La ONU ignora pedido de Guatemala y ratifica al jefe de misión antimafias

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Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP)

La ONU ratificó el miércoles en su cargo al jefe de una comisión independiente contra la corrupción en Guatemala, el exjuez colombiano Iván Velásquez, pese a que el gobierno guatemalteco le prohibió el ingreso al país.

Velásquez es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007.

Junto con la fiscalía, la Cicig ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.

En una carta enviada al gobierno de Guatemala, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ratificó a Velásquez en su cargo, ignorando el pedido de Morales que exigía un nuevo comisionado.

"Según el acuerdo, el secretario general es quien nombra al comisionado de la CICIG", dijo la ONU en un comunicado.

"La Cicig ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes dentro de su mandato", afirmó la ONU.

"El secretario general no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al comisionado Iván Velásquez", añadió.

El 4 de septiembre, cuando Velásquez se encontraba en Estados Unidos, Morales le prohibió su ingreso a Guatemala.

La carta del gobierno de Morales fue enviada después de que el Tribunal Constitucional de Guatemala dictaminara unánimemente permitir el regreso de Velásquez a Guatemala.

El presidente guatemalteco, que antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido en campaña electoral solicitar su prórroga hasta 2021, anunció este mes que no pedirá a la ONU una nueva ampliación del mandato, que vence en 2019.

Ya en 2015 la Cicig, junto con la fiscalía general, reveló una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezada por el expresidente Otto Pérez (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes están en prisión y a la espera de enfrentar un juicio.