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La polémica retirada de Chile del Pacto Mundial para la Migración de la ONU

El presidente de Chile, Sebastian Piñera, habla durante la Cumbre de CEO 2018 de APEC en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, el 17 de noviembre de 2018.
El presidente de Chile, Sebastian Piñera, habla durante la Cumbre de CEO 2018 de APEC en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, el 17 de noviembre de 2018. Fazry Ismai / Reuters

El Gobierno chileno anunció de manera sorpresiva que no iba a participar en la reunión de Marruecos en la que la Organización de Naciones Unidas busca un marco legal que garantice una mayor seguridad y dignidad para los migrantes.

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“No nos parece conveniente, ni para Chile ni para los chilenos suscribir un pacto que dificulta el proceso de poner orden en nuestra casa en materia de migraciones”, con estas palabras defendió el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la decisión anunciada por su Gobierno el nueve de diciembre de no participar en las reuniones en la ciudad de Marrakech que culminaron con la firma por más de 150 países del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno de Chile se unía de esta forma a un reducido grupo de países ultraconservadores en esta materia, como Israel, Estados Unidos, Italia, Hungría y en América Latina, República Dominicana, que se oponen u objetan en alguna forma este pacto no vinculante que pretende respetar los Derechos Humanos y hacer la vida más fácil para los 258 millones de migrantes que hay en el mundo, un 3,4% de la población mundial, según las últimas estimaciones de dicho organismo.

Las razones esgrimidas por Chile para no suscribir este pacto, a pesar de haber participado activamente en las negociaciones que dieron lugar al mismo, se deberían a algunas diferencias con el documento de la ONU, que no distingue entre migración regular e irregular y garantizaría los mismos derechos a ambas categorías de migrantes.

Ante el hecho de que acoge una mención especial a aquellos que tienen que migrar por desastres naturales, Chile asegura que “pone en riesgo el carácter excepcional del refugio como forma de protección internacional” y que establece jerarquías que flexibilizan los procesos de regularización, lo que “no es coherente con la política migratoria del país”, según el texto oficial difundido por el Ministerio del Interior.

Pero el argumento más fuerte explicado por el Gobierno chileno, es, ante todo, una supuesta pérdida de soberanía. “Si bien este instrumento no crea por sí mismo obligaciones internacionales, muchas de sus disposiciones sí utilizan un lenguaje vinculante. Esto deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional, asunto que pertenece a la esfera soberana de cada Estado”, afirmaron las autoridades.

"Incentivan la migración irregular"

El 10 de diciembre Piñera al afirmó que los objetivos y contenidos del pacto de Marrakech “incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales”.

El subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, fue más claro al afirmar en declaraciones al diario El Mercurio que “la migración no es un derecho humano” si no que el derecho corresponde al país de determinar cómo deben entrar a él los extranjeros.

La posición del Gobierno ha sido duramente criticada por el Congreso chileno y la oposición que incluso denunció que la decisión fue tan sorpresiva que no se habría avisado a una delegación de parlamentarios que si viajó a Marruecos y ya habría firmado partes del Pacto en representación del país, dejando entrever una descoordinación tremenda en el Ejecutivo.

El tema ha producido enfrentamientos entre las distintas derechas que componen la coalición que lidera Piñera. Mientras los sectores más liberales, como Evopolí, cuyo presidente Hernán Larraín Matte manifestó que, “fruto de una decisión en algún grado intempestiva, lo que hemos hecho hoy es solicitar todos los antecedentes que fundamenten la decisión del Gobierno. Si bien respetamos esta decisión, como partido político queremos estudiar efectivamente cuáles son sus alcances y posteriormente manifestar públicamente nuestra postura".

Del otro lado, la facción ultraconservadora de la Unión Democrática Independiente (UDI) se mostró satisfecha al manifestar que suscribir el pacto supondría permitir “casi las fronteras abiertas homologando los ingresos legales al país con los ilegales”,declaró su presidenta Jacqueline van Rysselberghe .

El Gobierno del centroderechista Piñera ha tomado la migración como una de sus prioridades desde su llegada al poder en marzo de este año, creando políticas migratorias que han sido criticadas por organismos de Derechos Humanos y migrantes por discriminar en función del origen de los países acogidos.

Así se ha favorecido, por ejemplo, la llegada de venezolanos a los que se les facilita la visa de responsabilidad democrática y dificultado la de haitianos, a los que se les exige desde abril una visa para poder viajar al país, lo que en la práctica ha supuesto la masiva disminución de la llegada de éstos en los últimos meses.

El Gobierno también ha sido criticado por establecer vuelos de retorno sólo para haitianos, por ejemplo.

La decisión de la Administración de Piñera respecto al Pacto de la ONU ha generado una ola de protestas y suscitado mucha polémica en el país. Empezando por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya directora, Consuelo Contreras, manifestó recibirla “con preocupación” porque “es cierto que no hay un pacto o convención que consagra el derecho a migrar, lo que sí consagra la declaración y el pacto de derechos civiles y políticos es el derecho a la movilidad humana. Y es que los seres humanos se puedan trasladar del territorio está señalado en las normas internacionales”, afirmó.

"Chile siempre ha sido parte importante de todos los tratados de Derechos Humanos a nivel mundial. Es uno de los países fundantes de la OEA y siempre se ha destacado por su rol en el escenario internacional en materia de promoción y protección de los derechos humanos", añadió.

En la misma línea se manifestó el senador chileno y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien se declaró “bastante perplejo” ante la noticia que conoció por la prensa –pese a ser miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta- y criticó que constituye “una improvisación increíble para un cambio tan brutal de política como esta".

Para Insulza la decisión presenta “dos anomalías: la anunció el subsecretario del Interior, ni siquiera el ministro; y segundo, cuando ya estaba allá (en Marruecos) la delegación” chilena. Insulza atribuye a “populismo” la decisión del Ejecutivo ya que “sabe que mucha gente está preocupada con la migración que llega a Chile”.

“El Gobierno de Chile decide revelar sus verdaderos enfoques en Derechos Humanos y en migración particularmente, contradiciendo los compromisos internacionales anteriores, sumándose así al grupo minoritario de quienes tienen las posiciones más retrógradas en la materia”, afirmó por su parte la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, para quien la conmemoración del 70 aniversario de los Derechos Humanos en Chile este lunes tuvo un gusto “amargo”.

La Red acusó “la utilización de la posverdad diciendo que el derecho a migrar violenta las fronteras, cuando no es así” y afirmó que “Chile necesita una ley y política migratoria que parta de la base de estos instrumentos internacionales y que estando centrados en ellos no retroceda a niveles de derechos de las personas anteriores a la Segunda Guerra Mundial”.

Y algunos sacerdotes, como Nello Castelli, vinculados al Servicio Jesuita de Migrantes, una de las organizaciones que más trabaja en el país con este colectivo, señalaron en redes sociales la paradoja de que el Gobierno de Piñera que ha promovido una migración “ordenada, segura y regular” no quiera firmar lo mismo que propone el “Pacto Global por una Migración ordenada, segura y regular”.

Aunque la crítica más directa, y la más velada, la dirigió la expresidenta Michelle Bachelet, que celebró como vital la firma del polémico Pacto desde Marruecos señalando que este “es un compromiso poderoso para proteger los Derechos Humanos de todos los migrantes de cualquier parte” y recordando que “los migrantes tienen los mismos que todos”.

 

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