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Nicaragua ordena expulsar a expertos de la OEA que investigan abusos de derechos humanos

Ana Maria Tello, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI-CIDH) conversa con compañeros de trabajo, el 19 de diciembre de 2018.
Ana Maria Tello, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI-CIDH) conversa con compañeros de trabajo, el 19 de diciembre de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

La decisión de suspender la visita de expertos de la OEA se da después de que la organización anunciara la publicación de los resultados de una investigación que dan cuenta de la supuesta violación a los DDHH por parte del Gobierno Ortega.

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El Gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión de sacar del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha denunciado graves violaciones cometidas por las fuerzas oficiales desde el pasado mes de abril, cuando varias protestas sociales exigieron la renuncia del presidente tras 11 años en el poder y fueron reprimidas violentamente.

El presidente Ortega también anunció la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la OEA, que tenía previsto presentar el jueves 20 de diciembre un informe final sobre los hechos violentos ocurridos en las manifestaciones del 18 de abril y el 30 de mayo.

El Gobierno sandinista envió una carta a la OEA para informarle que las misiones habían sido suspendidas por no cumplir con sus objetivos y que actuaban como una "plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de Nicaragua", señaló la canciller Denis Moncada. Sin embargo, la CIDH dijo en un comunicado que su Mecanismo de Vigilancia Especial para Nicaragua (MESENI) continuaría investigando desde Washington: "la CIDH reitera que la situación en Nicaragua continuará siendo una prioridad y reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos", señala el comunicado.

Esta organización presentó en junio un amplio informe en el que documentaba minuciosamente las violaciones a los derechos humanos y en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores como parte de la reacción estatal a las protestas.

El Gobierno de Nicaragua habría usado la fuerza policial contra la población civil de forma desmedida

La investigación adelantada por la CIDH cuenta con varios testimonios e información documental que evidenciaría que la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Además, emitieron una alerta de agravamiento de la situación con el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.

Un grupo de manifestantes antigubernamentales grita consignas al partidario progubernamental durante una marcha llamada "Marcha de los globos" en Managua, Nicaragua , el 9 de septiembre de 2018.
Un grupo de manifestantes antigubernamentales grita consignas al partidario progubernamental durante una marcha llamada "Marcha de los globos" en Managua, Nicaragua , el 9 de septiembre de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

En este último informe la CIDH advierte que el Gobierno nicaragüense abusó de la población civil con el "uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a los heridos durante los disturbios; detenciones arbitrarias y selectivas de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno; y agresiones contra periodistas y medios de comunicación", explica el informe.

En agosto pasado, el Gobierno de Nicaragua también ordenó la salida del país de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) poco después de que el organismo publicara un informe denunciando violaciones de los derechos humanos y abusos a manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

Desde abril, miles de ciudadanos han tomado las calles en el país centroamericano para exigir la renuncia de Ortega. Los oponentes de Ortega acusan al veterano de izquierda de intentar cimentar una dinastía de familia autoritaria junto con su esposa, Rosario Murillo, a quien eligió para ser su vicepresidente.

Analistas internacionales aseguran que Nicaragua afronta una de sus peores crisis políticas desde que el presidente Daniel Ortega recuperó el poder en 2007. Más de 320 personas han muerto y más de 500 han sido encarceladas durante ocho meses de protestas contra el gobierno, según la CIDH.

La organización advirtió que aunque el Gobierno los expulse continuarán su trabajo de fiscalización y monitoreo de la situación de Nicaragua desde fuera del país.

Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo también han criticado duramente el actuar del gobierno del presidente Daniel Ortega, al tratar de impedir las investigaciones sobre la represión violenta de las protestas y rechazan la incapacidad de la justicia para encontrar a los responsables de la muerte de los manifestantes.

Con Reuters y EFE

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