México - Caso Ayotzinapa

México: López Obrador crea Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador habla durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad hoy, lunes 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México, México.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador habla durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad hoy, lunes 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México, México. Sáshenka Gutiérrez / EFE

En su tercer día de gobierno, Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una delegación que establezca qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y presuntamente asesinados el 26 de septiembre de 2014.

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"No nos vamos a lavar las manos", dijo este 3 de diciembre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, que para muchos entre ellos los familiares de las víctimas, sigue sin resolverse.

En la firma del “Decreto presidencial para el acceso a la verdad en el caso Ayotzinapa”, ante los padres de los jóvenes desaparecidos, López Obrador aseguró que el órgano deberá instalarse en un plazo “no mayor a 30 días hábiles”.

Esta es una de las promesas de campaña de AMLO y que en su tercer día como presidente hace realidad.

¿Qué ordena el nuevo decreto de AMLO sobre Ayotzinapa?

El documento dictamina que las dependencias de las autoridades deben facilitar todos los datos y pruebas. No podrá clasificarse como “información reservada”, aquella que tenga que ver con delitos de lesa humanidad.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador posa con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad el 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador posa con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad el 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México. Sáshenka Gutiérrez/EFE

Asimismo, establece que puede ser investigado cualquier miembro del Gobierno y del ejército que esté posiblemente involucrado.

En el pasado, miembros de las fuerzas armadas indicaron que no deberían estar sujetos a la misma indagación que otras partes del gobierno, una postura que los críticos dicen que ayuda a ocultar la verdad.

Las familias de los jóvenes creen que miembros del ejército tienen información que aún no ha visto la luz. En esta nueva investigación serán revisados los informes creados por distintos organismos que han indagado el caso, entre ellos los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Incluso "retomaremos la investigación trunca de la Procuraduría General de la República, para desahogar todas las líneas de investigación subestimadas o que se dejaron a un lado", aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien encabezará la nueva pesquisa.

La Comisión estará conformada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, al igual que expertos y técnicos requeridos para el caso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también invitó a organizaciones internacionales a participar en la misión, incluidas La organización de Naciones Unidas, que observará el proceso, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estará encargada de gestionar un grupo de investigadores independientes.

"Verdad histórica" de Peña Nieto fue desestimada por la CIDH

El nuevo Gobierno de López Obrador trata así de ir más allá del informe oficial, presentado por el anterior ejecutivo de Enrique Peña Nieto, llamado "Verdad histórica".

María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela de de Ayotzinapa, habla durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad hoy, lunes 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México,México.
María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela de de Ayotzinapa, habla durante la firma del decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad hoy, lunes 3 de diciembre de 2018 en Ciudad de México,México. Sáshenka Gutiérrez/EFE

Según esta versión, tras participar en una protesta antigubernamental, los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, en el suroeste del país.

Posteriormente, los habrían entregado a un grupo criminal que los asesinó e incineró en un vertedero de basura.

Sin embargo, este relato ha sido desestimado por expertos internacionales y por los familiares de las víctimas.

Un informe publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señalan fallas profundas en la investigación oficial y se rechaza su afirmación central de que las víctimas fueron incineradas en un basurero en Cocula, una ciudad en el estado de Jalisco, en el Pacífico.

Tras analizar 618 tomos de los documentos de la Procuraduría General de México, la CIDH aseguró que hay muchas contradicciones.

Entre ellas destaca que las autoridades mexicanas dicen que las pesquisas en el basurero comenzaron el 26 de octubre de 2014, un mes después de las desapariciones a partir de una llamada anónima.

Pero, el organismo destacó que el mismo informe oficial incluye “la declaración de un policía estatal, que manifestó que él llevó alimento a los compañeros que custodiaban el basurero de Cocula, el día 5 de octubre de 2014”.

Esto demuestra que las autoridades estaban en control del área desde al menos 21 días antes de que, supuestamente, fueran advertidas de que ahí se incineró a los estudiantes.

Otra de las presuntas informaciones falsas que destaca la CIDH es que, según los documentos del anterior gobierno, la participación de los policías involucrados se limitó a detenerlos y entregarlos vivos a un grupo criminal.

Pero, algunos de los teléfonos que los normalistas llevaban continuaron funcionando luego del supuesto asesinato. Además, esos aparatos fueron hallados después en poder de policías.

Aunque esta investigación será retomada, hasta ahora la versión gubernamental afirma que los presuntos autores intelectuales del crimen serían el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, con el objetivo de evitar un presunto sabotaje de los estudiantes a un acto de la esposa del entonces presidente municipal.

Con Reuters y EFE

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