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España: Fiscalía pidió entre 16 y 25 años de cárcel para líderes independentistas catalanes

Imagen de archivo. Los miembros destituidos del gabinete catalán caminan hacia el Tribunal Supremo para declarar sobre cargos de rebelión, sedición y mal uso de fondos públicos durante el proceso de independencia catalana. Madrid, España, 2 de noviembre de 2017.
Imagen de archivo. Los miembros destituidos del gabinete catalán caminan hacia el Tribunal Supremo para declarar sobre cargos de rebelión, sedición y mal uso de fondos públicos durante el proceso de independencia catalana. Madrid, España, 2 de noviembre de 2017. Susana Vera / Reuters

La Fiscalía acusó a los líderes independentistas por rebelión y pidió 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, 17 para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carme Forcadell, a quienes considera máximos responsables del intento independentista de Cataluña.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo de España pidió este viernes 2 de noviembre 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y 17 para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell así como para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de la organización Omnium Cultural, dos organizaciones muy activas en el proceso independentista. La Fiscalía los considera como los máximos responsables de un delito de rebelión.

Tras el proceso independentista catalán, que concluyó el año pasado con la disolución del gobierno regional y la huída del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Forcadell, Sánchez y Cuixart se encuentran en prisión preventiva, al igual que Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turrull, Josep Rull y Dolors Bassa, cinco exconsejeros de la Generalitat para quienes la Fiscalía pidió, a su vez, 16 años de prisión. Junqueras y los cinco exconsejeros están acusados tanto de rebelión como de malversación de fondos públicos.

El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, condenó las solicitudes: “Las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado son indecentes. Son sed de venganza y no sentido de justicia. Votar no es ningún delito y no pararemos hasta que no estén libres y en casa”.

Además de la causa que lleva el Tribunal Supremo, otros implicados en el proceso independentista están procesados en la Audiencia Nacional española, una instancia inferior. Entre ellos el antiguo jefe de la policía autonómica de Cataluña, Josep Lluís Trapero, al que la Fiscalía de este organismo acusó también este viernes 2 de noviembre de rebelión y pidió 11 años de cárcel.

Las penas se podrían rebajar dependiendo de si se consideran los cargos por rebelión o sedición

La legislación española castiga la rebelión con una pena que puede variar entre los 15 y los 30 años de cárcel, mientras que la sedición, que determina que no se produjo un alzamiento violento, conlleva penas de entre 10 y 15 años.

Que la Justicia considere que se produjo uno u otro delito, depende de cómo se interprete el nivel de violencia a lo largo del proceso secesionista en el que el gobierno regional, encabezado entonces por Puigdemont, realizó una Declaración Unilateral de Independencia que fue apoyada por una ajustada mayoría en el Parlamento catalán en octubre del año pasado.

Además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia y que actúa en nombre del Gobierno, también acusa a los independentistas por cargos de sedición y malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado reduciría la pena de Junqueras a 12 años

La acusación de la Abogacía del Estado reduce considerablemente las penas que pide la Fiscalía por considerar únicamente delitos por sedición y malversación, por los que pide, en el caso de Junqueras, una pena de 12 años y para los exconsejeros de la Generalitat 11 años y medio.

En el caso de Forcadell, el ente judicial pide 10 años de prisión y otros de inhabilitación por sedición. Además, solicita que todos ellos sean inhabilitados por el mismo tiempo que sean condenados a prisión. Para Sánchez y Cuixart, pide ocho años de cárcel por considerar que son autores de un delito de sedición.

Los nueve políticos catalanes fueron encarcelados por su papel en el proceso independentista sin derecho a fianza y permanecen bajo custodia en espera de su juicio ante el Tribunal Supremo.

La acusación de la Abogacía del Estado por cargos de sedición menor coincide con los esfuerzos del presidente Pedro Sánchez por reducir las tensiones entre Madrid y Barcelona, que vivieron un clima de máxima tensión cuando a finales de 2017, el Gobierno español, encabezado entonces por Mariano Rajoy, disolvió la Generalitat de Cataluña y cesó a Carles Puigdemont como presidente del ente regional.

Cientos de personas encienden sus teléfonos en una protesta convocada por la Asamblea Nacional Catalana y por Omnium Cultural para conmemorar un año del encarcelamiento de sus líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Plaza Cataluña, Barcelona, el 16 de octubre de 2018.
Cientos de personas encienden sus teléfonos en una protesta convocada por la Asamblea Nacional Catalana y por Omnium Cultural para conmemorar un año del encarcelamiento de sus líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Plaza Cataluña, Barcelona, el 16 de octubre de 2018. Albert Gea / Reuters

El proceso independentista y las consecuencias que ha tenido para los líderes catalanes han creado un fuerte fractura en la sociedad catalana, entre aquellos que apoyan la creación de un país independiente y aquellos que abogan por continuar perteneciendo al Estado español.

Desde que los líderes independentistas ingresaron a prisión, miles de personas han asistido a las múltiples manifestaciones que han tenido lugar en Cataluña para exigir la liberación de los presos y para denunciar lo que consideran un encarcelamiento por motivos políticos.

Con EFE, AFP y Reuters

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