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EE. UU. separó a 6.000 familias en cuatro meses, según Amnistía Internacional

Imagen de archivo sobre niños migrantes que se encuentran en una zona de tiendas de campaña por la política de "tolerancia cero" ejercida por la Administración Trump, cerca de la frontera con México, en Tornillo, Texas, el 19 de junio de 2018.
Imagen de archivo sobre niños migrantes que se encuentran en una zona de tiendas de campaña por la política de "tolerancia cero" ejercida por la Administración Trump, cerca de la frontera con México, en Tornillo, Texas, el 19 de junio de 2018. Reuters

Bajo su política de “tolerancia cero” ante la migración ilegal, la Administración Trump separó a 6.000 unidades familiares que trataban de acceder al país desde la frontera con México. Lo que supone más del doble de la cifra dada por EE. UU.

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8.000 y no 2.000 serían las familias separadas por Estados Unidos mientras intentaban entrar al país a través de la frontera con México.

Esta es la denuncia que ha hecho este 11 de octubre Amnistía Internacional (AI) en su informe “Tú no tienes ningún derecho aquí”, presentado en Washington D. C., y que pone en evidencia al Gobierno de Donald Trump y a su política de “tolerancia cero” ante la migración ilegal.

Denuncia de Amnistía Internacional sobre separación de 6.000 familias durante abril y agosto

Según la organización, entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, es decir en un periodo de cuatro meses, 6.000 unidades familiares (familias enteras y miembros individuales) fueron separados forzosamente, de acuerdo a datos revelados por la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en sus siglas en inglés).

Lo que es más del doble de lo que las autoridades habían admitido y que Amnistía cifra hoy en un total de 8.000 unidades familiares separadas desde 2017, sin contar los casos de abuelas y abuelos u otros tutores legales que la CBP clasifica como “fraudulentos”.

Un “castigo” deliberado a la migración

“La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, afirma la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

‘Deliberada’ fue la palabra que usó también el autor principal del informe, Brian Griffey, para alegar que este tipo de medidas son acciones que violan de forma intencionada la legislación nacional e incluso “castigan deliberadamente” a los migrantes, pese a ajustarse a los “criterios” de “tortura” reconocidos en el derecho internacional.

“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares”, sentencia Guevara, que exhorta al Congreso de EE. UU. a “aprobar una ley que prohíba la separación y detención indefinida de menores de edad y familias”.

Uno de los ejemplos que ofrece la organización es el de Valquiria. Madre brasileña de 39 años, solicitante de asilo, a la que la CBP separó de su hijo de 7 años bajo la excusa de que “tú no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tienes ningún derecho a quedarte con tu hijo’”.

“Las autoridades de EE. UU. están para negar, minimizar, desacreditar y deportar” a los migrantes, según opina el abogado defensor de Valquiria, Eduardo Beckett.

La llamada "zero tolerance" de Donald Trump

La nueva política de Washington, llamada "tolerancia cero", ha afectado a familias de varios países de América Latina, al separar a los padres o tutores de los hijos menores de edad, y arrebatarles la custodia.

Un problema del que la Administración se ha defendido diciendo que esto no habría ocurrido si los migrantes hubieran respetado los procesos de solicitud de asilo.

Sin embargo, la gravedad de la "tolerancia cero" es que se centra más en la seguridad que en la crisis humanitara en sí, por lo que las personas indocumentadas son consideradas como autores de delito al ingresar al país estadounidense.

Con EFE y Amnistía Internacional

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