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Arte+France 24

La hidroeléctrica que le quita energía a la amazonia brasileña

La tribu brasileña de los mundurukus ve su modo de vida peligrar por culpa de la construcción de un embalse.
La tribu brasileña de los mundurukus ve su modo de vida peligrar por culpa de la construcción de un embalse. ARTE

Belo Monte, uno de los megaproyectos más controversiales en Brasil y la que se proyecta como la tercer represa más grande del mundo, espera una decisión de la CIDH que podría retrasar sus planes.

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A menudo, cuando los indígenas brasileños Juruna se refieren a sí mismos, hablan en pasado.

“Antes teníamos canoas de madera”.
“Ellos tienen carreteras, yo usaba el agua”.
“Antes el río subía y bajaba, ahora parece una laguna”.
“Antes solo preparábamos la farinha para el consumo, para nosotros”.
“Antes vivíamos aislados”.
“Antes la gente tenía toda y total seguridad de permanecer aquí, que siempre sería tierra de los Juruna”.

La última línea es de Bel Juruna, una de las lideresas de esta comunidad indígena y está recogida en el sitio web de la Associação Yudja Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX). La asociación nació en abril de 2013 como una forma de organizar a las poblaciones indígenas de la ribera del río Xingú, en la amazonia brasileña, ante la inminencia de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

El proyecto hace parte de un viejo sueño de los gobiernos y grandes empresarios brasileños. Se habló por primera vez de su construcción durante la dictadura de ese país en la década de los 70, hicieron un segundo intento durante los 90 y finalmente el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inició su construcción en 2010.
Lo que ha venido después es el resultado de la inversión de alrededor de 19 billones de dólares para construir la que se proyecta como la tercer represa más grande del mundo.

Belo Monte ha afectado a cerca de 20.000 personas

Según el portal dams-info.org, desarrollado en conjunto por la Fundación Proteger, International Rivers y ECOA para brindar información sobre represas hidroeléctricas en la selva amazónica, Belo Monte ha inundado 668 km2 del estado de Pará, ha afectado al menos a 20.000 personas y ha impactado 210 sitios arqueológicos de la región.

Y es que cuando se construye una represa, explica Simón Uribe, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario en Colombia y doctor en Geografía, se desata un efecto en cadena que afecta a la población que depende del río.

“Las represas tienen impactos directos muy fuertes que tienen que ver, en primer lugar, con el desplazamiento de la población. Y también tienen otros impactos muy complejos cuando son construidas sobre cuencas altas de los ríos. Ahí se interrumpe el proceso de sedimentación, que es todo el arrastre de material orgánico, es decir, la base de todo un ecosistema ribereño de pesca. Entonces, cuando se hace una represa, el impacto económico no es solamente para el lugar donde se construye, sino también para aguas abajo”.

Una realidad que conocen de cerca los pueblos Yudjá, Arara, Asurini do Xingu, Araweté, Parakanã, Kararaô, Kayapós y Munduruku, además de los pobladores de Altamira, en la cuenca alta del río. Los pueblos pesqueros de la región ahora buscan otras fuentes de subsistencia y las poblaciones afectadas por la inundación han tenido que relocalizarse.

La crisis se vio venir y desde las primeras etapas de la construcción se movilizaron organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010 y la Comisión dictó medidas cautelares al año siguiente para proteger los derechos de las comunidades.

Tchenna Maso: "para las poblaciones Belo Monte solo ha traído problemas"

Ante la falta de respuesta de la justicia brasileña, en 2011 las organizaciones AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global presentaron una denuncia formal en contra del Estado de Brasil en representación de las comunidades afectadas.

Además, en 2014, la ONG colombiana Dejusticia, con el apoyo de AYMÏX, ISA (www.socioambiental.org), el Conselho Indigenista Missionário y AIDA, presentaron un amicus curiae a la justicia brasileña para denunciar la ilegalidad del permiso concedido por el Congreso para construir la represa. Argumentaron que Norte Energía, la empresa encargada del proyecto, no había escuchado a las comunidades que se verían afectadas, y por lo tanto les negaron su derecho a la consulta previa. No obstante, el proyecto avanzó, y con él, la capacidad de organización de los afectados.

Ahora los representantes de las comunidades están a la espera de una respuesta por parte de la CIDH en la que podrían emitir recomendaciones para que el Estado brasileño repare a las personas afectadas. Aunque es incierto el efecto que esta decisión pueda tener ahora que la hidroeléctrica funciona parcialmente y todo el ecosistema se ha visto alterado.

"No sé si una decisión de fondo retrase el proyecto, pero todo este proceso sí es una enseñanza colectiva para los pueblos que buscan defender sus derechos en la amazonia", apunta Carlos Baquero, uno de los abogados que trabajó en el Amicus que pedía que se declarara la ilegalidad del proyecto.

Además de AYMÏX, Baquero resalta la creación de organizaciones como el Movimiento de Afectados de Belo Monte (MAB), que han desarrollado estrategias para resistir y buscar un giro en la tendencia desarrollista de esta región. Una tarea difícil si se tiene en cuenta que según el portal dams-info.org, hay al menos 258 proyectos de represas en la selva amazónica brasileña, de las cuales 91 están en etapa de planificación y la mayoría se encuentran en el estado de Pará.

"Belo Monte ha intentado promocionar el discurso del desarrollo, pero para las poblaciones Belo Monte solo ha traído problemas", cuenta Tchenna Maso militante del MAB. "Dijeron que iban a traer trabajo y para la construcción llegaron 10 mil trabajadores de otros lugares que han afectado a la región de muchas formas. La violencia contra las mujeres se disparó a partir de eso, por ejemplo", añade la activista que conoce de cerca la situación de los pobladores.

Luego de la presión de la CIDH, la empresa Norte Energía se vió obligada a hacer las consultas previas que no había hecho antes de iniciar las obras. Pero ahora todo se hace más difícil. "Los pueblos indígenas se apropiaron muy bien de ese derecho y construyeron sus propios protocolos. Según ellos, para que pueda haber consulta previa se tiene que hacer de buena fe, debe ser anterior al inicio de la intervención y debe ser informada", explica Maso.

En el contexto actual, en contravía de los protocolos indígenas, el nuevo proceso de consulta previa ha sido accidentado. "Pretenden negociar en bloque las condiciones de comunidades muy distintas", explica Maso, y añade que es urgente replantear un plan de desarrollo de la región, de la mano con las comunidades, para reconstruir sus vidas.

El pasado 20 de septiembre, AIDA dirigió un informe a la CIDH en el que recoge el impacto socioambiental de la hidroeléctrica, que entró en funcionamiento parcial en 2015. Denuncian que el plan de mitigación aprobado por el gobierno, que debería garantizar un caudal del río apto para la pesca y la navegación, es insuficiente.

"El informe enviado a la Comisión contiene evidencia científica y social que da cuenta que esos niveles de agua [los que propone Monte Energía como plan de mitigación] son significativamente menores a los caudales históricos del río y que no garantizan que los peces y los bosques aluviales puedan sobrevivir a la reducción propuesta en el corto y mediano plazo", expresó la organización en un comunicado.

Con este informe, AIDA busca lograr una decisión de fondo de la CIDH que proteja a las comunidades, determine si hubo violaciones a los derechos humanos y emita recomendaciones para el Estado brasileño. Esta es una de las últimas oportunidades que tienen los pobladores, antes de que prendan todas las turbinas de la hidroeléctrica en 2019.

*Este artículo fue actualizado el 19 de diciembre de 2018 para incluir precisiones sobre el proceso en la CIDH.

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