Canadá quiere relanzar un controvertido proyecto de oleoducto

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Ottawa (AFP)

El gobierno de Canadá ordenó el viernes al organismo que regula el sector energético rever la evaluación ambiental de un polémico proyecto de ampliación de un oleoducto, con el fin de relanzarlo luego de un fallo judicial adverso.

A fines de agosto, la justicia había anulado el permiso emitido por la Oficina Nacional de Energía (ONE) para ampliar el oleoducto Trans Mountain, estimando que este organismo independiente no había tomado en cuenta el impacto del proyecto sobre una población amenazada de orcas.

La ONE había omitido, al otorgar su visto bueno a este plan, el alza del tráfico de petroleros en la costa del Pacífico para exportar los hidrocarburos transportados hacia el puerto de Vancouver por el oleoducto.

El Trans Mountain, que une los campos petroleros de Alberta con el litoral a través de las montañas Rocosas a lo largo de unos 1.200 km, está actualmente saturado y el proyecto prevé triplicar su capacidad a 890.000 barriles de crudo por día.

El gobierno liberal de Justin Trudeau pidió a la ONE "rever sus recomendaciones tomando en cuenta los efectos del transporte marítimo vinculado al proyecto" y le otorgó un plazo de 22 semanas para realizar este "análisis en profundidad".

El gobierno presentará al organismo las "medidas recientes" tomadas para proteger a la población de orcas del sur, declaró la ministra de Recursos Naturales, Amarjeet Sohi.

Este anuncio "representa un gran paso adelante en nuestro plan de acción para resolver las cuestiones planteadas por la Corte Federal de Apelaciones y al mismo tiempo continuar asegurando el nivel de protección del medio marino al que aspiran los canadienses", señaló.

En su resolución de fines de agosto, la Corte había destacado igualmente que las comunidades autóctonas afectadas por el proyecto no habían sido suficientemente consultadas sobre el impacto potencial de la obra.

Habrá próximamente nuevas consultas con las poblaciones amerindias, dijo Sohi.

El gobierno federal, que autorizó este proyecto a fines de 2016, examina también la posibilidad de apelar el fallo del tribunal.

El gobierno nacionalizó en el verano boreal la parte ya construida del oleoducto, al adquirirlo al grupo estadounidense Kinder Morgan en unos 3.500 millones de dólares.