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GIEI Nicaragua: “Se han cometido crímenes de lesa humanidad”

Amerigo Incalcaterra y Sofia Macher, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hablan con los periodistas después de la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar al grupo, 24 horas antes de que GIEI hiciera público su informe sobre la violencia durante las recientes protestas, en Managua, Nicaragua, el 20 de diciembre de 2018.
Amerigo Incalcaterra y Sofia Macher, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hablan con los periodistas después de la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar al grupo, 24 horas antes de que GIEI hiciera público su informe sobre la violencia durante las recientes protestas, en Managua, Nicaragua, el 20 de diciembre de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

Un informe de un grupo de expertos denunció la actuación del Gobierno de Daniel Ortega durante las manifestaciones del pasado abril, y señaló a las máximas autoridades del Estado como responsables de la crisis en el país.

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La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) presentó en Washington un informe que documenta la represión a las protestas ciudadanas en Nicaragua, del 18 de abril al 30 de mayo, y asegura que el presidente Daniel Ortega “no solo es responsable político, sino que forma parte del mando institucional”.

Según Amerigo Incalcaterra, miembro del GIEI, la respuesta del Estado a las protestas “no fue algo no pensado, fue intencional”, mientras que añade que durante el período que el grupo investigó, se documentó el asesinato de 109 personas en las que “se vio la intervención del Estado usando armas de fuego contra la población civil”.

El grupo de trabajo también dijo registrar la presencia de “grupos paraestatales cumpliendo funciones que corresponden al Estado” y “grupos de choques que van al lugar y golpean físicamente a las personas y esto a la vista de la policía (…) La policía básicamente protege al grupo agresor y permite la agresión”, amplió Pablo Parenti, investigador del GIEI.

El GIEI lo integran Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz Bailey y Pablo Parenti, e inició trabajos en el país el 2 de julio de 2018, gracias a un acuerdo entre la OEA (la Organización de Estados Americanos) y el gobierno nicaragüense –apoyado por un equipo técnico interdisciplinario de profesionales de diversas nacionalidades y materias–.

Para obtener estos datos, el grupo implementó una metodología que se basó en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la información oficial durante su visita en el mes de mayo y otras fuentes reservadas, tanto en Nicaragua como fuera de ella. Aunque revelaron que el Estado “nunca nos entregó un papel”, incumpliendo el acuerdo firmado.

“Esta reiteración (de hechos) durante tanto tiempo implica que hubo una toma de decisión de las más altas esferas”, expresa Parenti, quien valora que “el Estado nunca reconoció a las víctimas de la violencia”, y en cambio, “hizo muchos gestos de aval político a la represión”, construyendo un discurso de “construcción del enemigo”.

La misión revisó más de 10.000 piezas audiovisuales, documentos, testimonios, visitas de campo, además de basarse en datos de medios sociales como Twitter, donde cribó más de 3 millones de mensajes.

Incalcaterra: “Se han cometido crímenes de lesa humanidad”

Claudia Paz, miembro del GIEI, resaltó que de las 109 muertes que investigaron, solo nueve han llegado a la justicia nicaragüense, con la sorpresa de “falta de independencia del sistema de justicia”.

“En ningún caso se ha iniciado un proceso en contra de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo Paz, al tiempo que denunció “irregularidades en el proceso” como escenas de crimen y evidencia balísticas no procesadas: “El sistema de justicia en Nicaragua se ha constituido como un engranaje más de la represión”.

Los investigadores mencionaron que hay evidencias de “crímenes de lesa humanidad” que podrían llegar a la Corte Penal Internacional (CPI), en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo apruebe y lo solicite.

“El informe es instrumento de primer nivel para solicitar a la comunidad internacional que actúe de cara a potenciar espacios de justicia internacional. Nos tocará insistir con los países de la región y a nivel global para que esto se haga realidad”, reaccionó Ana Margarita Vigil, líder de oposición nicaragüense.

Según Vigil, “Ortega sabe que es el máximo responsable de los crímenes en Nicaragua y que cualquier investigación seria lo desenmascararía. Por eso no tenía ningún interés en apoyar al GIEI”.

El informe se encuentra hoy disponible en internet, bajo una plataforma que presenta mapas, diagramas, videos y textos, ordenados cronológicamente, y que documentan los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad policial y grupos parapoliciales. “Este trabajo reconstruye en tiempo y espacio momentos clave de las protestas, utilizando muchas horas de videos y distintas perspectivas”, cita el informe.

Miembros del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, tuvieron que salir del país el pasado 20 de diciembre, luego de un sorpresivo citatorio con Denis Moncada, canciller de la República, quien leyó un comunicado y les notificó que su misión había terminado.

“Las actuaciones del GIEI contravienen nuestra Constitución política, el Código Procesal Penal y las leyes orgánicas del Ministerio Público y la Policía Nacional”, se lee en el comunicado oficial del Gobierno de Nicaragua. Aunque para Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la salida de los organismos “deja prácticamente al país sin órganos de derechos humanos independientes funcionando en Nicaragua”.

Precisamente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas tuvo que irse el pasado 31 de agosto, después de presentar un informe que causó la inconformidad del presidente Daniel Ortega.

El GIEI recomendó al Estado cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. A pesar de que la violencia ha cesado en las calles del país, aún persisten decenas de denuncias de acoso y agresión a personas que participaron en las masivas manifestaciones antigubernamentales, que dejaron un saldo de más de 300 muertos, según organismos locales.

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