Aprobación de Vizcarra sube a 61% en octubre, según encuesta

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Lima (AFP)

La aprobación del presidente peruano, Martín Vizcarra, subió 16 puntos y se situó en 61% en octubre, impulsada por la lucha contra la corrupción, según una encuesta de Ipsos divulgada el domingo.

El salto del 45% en septiembre a 61% en octubre tiene también como eje central la convocatoria a un referéndum para el 9 de diciembre para reformas políticas y del sistema judicial, señala el sondeo difundido por el diario El Comercio.

La encuesta, realizada a 1.253 personas a nivel nacional entre el 10 y el 12 de octubre y con un margen de error de 2,7%, arroja que el 28% de los entrevistados desaprueba la gestión del presidente y un 11% prefiere no opinar.

Entre quienes aprueban la gestión del mandatario, un 40% alega que "está trabajando para combatir la corrupción" y un 33% sostiene que tiene "buenos planes".

Entre los que desaprueban, un 43% señala que en el gobierno hay corrupción y un 29% cree que el mandatario no se ocupa en mejorar la seguridad ciudadana.

Vizcarra, que acaba de cumplir seis meses en el poder, anunció durante su mensaje por el Día de la Independencia de Perú el 28 de julio, una lucha frontal contra la corrupción y un referéndum para la reforma política y del sistema judicial.

El presidente convocó la consulta para ratificar las cuatro reformas constitucionales que promueve, pero luego llamó a la población a rechazar una de ellas por considerar que el proyecto original fue "desnaturalizado" en el parlamento.

"A la cuarta consulta sobre (restituir) la bicameralidad (del parlamento) decimos 'no' tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque ha desnaturalizado el proyecto que nosotros enviamos", dijo el mandatario el martes pasado, al promulgar el decreto de convocatoria al referéndum, en un nuevo enfrentamiento contra esta institución.

Vizcarra, que era vicepresidente de Perú, asumió el 23 de marzo la presidencia, dos días después de que renunciara Pedro Pablo Kuczynski, sobre quien pesaba un pedido de destitución del Congreso "por incapacidad moral" debido a presuntas irregularidades en los lazos de sus empresas con la brasileña Odebrecht.