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RESUMEN 2018

El año en el que Nicaragua decidió cambiar su rumbo (2/2)

El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus copartidarios durante un mitin en Managua, el 5 de septiembre de 2018.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus copartidarios durante un mitin en Managua, el 5 de septiembre de 2018. Inti Ocon / AFP

El 2018 que termina fue un punto de inflexión en Nicaragua, el año de la rebelión cívica contra un Gobierno que llegó allí después de derrocar la dictadura en 1979. Ataque a la Iglesia a los medios y éxodo. Segunda entrega.

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“Todos corremos peligro, esta es una situación muy difícil pero nuestras vidas están en las manos de Dios” declaró el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, tras culminar una negociación con el Gobierno durante varias horas con el fin de liberar a 80 estudiantes que resistieron el ataque de paramilitares en una iglesia de Managua, donde tres de ellos murieron. Brenes parecía advertir lo que vendría.

“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas”, exclamó Ortega, durante el acto de conmemoración de la revolución sandinista, acusando a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, el pasado 19 de julio.

“No tenemos la intención de dar ningún golpe de Estado, no somos políticos, no queremos asumir la Presidencia ni formar un partido político, por lo tanto, no estamos para tomar el poder”, respondía Brenes después.

El 9 de junio se dio uno de los episodios más tensos entre la Iglesia y el gobierno. Ese día los obispos Brenes, Silvio Báez y el Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, intentaban liberar a un grupo de manifestantes refugiados en la Basílica de Diriamba, al sur del país, donde los grupos paramilitares amenazaban con ingresar.

La misión católica fue agredida física y verbalmente. Un grupo de ciudadanos identificados como fanáticos sandinistas atacaron a los Obispos y periodistas que daban cobertura. Encapuchados golpearon y secuestraron a los manifestantes ante la impotencia de los curas, quienes también resultaron heridos.

“Este régimen nunca ha sido ni será amigo de la Iglesia. Todo lo contrario, es enemigo de la Iglesia porque estamos frente a una religión y ellos se consideran una deidad, una religión, por esa razón ellos son enemigos de la iglesia, y como esta iglesia no les está sirviendo a sus intereses, entonces la están arremetiendo contra ella y vas a ver la escalada de odio que va contra la Iglesia”, contó a France 24 Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua en julio pasado, al tiempo que se registraron asaltos y profanación a varios templos católicos del país.

En octubre, medios de comunicación oficialistas mostraban supuestos audios de Monseñor Silvio Báez, una de las voces más críticas del Gobierno dentro del clero, presuntamente motivando a manifestaciones. “Deseo denunciar ante la opinión pública que estoy siendo víctima de una campaña de intimidación, represión, desprestigio y acoso que consta no solo de audios manipulados, sino también de cientos de llamadas, mensajes a mi teléfono y a mi WhatsApp con insultos y amenazas de cárcel y de muerte, además de motorizados que han rodeado mi vivienda”, relataba en su cuenta de Twitter el Obispo.

El 5 de diciembre la Arquidiócesis de Managua informó que el sacerdote Mario Guevara de 59 años, sufrió un atentado mientras confesaba en la catedral de Managua. Una mujer identificada como Elis Leonidovna Gonn, de 24 años, habría rociado con ácido sulfúrico al cura, causándole quemaduras de gravedad y por lo cual aún está hospitalizado. La iglesia no vinculó el hecho a un asunto político y esperan las investigaciones de la policía que detuvo a la agresora.

La Iglesia católica, un actor clave en la crisis de Nicaragua

Oleada de criminalización de la protesta

Organismos de Derechos Humanos afirman que en el país existen 600 “presos políticos”, aunque el Gobierno solo da cuenta de 200, a quienes tilda de “presos terroristas” y les acusa de incitar a la anarquía. Los detenidos en su mayoría son líderes universitarios o ciudadanos que participaron en las manifestaciones, antes que la policía las declarara “ilegales” el 28 de septiembre.

Cada semana los juicios en contra de manifestantes continúan, imputándoles delitos como asesinato, incendio, terrorismo, daño agravado y robo agravado. Las pruebas van desde bombas artesanales, armas, mensajes de Whatsapp, testimonios de policías encubiertos y hasta banderas de Nicaragua.

Chester Iván Membreño de 45 años es abogado litigante, participó en las manifestaciones en su ciudad, Masaya, como miles de ciudadanos. Membreño fue secuestrado el pasado 23 de junio, tan sólo dos días después que denunciara públicamente que su vivienda fue incendiada por paramilitares.

“No hemos podido verlo personalmente. Sabemos que estaba golpeado y lo trasladaron al hospital. Estamos preocupadísimos, queremos encontrarlo y que le den libertad”, narró su prima Cintya Gallego en junio. Al día de hoy continúa detenido sin acusación en su contra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre “la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares”.

Además de las detenciones, el Gobierno ha iniciado una cacería contra los organismos no gubernamentales que según ellos, apoyan un “golpe de estado” desde abril. Ipade, Cinco, Fundación del Río, Fundación Popol Na, Liderazgo de las Segovias, IEEP y Cenidh, son algunos organismos a quienes el gobierno despojó de su personería jurídica, argumentando que apoyan un “plan golpista”.

