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'Sembrando terror', la letal estrategia para reprimir las protestas en Nicaragua

Managua, 23 de septiembre: la policía antimotines carga contra los manifestantes que reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Managua, 23 de septiembre: la policía antimotines carga contra los manifestantes que reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega. Oswaldo Rivas / Reuters

“Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua” es el nuevo informe de Amnistía Internacional que muestra cómo el gobierno de Nicaragua mantiene e intensifica su estrategia de aplastar las manifestaciones.

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El documento se basa en visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas por el equipo de Amnistía Internacional entre julio y septiembre. Son 115 entrevistas y 25 casos documentados de violaciones de derechos humanos que indican que ha habido un recrudecimiento de la fuerza letal por parte de las autoridades nicaragüenses.

“A diferencia de hace seis meses, cuando empezó la represión, desde julio vemos que la fuerza letal se ha extendido ocasionando ya la muerte de 322 personas, 22 agentes también perdieron la vida, y unos 2.000 heridos durante las protestas antigubernamentales”, dijo a Radio Francia Internacional el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

La investigación del organismo internacional de defensa de Derechos Humanos también comprueba que se ha generalizado el hostigamiento a las personas identificadas como disidentes o que participan en dichas protestas. “Unas 1900 personas han sido detenidas, 400 continúan privadas de la libertad sin acusación formal hasta el momento”, indica Beltrán.

Además de las detenciones arbitrarias y la ausencia del debido proceso, el informe de Amnistía Internacional destaca 12 casos de tortura, incluido el de una joven que habría sido torturada sexualmente en un centro detención. La mayoría de las víctimas presentaban lesiones físicas durante al entrevistan un mes después de haber sido detenidas.

La otra modalidad que empeora la represión en Nicaragua es, según indicó a RFI el directivo de la organización humanitaria, son las ejecuciones extrajudiciales: “Hemos documentado seis casos, entre ellos el de una adolecente de 16 años, Leyting Chavarría, quien recibió un disparo en el pecho cuando la policía y grupos parapoliciales atacaron un barricada en Jinotega”.

La organización internacional de derechos humanos documentó igualmente casos de policías y grupos parapoliciales con armas de guerra, como “fusiles tipo AK, fusiles de francotirador dragunov, remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles RPG-7”.

Amnistía Internacional denuncia la ausencia de investigaciones o apertura de procesos para quienes han cometido este tipo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. “Los únicos casos que se han llevado a los tribunales y que ha habido condenas, de forma extraordinariamente rápida en Nicaragua, son los de personas calificadas por el gobierno como terroristas. Han habido 48 sentencias contra manifestantes y condenas d hasta cien años de prisión”.

Los seis meses de violenta crisis también han provocado el desplazamiento interno y la migración de miles de personas, señala el informe de Amnistía Internacional. “Estamos hablando de unas 23 mil personas que huye de Nicaragua” precisa el director de Amnistía en España.

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