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La Asamblea Nacional de Nicaragua quitó la personería jurídica a otras cinco ONG

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, da un discurso durante la inauguración de una autopista en Managua, el 29 de noviembre de 2018.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, da un discurso durante la inauguración de una autopista en Managua, el 29 de noviembre de 2018. Inti Ocon, foto de archivo, AFP

El Parlamento tomó esa medida de “carácter urgente” contra cinco organizaciones no gubernamentales y ya suman nueve instituciones sancionadas en las últimas dos semanas. El gobierno las acusa de apoyar un “fallido intento de golpe de Estado”.

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La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de cinco organizaciones no gubernamentales, que se suman a otras cuatro sancionadas en las últimas dos semanas, a modo de represalia por el apoyo a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que iniciaron en abril y dejaron cientos de muertos.

Las instituciones que perdieron su estatus legal fueron el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na; el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la organización ambientalista Fundación del Río y la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias.

El Parlamento nicaragüense, que tiene mayoría oficialista, les quitó el estatus legal a esos cinco organismos porque, según un informe del ministerio de Gobernación, apoyaron el “fallido intento de golpe de Estado”, tal como califica el gobierno a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron desde abril.

De acuerdo al estudio del ministerio de Gobernación, esas instituciones incumplieron “gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos y las acusa de “alterar el orden público”, “realizar acciones para desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.

Asimismo, para el Legislativo del país centroamericano, esas entidades también facilitaron “fondos para la comisión de actos terroristas”, alegaciones rechazadas por los organismos, que pusieron a disposición sus libros contables.

Los legisladores defendieron la medida al considerar que las instituciones desnaturalizaron sus objetivos y actuaron “como partidos políticos”, al pedir sanciones contra el gobierno en el exterior y potencializar una campaña contra el Estado y el Ejecutivo de Daniel Ortega.

Las manifestaciones contra el gobierno sandinista iniciaron el 18 de abril en rechazo a una fallida reforma de la seguridad social y fueron creciendo hasta convertirse en un pedido de renuncia del mandatario.

A raíz de las violentas protestas, cientos de personas han muerto, aunque las cifras varían: para el gobierno, los fallecidos fueron 199, mientras que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales afirman que entre 325 y 545 personas murieron en ese contexto.

Tres organizaciones lideradas por sandinistas, una ambientalista y una defensora de derechos de las mujeres, entre las ONG sancionadas

Entre los organismos que perdieron estatus legal a raíz de la medida del Parlamento nicaragüense se encuentra el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y antiguo director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) entre 1979 y 1990.

Otra afectada fue la Fundación Popol Na, que es presidida por Mónica Baltodano, una exguerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza, integró el primer gobierno del FSLN y fue diputada por ese partido.

Además fue sancionado el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), liderado por Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve “comandantes” de la revolución sandinista.

La lista se completa con la organización ambientalista Fundación del Río, que alertó sobre las dimensiones reales del incendio en la reserva Indio Maíz, el cual provocó la pérdida de unas 5.945 hectáreas de bosque virgen; y la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, una entidad defensora de los derechos de las mujeres y que promueve el desarrollo en el norte de Nicaragua.

Anteriormente, otras cuatro organizaciones sufrieron la retirada de la personería jurídica: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la activista Vilma Núñez; el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), encabezado por Ana Quiros, quien fue expulsada del país; el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia, cuyos directores, Félix Maradiaga y Luciano García respectivamente, huyeron del país alegando “persecución estatal”.

Para la vicepresidenta nicaragüense, el país superó “tiempos diabólicos”

En un mensaje difundido a través de los medios oficiales, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó que su país logró “superar y trascender esos tiempos diabólicos, perversos, satánicos que quisieron instalar”, en referencia a las protestas sociales contra el gobierno de su esposo, Daniel Ortega, iniciadas en abril.

“Imagínense ustedes: once años de paz y de progreso, de estabilidad. Llegan los diabólicos y quieren imponer el odio en nuestro país, el atraso, todo lo que vivimos, los crímenes, los secuestros, la tortura, los tranques de la muerte”, subrayó Murillo.

En ese sentido, la vicepresidenta remarcó que “todos tenemos el compromiso de promover la paz” y que en el país nadie quiere conflictos, sino paz, trabajo, seguridad y mejor calidad de vida.

Con EFE

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