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Piden respuesta unificada a la crisis de refugiados venezolanos

Decenas de venezolanos recibieron atención a su llegada al terminal de Bogotá. La capital colombiana ha sido uno de los principales destinos de la migración venezolana.
Decenas de venezolanos recibieron atención a su llegada al terminal de Bogotá. La capital colombiana ha sido uno de los principales destinos de la migración venezolana. Luisa Gonzalez / Reuters

Académicos, defensores de derechos humanos y expertos en derecho internacional piden a los gobiernos latinoamericanos acción común para identificar y proteger a los refugiados venezolanos.

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La crisis humanitaria de Venezuela que ha provocado el éxodo de más de 2.3 millones de venezolanos se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad nacional para América Latina.

“Este no es un caso de inmigración, se trata de personas que huyen de Venezuela” dijo Ligia Bolivar, socióloga venezolana de la Universidad Andrés Bello, durante la conferencia: ‘Respondiendo al éxodo venezolano’, organizada por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Washington Office on Latin America, (WOLA), y el Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.

La catedrática dijo que los venezolanos que caminan durante días y cruzan fronteras, son refugiados que salieron a la fuerza de su país y en la mayoría de los casos llegan a otros países sin ningún documento de identidad. Un derecho que las propias autoridades venezolanas les han negado.

Según el último informe sobre la crisis de refugiados Venezolanos en Colombia y Brasil elaborado por WOLA, los venezolanos que llegan a estos países presentan serios problemas de salud. Los niños y las mujeres en gestación son los más vulnerables.

Los datos de Migración Colombia incluidos en el informe, indican que los departamentos con mayor número de venezolanos son Norte de Santander (18.6%) y La Guajira (16.9%). Según Gimena Sánchez Garzoli, directora para los países andinos de WOLA, esto los hace vulnerables a la violencia y al reclutamiento de grupos armados ilegales, en particular, del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el caso de Brasil, el informe resalta que existe una ley migratoria de marzo de 2017 para obtener residencia temporal de dos años en el país, con una tarjeta de identificación nacional, en lugar de un pasaporte. Pero preocupa “la dependencia” de fuerzas armadas en cada uno de los albergues dónde se distribuye la ayuda internacional. El 59% de los venezolanos está en Amazonas y el 22% en Roraraima. El resto se encuentra entre Sao Paulo, Rondonia, Rio Grande do Sul y el Distrito Federal.

 

El derecho internacional y la respuesta a la crisis venezolana

De acuerdo a la Declaración de Cartagena de 1984, el derecho internacional garantiza la protección de los refugiados. Francisco Quintana, director del programa para la región Andina y el Caribe  de CEJIL, resaltó la importancia en la aplicación de la Declaración de Cartagena para el caso del éxodo venezolano.

“Esta declaración amplia el concepto de refugiados que venía de la Convención Internacional de los Refugiados de 1951 y que limitaba esa condición para aquellos que sufren un temor fundado de persecución política o económica, que es mas difícil de probar”, explicó Quintana a France 24.

La Declaración de Cartagena establece cinco categorías para el caso de los refugiados, entre ellas: las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la alteración del orden público.

Quintana agregó que la Declaración de Cartagena, establece un procedimiento para determinar la condición de refugiado de manera conjunta, lo que permitiría una respuesta inmediata para dar protección a los venezolanos.

Por su parte Geoff Ramsey, director asistente para Venezuela de WOLA, lamento que no exista la posibilidad de un “TPS” o estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos y aseguró que el responsable de la crisis humanitaria de los venezolanos es Maduro y no las sanciones estadounidenses contra su gobierno. Ramsey criticó al gobierno de Estados Unidos por reducir a 30,000, el número de refugiados en general que se podrán admitir a partir del 1 de Octubre, bajo la nueva política del Presidente Trump.
 

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