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En 2018 empeoró la situación de los líderes sociales en Colombia

Con el lema #NosEstánMatando, al igual que decenas de ciudades, la capital colombiana organizó un "velatón" para repudiar a los asesinatos de líderes sociales, Bogotá, Colombia, el 6 de julio de 2018.
Con el lema #NosEstánMatando, al igual que decenas de ciudades, la capital colombiana organizó un "velatón" para repudiar a los asesinatos de líderes sociales, Bogotá, Colombia, el 6 de julio de 2018. Hernán Ayala / NONAME Producción

El año 2018 estuvo marcado por un aumento de los ataques hacia líderes sociales en Colombia. En menos de cuatro años y en medio de las demoras del proceso de paz, murieron 423 personas según las autoridades.

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En las montañas del sudoeste colombiano, las comunidades indígenas están bajo la presión creciente de las mafias. El pasado 2 de diciembre dos líderes y una menor de edad del pueblo Awá cayeron a causa de las balas de un grupo armado sin identificar.

"Son grupos nuevos grupos que se han venido formando, pero no sabemos quiénes son", comentó a France 24 Lidia Gómez, la recién electa gobernadora del resguardo indígena Alto Cartagena, ubicado a varias horas de carro y marcha del primer municipio, Ricaurte. La lideresa sufrió en persona en esa misma semana un ataque cuando unos sujetos dispararon a su casa. Las amenazas por vía telefónica son el pan de cada día para los miembros de su comunidad.

Aunque con temor por su vida, la representante de 105 familias en este territorio aseguró que los perpetradores "no van a acabar con nuestro proceso de lucha que hemos tenido desde hace mucho tiempo". Los habitantes de estas zonas apartadas del departamento de Nariño han tenido que lidiar durante décadas con un conflicto armado que tocaba a sus puertas; la exguerrilla de las FARC mantenía importantes contingentes allí.

Las demoras de los acuerdos de paz, en la mira

Así que la violencia no es un fenómeno nuevo. No obstante, la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el grupo armado encendió la esperanza de las comunidades, que se esfumó rápidamente. "Siempre habíamos pensado que esto se fuera a dar de la mejor manera", expresó Lidia Gómez, "pero nuestro territorio no ha tenido esos grandes avances que se habían planteado".

Los líderes sociales de Colombia padecen de los atrasos en la implementación de los puntos acordados en La Habana entre la guerrilla más antigua del continente y un Ejecutivo que cambió de manos en agosto pasado. En el último informe de seguimiento del Kroc Institute se resalta la “falta de garantías de seguridad” como una de las principales dificultades del proceso de paz; un vacío que perjudica la puesta en marcha de “medidas relacionadas con desarrollo rural, tierras, participación política, reincorporación, sustitución de cultivos de uso ilícito”, unos supuestos pilares del texto firmado.

Como mayor productora de coca a nivel nacional, desde la región de Nariño se suscribieron miles de familias al programa de sustitución voluntaria de este tipo de cultivos, siguiendo las promesas de acompañamiento hacia un desarrollo duradero y sostenible. Sin embargo, estas comunidades resultaron desamparadas frente al resurgimiento de actores armados en antiguas zonas de influencia de las FARC, determinados en apoderarse de los negocios ilegales y sus corredores estratégicos. Tan solo en Nariño, 20 líderes sociales fueron asesinados en 2018.

Una cifra que se suma a los 423 casos que reportó la Defensoría del Pueblo desde 2016. Pero la coca estaría lejos de ser la única causa de este fenómeno. Las organizaciones sociales señalan que la mayoría de las víctimas lo fueron por ser reclamantes de tierras o defensores de los recursos naturales.

La Defensoría del Pueblo estima en 423 el número de líderes sociales asesinados

Los rostros de esta violencia son múltiples y su complejidad se fundamenta en las mismas raíces del conflicto que ha golpeado a Colombia durante más de medio siglo y que se trataron de abordar en los acuerdos de paz.

Frente al agravamiento de la situación, 226 homicidios entre enero y noviembre de 2018 según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el Gobierno de Iván Duque lanzó el 'Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Líderes sociales', presentado como el garante de una mejor articulación institucional del Estado para enfrentar esta ola de asesinatos.

