China legitima los centros de “reeducación” para los uigures y otros musulmanes

China incluyó tres nuevas cláusulas en su legislación que permiten el uso de centros "para educar y transformar” a personas supuestamente influenciadas por ideales de extremismo religioso en la provincia de Xinjiang, situada al noroeste de China, donde hay una mayoría de población musulmana, conformada principalmente, por la comunidad uigur.

La medida, que entró en vigor el 9 de octubre, ha desatado protestas internacionales debido a las recurrentes denuncias de detenciones masivas y arbitrarias a personas de esa comunidad.

La Comisión Ejecutiva sobre China del Congreso de Estados Unidos publicó el miércoles 10 de octubre un informe en el que expresaba su preocupación por el "internamiento masivo y arbitrario de hasta un millón o más" de uigures y otras minorías étnicas musulmanas en estos campos. La Organización de las Naciones Unidas también se sumó a la denuncia, a la vez que ratificó su conocimiento de una cifra similar de detenciones.

¿Quiénes son los uigures?

Los uigures son una etnia musulmana y una de las minorías nacionales de China. Suponen el 9% de la población, respecto a la etnia mayoritaria, los han. De religión musulmana y con una lengua de origen túrquico y un alfabeto árabe, habitan en la región de Xinjiang, donde también viven otras minorías musulmanas.

Tras la victoria del Partido Comunista Chino en la guerra civil de 1949, el Ejército Popular de Liberación se hizo con el control de la autoproclamada República del Turkestán Oriental, que gobernaba desde 1933 a la comunidad uigur. Durante la Gran Revolución Cultural (1966-1976), los uigures sufrieron una fuerte represión por parte de las autoridades chinas, especialmente en lo que respecta a su religión y sus costumbres.

Actualmente los uigures ni siquiera superan la mitad de la población de Xinjiang. El hecho de que los puestos de trabajo con mayor responsabilidad sean adjudicados principalmente a los hanes, ha generado un gran descontento entre las dos comunidades.

En los últimos años cientos de personas han muerto en la provincia de Xinjiang por disturbios entre miembros de la etnia china mayoritaria, y minorías islámicas como los uigures, a quienes China responsabiliza de la escalada de violencia.

China argumenta una lucha contra el terrorismo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China reconoció la legalización de estos centros, donde acepta aplicar "medidas" -sin especificar cuáles- para combatir el extremismo religioso. Sin embargo, rechaza haber realizado detenciones arbitrarias prácticas de reeducación política.

"Hemos escuchado los comentarios de algunas entidades acerca de esto, pero son solo rumores y acusaciones infundadas que rechazamos", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, durante una rueda de prensa el jueves 11 de octubre.

Según Lu, las medidas tomadas en Xinjiang tienen el objetivo de luchar contra el terrorismo y buscan "garantizar la estabilidad social y la seguridad" de la región, y tienen "todo el apoyo" de la gente de la provincia.

¿En qué consisten las medidas?

No es la primera vez que China modifica su legislación en detrimento de las minorías musulmanas. En 2017, una enmienda legal estableció que la utilización del velo islámico, llevar una barba determinada “anormal” o negarse a mirar los medios de comunicación estatales eran signos de radicalización.

Sin embargo, sí es la primera ocasión que el país introduce una normativa respecto a los llamados centros de “reeducación”. Las cláusulas incorporadas el pasado martes determinan que "los gobiernos (...) pueden establecer organizaciones de educación y transformación y supervisar centros de formación profesional para educar y transformar a las personas que han sido influenciadas por el extremismo".

Pero más allá de una campaña de educación, personas que estuvieron dentro de los campamentos denunciaron haber sufrido torturas físicas y psicológicas por parte de las autoridades. Además, familias enteras han desaparecido por denunciar la discriminación sufrida por parte de las autoridades.

Los kazajos, otras víctimas de la represión China

Los uigures no son los únicos que padecen esa situación. Ciudadanos procedentes de Kazajistán y pertenecientes a minorías musulmanas residentes en Xinjiang también han sufrido las consecuencias de las políticas represivas en China.

Akikat Kaliolla, un músico kazajo de 34 años que vivió en China pero ahora reside en su país natal, denuncia que hace un año perdió contacto con sus padres y sus dos hermanos menores, quienes cree que fueron detenidos y forzados a ingresar en uno de los centros después de que su padre denunciara diversas injusticias cometidas por la policía en la región.

"Mi padre era un asesor legal, y cuando el Gobierno comenzó a presionar cada vez más a los kazajos, escribió un llamamiento a las autoridades centrales de Beijing. (...) lo que le hacen a las personas allí, especialmente a mis padres, es ilegal. No son ganado, son personas con derechos y mis padres son ancianos con problemas de salud", lamenta Kaliolla.

En septiembre la organización Human Rights Watch publicó un informe en el que denunciaba que las prácticas de represión en Xinjiang habían alcanzado "una magnitud y alcance que no se habían visto en China desde la Revolución Cultural de 1966-1967".

Cualquiera que se aferre a creencias religiosas podrá ser expulsado del Partido Comunista

Los ataques a la minoría musulmana no cesan y parece ser que el oficialismo busca legitimar la discriminación en diversos frentes. Un día antes a la aprobación de las medidas sobre los campos de “reeducación”, Xinjiang lanzó una campaña contra el consumo de productos halal, base de la alimentación de los creyentes islámicos, argumentando formas para evitar que esta doctrina penetre la cotidianidad y alimente el "extremismo".

Por otro lado, líderes del Partido Comunista en Urumqi, capital de Xinjiang, también dijeron que exigirán a los funcionarios del Gobierno y a los miembros del partido creer firmemente en el marxismo-leninismo y no en la religión. En agosto pasado, el partido determinó que cualquiera que se aferrara a creencias religiosas podría ser expulsado de la formación.

Además, según el partido oficialista, los funcionarios deberán hablar chino mandarín en público, a pesar de que los uigures cuentan con su propio idioma y son uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente en el país.

Teóricamente, los ciudadanos chinos son libres de practicar cualquier religión, sin embargo, las minorías etnicas han estado sujetas a un cada vez más alto nivel de vigilancia, a medida que el Gobierno intenta tener más control estatal sobre las distintas comunidades religiosas.

Con Reuters, EFE y AFP