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Colombia: oposición pide renuncia del fiscal general por escándalo de Odebrecht

El logotipo corporativo de Odebrecht se ve en una de sus oficinas en Ciudad de México, México, el 4 de mayo de 2017. Fotografía tomada el 4 de mayo de 2017.
El logotipo corporativo de Odebrecht se ve en una de sus oficinas en Ciudad de México, México, el 4 de mayo de 2017. Fotografía tomada el 4 de mayo de 2017. Twitter / Fiscalía Colombia

Fuerzas de la oposición en el Congreso colombiano piden la dimisión del principal investigador de la red de corrupción de la constructora brasileña. El fiscal se defendió.

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La trama de Odebrecht que tiene contra las cuerdas a varios políticos y poderosos en Latinoamérica vive un nuevo round en Colombia. El principal investigador, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, fue citado por la oposición en el Congreso colombiano por la presunta complicidad en el encubrimiento de los sobornos de la constructora brasileña. Pero el abogado se defendió y acusó a la oposición de conspiración.

Además, Martínez dijo que la entidad que representa investiga en este momento por lo menos 100 contratos “corruptos” de obras públicas que involucran a la constructora Odebrecht. El fiscal aseguró que no ha violado la ley y dijo que la oposición “quiere expropiar mi idoneidad moral”.

Las principales fuerzas de oposición al Gobierno del mandatario de derecha, Iván Duque, citaron al fiscal a un debate de control político. Lo acusan de enmascarar los sobornos de la empresa brasileña en ese país. Martínez quien tomó posesión de su cargo en 2016, fue antes uno de los abogados consultores del grupo AVAL, uno de los principales conglomerados bancarios colombianos e interviniente en la principal obra en la que participó Odebrecht.

"En el 2015 Martínez Neira no era Fiscal General sino un ciudadano y ahora se le cuestiona como si en aquel entonces fuera servidor público y tuviese unos deberes especiales de denuncia e investigación", se defendió Martínez.

"¿Por qué Martínez no actuó si conocía las irregularidades de mano del propio auditor?"

Las Fiscalía General, institución que lidera Martínez, es la principal encargada de esclarecer el caso de corrupción. Ante ese pasado y las acusaciones de la oposición, el próximo jueves 29 de noviembre la Corte Suprema decidirá si nombra un fiscal Ad Hoc, con perfil independiente, para avanzar en la investigación.

Las principales críticas a Martínez tienen que ver con su idoneidad. Medios locales colombianos publicaron los últimos días audios de encuentros entre el fiscal y quien fuera un testigo clave del caso, Jorge Enrique Pizano. Quien luego murió de un infarto fulminante. Los encuentros habrían sido en el 2015, cuando el fiscal todavía trabajaba para el grupo AVAL. Las conversaciones entre él y Pizano demostrarían que Martínez estaba al tanto de las irregularidades de la compañía.

Pizano era el auditor del proyecto de la principal obra del gigante brasileño. La oposición preguntó en el Congreso el porqué de la no actuación de Martínez "si conocía las irregularidades de mano del propio auditor".

A pesar de la ardua defensa de Martínez en el Congreso, que duró más de dos horas, Iván Cepeda, senador de la oposición, señaló: “No nos va a convencer ni del hecho que no sabía detalles de lo que estaba hablando cuando fue informado detalladamente por Pizano, ni tampoco nos va a convencer de que las descubrió cuando llegó a la Fiscalía”.

Otro senador de la oposición, Jorge Enrique Robledo, dijo que el fiscal no está investigando a la “cúpula del grupo Aval” por su pasado y pidió la renuncia del funcionario.

Martínez Neira dijo que "la Fiscalía sí prestó atención a Pizano para que brindara información" e insistió en que la institución "no solo investigó sino que judicializó a los responsables y oportunamente compartió su información con la Corte Suprema de Justicia".

El escándalo de Odebrecht ha cruzado todas las fronteras de América Latina. Los sobornos habrían sido entregados en por lo menos una docena de países para asegurar obras públicas. La constructora ya habría aceptado pagar más de 3.000  millones de dólares en acuerdos en Estados Unidos, Brasil y Suiza.

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