"Hay una expedición de decretos flojos que no resuelven nada, pues no son propuestas de protección pública", enfatizó a France 24 Leonardo Díaz, coordinador de Protección del programa Somos Defensores. "Hay una reproducción metastática de los paramilitares en los territorios sin que haya una acción directa del Gobierno por disuadir y acabar con este tipo de grupos", denuncia.

Supuestamente desmovilizados, las autoridades no reconocen la denominación de "paramilitares", a la cual prefieren la de "bandas criminales".

El enfoque para abordar las muertes de los líderes sociales suscita una cierta cacofonía en las altas esferas del Estado colombiano. Mientras que el Gobierno pasado analizaba el fenómeno con el prisma del "lío de faldas", los actuales ocupantes de los ministerios claves que son la Defensa y el Interior niegan cualquier sistematicidad en los asesinatos de líderes. La ministra del Interior "asume un papel pasivo donde no se compromete en absoluto con la política de derechos humanos", denunció Leonardo Díaz.

Discrepancias y disfuncionamientos en el seno del Estado

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) sí evidenció homicidios sistemáticos en ciertos casos y no descartó la responsabilidad de miembros de la fuerza pública en estos hechos. Cabe resaltar que los asesinatos se reportan en zonas fuertemente militarizadas. Además, la PGN prometió investigar y sancionar la inacción de los funcionarios presentes en los territorios afectados.

La desfinanciación tanto del sistema de protección como las políticas que tenían que surgir de los acuerdos de paz constituye otro factor de la impotencia pública para impedir estas muertes. Los numerosos cambios de mandos que ha implicado el traslado de poder entre Juan Manuel Santos e Iván Duque generó aún más disfuncionamientos y enredos jurídicos sobre la acción que debería encabezar el Estado en las zonas más afectadas por el conflicto.

Unas zonas sujetas a una recomposición de los actores armados a costa de la seguridad de sus habitantes. "Esta etapa del posacuerdo cambia radicalmente la situación del conflicto armado (…) el orden nacional del conflicto interno se convirtió en una serie de microconflictos regionalizados", explicó Leonardo Díaz.

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El investigador de Somos Defensores señaló también la ocurrencia de 12 masacres en 2018, que el Derecho define como el homicidio de 3 o más personas a la vez, un fenómeno que Colombia pensaba haber dejado en las peores horas de la guerra. Un método de acción de los grupos armados que no apunta solamente a unas personas específicas, "no se utiliza solamente en contra de los líderes sociales sino en contra de la comunidad en general para generar terror, control social y territorial".

Una tasa de impunidad por las nubes: 91,4 %

Frente a estos centenares de muertes, inquieta también el papel de la Fiscalía. Pese a haber reconocido asesinatos sistemáticos en ciertas regiones y asegurar haber resuelto la mitad de los casos recientes, la ONG Somos Defensores señala a la entidad judicial responsable de una tasa de impunidad del 91,4% por los asesinatos ocurridos entre 2009 y 2017.

Una exención de condenas que preocupa en las Naciones Unidas. Con ocasión de su primera visita en Colombia, Michel Forst, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de DD. HH., resaltó la impunidad como un factor adicional de desprotección. "Los perpetradores de los ataques ven que no están llevados ante la justicia (…) y con frecuencia, en la mayoría de los casos, solo son condenados los sicarios y no las mentes maestras y autores intelectuales", denunció el funcionario.

En ecos de la implementación de los acuerdos de paz, la demora en la puesta en marcha eficaz de unas políticas públicas que protejan los líderes sociales fragiliza aún más los territorios periféricos de Colombia. En trasfondo, permanece el recuerdo del exterminio de los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, una formación nacida en una apuesta de paz fallida en los años 80.

Cada vez más activa sobre lo que ocurre en sus territorios remotos, la sociedad civil colombiana ha multiplicado las movilizaciones de indignación sobre la suerte de los líderes sociales, al igual que las organizaciones sociales que lideran campañas para acercar a estos actores con el público.

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