Liberan a Imelda Cortez, la joven salvadoreña violada y acusada de intentar matar su bebé en un supuesto aborto

Aunque la Fiscalía había acordado el cambio en la tipificación del delito, de tentativa de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad, el juez del Tribunal de Sentencia de la localidad de Usulután, Hugo Noé García, absolvió a Cortez de todos los cargos que pesaban sobre ella, incluido el de intento de homicidio.

Cortez, acusada de intento de homicidio en un supuesto intento de aborto, había aceptado un "juicio abreviado" en su contra mediante el cambio de la figura del delito por el que se la acusaba. En ese caso, incluso si era hallada culpable de abandono de persona, hubiese quedado libre dado que la pena para ese delito es de un año de cárcel y Cortez ya pasó más de un año y medio en la cárcel.

El juicio comenzó con su confesión. La joven de 20 años aceptó el "juicio abreviado" y se declaró culpable del delito de abandono y desamparo de persona: "Sí acepto el (juicio) abreviado y acepto que abandoné a mi hija", expresó Cortez.

En un primer momento la Fiscalía acusó a Cortez del delito de tentativa de homicidio agravado cometido supuestamente al tratar de abortar, aunque su embarazó llegó a término y actualmente su hija tiene 1 año y 7 meses de edad.

Esta es la segunda ocasión en que Cortez asistió a esa corte. El pasado 12 de noviembre la diligencia fue aplazada por la ausencia del Ministerio Público, quien el día previsto para la instalación del juicio envió un escrito en el que señaló que la fiscal asignada al caso tenía incapacidad médica que le "imposibilitaba su presencia".

Cortez sufrió desde los 12 años abuso sexual por parte de su padrastro, quien la embarazó.

En abril de 2017, Cortez dio a luz a una niña producto de una violación de su padrastro, Pablo Henríquez, de más de 70 años.

La joven de 20 años asegura que no sabía que estaba embarazada. Según su relato, una tarde de abril comenzó a sufrir fuertes dolores de vientre y se dirigió a la letrina de su humilde casa de Jiquilisco, una zona rural del departamento de Usulutlán, donde se produjo el parto.

El bebé cayó entre los excrementos y Cortez fue llevada al hospital. Para los fiscales, la joven había ocultado su embarazo con la intención de matar a la bebé arrojándola a la fosa séptica de su casa. Mientras que su defensa basa su argumentación en el principio de "negación de embarazo", un trastorno médico que en el caso de Cortez también se explicaría por los recurrentes sangrados vaginales que padeció hasta el día del parto.

Más de un año y medio después, Cortez fue absuelta de culpa y cargo de todos los delitos que pesaban sobre ella en uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.

El caso de Imelda se convirtió en un paradigma de la lucha de las mujeres salvadoreñas contra las duras leyes que rigen su vida sexual y reproductiva.

Con EFE.