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Sigue el juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres con una valoración de pruebas

El abogado Víctor Fernández y Berta Zúñiga Cáceres participaron en una rueda de prensa el 24 de octubre de 2018, en Tegucigalpa (Honduras). El juicio a ocho acusados del asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres es "una farsa" porque el tribunal de sentencia está recusado, por lo que sus actuaciones "son ilegales" y "deben ser anuladas", afirmaron sus familiares y defensas.
El abogado Víctor Fernández y Berta Zúñiga Cáceres participaron en una rueda de prensa el 24 de octubre de 2018, en Tegucigalpa (Honduras). El juicio a ocho acusados del asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres es "una farsa" porque el tribunal de sentencia está recusado, por lo que sus actuaciones "son ilegales" y "deben ser anuladas", afirmaron sus familiares y defensas. Gustavo Amador / EFE

Ocho personas están acusadas de la muerte de la ambientalista hondureña hace más de dos años. Pero varias ONG y la misión que sigue el juicio denuncian "las irregularidades" del caso y presionan a Honduras para que garantice justicia.

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El juicio por la muerte de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres reanudó este 26 de octubre con una “evacuación de medios de prueba”. Una especie de valoración de la certeza de los hechos y las pruebas que los sustentan, por parte del Ministerio Público del país.

En este proceso hay ocho personas acusadas de haber asesinado a la ambientalista en marzo de 2016, momento en el que se estaba enfrentando a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en defensa del río Gualcarque y contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

“El juicio es un poco complejo porque hay ocho abogados defensores. ¿Qué se está haciendo en la fase de evidencia? Algunos abogados defensores y el Ministerio Público están expresando si hay alguna evidencia que quieran agregar u otra que quieran rechazar, o si hay nuevos testigos”, explicó Yuri Mora, portavoz del Poder Judicial.

El mismo Ministerio Público señala como a autores materiales a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, Óscar Arnaldo Tareas y Elvin Heriberto Rápalo, siendo supuestamente Rápalo el que habría disparado “en tres ocasiones” contra Cáceres.

Mientras que la portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa añadió que Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa DESA; Mariano Díaz, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo, un exmilitar; y Henry Javier Hernández serían los “coautores” del crimen, al haber “preparado la logística” en la vivienda de la ambientalista y haber trasladado después a los que la mataron.

Copinh: “El juicio busca ocultar a quienes ordenaron el asesinato”

Berta Cáceres fue hasta el día de su muerte una de las principales defensoras de los Derechos Humanos en Latinoamérica. Preocupada sobre todo por la comunidad indígena lenca, rechazó desde el principio el proyecto de DESA por los daños medioambientales que habría causado a la población.

Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres fue una de sus fundadoras, “las pruebas demuestran la participación” de los acusados. Sin embargo, y a razón de la lentitud del proceso judicial, temen que “el juicio contra (los responsables) busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato”.

Algo que denuncia la misión de expertos en Derechos Humanos (compuesta por al menos 17 organizaciones de varios países) que sigue el caso de Berta, a la espera de que “las irregularidades” que han aparecido en el juicio “sean legalmente resueltas”.

"De manera que se logren juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación", reclamó la misión en la continuación del proceso.

El Ministerio Público es el representante de la víctima

Aunque la audiencia empezó el pasado 20 de octubre, esta debía iniciarse el 19. Solo que los abogados de Berta Cáceres presentaron ese día una nueva recusación contra el tribunal (“por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y violación de derechos de las víctimas de un delito”), que los dejó fuera del proceso penal al no acudir al juicio.

Así fue como un tribunal de sentencia determinó que la familia y la defensa habían abandonado el juicio, y dejó como único representante de la víctima al Ministerio Público, es decir, el Estado.

A ojos de la Abogacía Española, esta decisión “se suma a una serie de decisiones en el proceso, y se configura como un obstáculo más al acceso de las víctimas a la justicia y pone en peligro los principios de un juicio justo e imparcial”.

Y es que lo que la misión de expertos exige a Honduras es garantizar justicia y una reparación real a la familia de la víctima: "En razón de que, entre otras acciones, el tribunal rechazó al Copinh como víctima, limitó la publicidad del proceso, rechazó prueba clave y por irregularidades en las normas procesales del proceso".

En dicho proceso también se incluye una tentativa de asesinato al ambientalista mexicano Gustavo Castro. La última persona que vio con vida a Berta Cáceres, al ser su huésped ese 3 de marzo de 2016 en el que murió.

Con EFE y medios nacionales

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