia las autoridades a causa de lento avance del proceso de paz en las regiones, el funcionario llamó a la ejecución de políticas realistas. “Hay que tener un plan muy claro de la implementación que se va hacer, es decir que no se deberían prometer cosas y después no entregarlas.”

La siembra de coca va de la mano con el conflicto

El informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito resalta también que, en 2017, el 80% de la coca cultivada se encontraba en las mismas zonas en las cuales se observaron durante diez años.

Más que una falla de las diferentes políticas estatales, este dato pone en evidencia una problemática que va más allá de la planta, la coca es presente en todas las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.

Juan Carlos Garzón, investigador para la Fundación Ideas para la Paz, que documentó ampliamente el tema de los cultivos ilícitos, habló con France 24 de esta falta de enfoque integral de las políticas.

“El Estado básicamente ha podido hacer muy poco en las zonas duras de producción”, explicó, “esos territorios no solo son los mismos porque hay cultivos (ilícitos), también son los mismos en términos de condiciones sociales y económicas, y por la presencia de grupos armados ilegales”, resaltó.

Unos territorios que rara vez gozan de la presencia del Estado: “Ahí no se ha avanzado ni con sustitución ni con erradicación forzada”, agregó Garzón.

Mientras que las políticas lucen por sus falencias, los grupos criminales perfeccionan sus técnicas de procesamiento de drogas. A través de nuevas especies y métodos afinados, las matas de coca sembradas producen el 33% más de hoja frente a 2012.

En términos de insumo final, la producción potencial de cocaína alcanzó las 1.379 toneladas en 2017, un incremento de 31% en comparación al año anterior y el doble de las cifras de 2015. En el mercado local, esto representa un valor de 2.700 millones de dólares.

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