Cientos de opositores al Gobierno de Ortega tras las rejas

“Los decretos de la policía y las propias leyes para criminalizar a los defensores de derechos humanos refuerza la necesidad de seguir de manera muy atenta la situación en este país”, manifestó Pablo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH durante su intervención en la Organización de Estados Americanos, OEA.

France 24 buscó durante más de un mes la versión del gobierno para este reportaje sin obtener respuesta alguna.

Se acumulan las agresiones al periodismo independiente

El último capítulo de este asedio se ha dirigido hacia ‘Confidencial’ y ‘Esta Semana’, dirigido por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, cuya redacción ha sido confiscada por efectivos policiales sin explicación alguna.

“Estamos recurriendo a un derecho constitucional por la libertad de prensa que está siendo aplastada. Esto no solo es un asalto a la libertad de expresión, es un asalto contra el derecho a la privacidad porque no solo se llevaron equipos de trabajo sino documentos personales”, manifestó Chamorro el 17 de diciembre al recurrir a la justicia local.

Otro periodista que denuncia agresiones y amenazas es Miguel Mora, director de ‘100% Noticias’, un canal opositor que ha sido apartado de la frecuencia en señal abierta por orden gubernamental, al tiempo que el gobierno presiona a las cableras locales para que cesen de compartir su señal.

“El gobierno está violentando la libertad de prensa, la libertad de empresa y la libertad de expresión” ha dicho Mora, quien ha lidiado con drones sobrevolando su vivienda, amenazas de muerte, asedio constante de paramilitares en sus estudios y probablemente la justicia; Un grupo de ciudadanos ha interpuesto en la fiscalía denuncias en su contra por presuntamente “promover el odio”.

Allanamiento de '100% Noticias', otro golpe del Gobierno Ortega a la prensa

Álvaro Montalván, propietario de ‘Radio Mi Voz’ en León, al occidente del país, arrestado por la Policía y posteriormente liberado sin acusación alguna, ha denunciado persecución y amenazas de parte de simpatizantes sandinistas por la emisión de contenidos políticos en su estación de radio.

Situación similar vivió Leonardo José Ortiz, propietario de la ‘Nueva Radio Atenas’ de esa ciudad, acusado por las autoridades de “tenencia de armas de fuego”, y liberado dos días después. “Expresamos nuestra preocupación ante la actual situación sociopolítica que atraviesa el país y las condiciones en las que nos ha tocado desempeñar nuestra labor” detalla un comunicado en rechazo de estas detenciones firmado por periodistas organizados de León.

La Fundación Violeta Barrios documentó más de 400 agresiones a periodistas independientes y se calculan que las pérdidas económicas ascienden a 600 mil dólares en robo o daños de equipos periodísticos. La situación ha llevado al exilio a más de 30 periodistas por las constantes amenazas y evitar la suerte de Angel Gahona, periodista asesinado de un disparo en la cabeza cuando transmitía las protestas en el caribe del país.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, otorgó en octubre el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2018 al Periodismo Independiente en Nicaragua, al tiempo que alertó sobre la delicada situación de los periodistas en países como Nicaragua y Venezuela.

Sanciones y futuro económico: Ortega "vive en el mundo de 1979 y se niega ver hacia adelante. No entiende que ya no hay muro"

La delicada situación en el país centroamericano ha llegado a ser agenda en foros internacionales políticos como la OEA, ONU y el Parlamento Europeo. En su mayoría los organismos han firmado por el cese inmediato a la violencia y la reinstauración del diálogo nacional, suspendido por la acusación de Ortega a los obispos.

Con más de 40.000 exiliados en Costa Rica y otros países, los nicaragüenses no ven una salida próxima a la crisis. Ortega ha dicho que no dejará el poder ni adelantará los comicios electorales programados para el 2021, tampoco responde por la demanda de justicia de las familias de más de 500 muertos.

Todos los sectores sociales han dejado en su cancha la solución al conflicto que parece agravarse con la aplicación de sanciones de Estados Unidos a su círculo más cercano, declarando a Nicaragua una "amenaza para la seguridad nacional". La carta firmada por el mandatario estadounidense señala como motivo “el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho por parte del régimen de Ortega, su uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra civiles y la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía nicaragüense".

“Ortega no llega a comprender lo que pasó en abril, que fue una ruptura en una sociedad con aspiraciones de ser moderna y una sociedad anclada en lo tradicionalismo de la política”, expresa el ex diputado opositor Eliseo Núñez.

Para Núñez, Daniel Ortega “vive en el mundo de 1979 y se niega ver hacia adelante. No entiende que ya no hay muro, que no hay confrontación y se quiere creer la historia de que Estados Unidos es un imperio en decadencia”.

El presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus partidarios durante la ceremonia de apertura de un paso elevado en la carretera en Managua, Nicaragua, el 29 de noviembre de 2018.
El presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus partidarios durante la ceremonia de apertura de un paso elevado en la carretera en Managua, Nicaragua, el 29 de noviembre de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

La crisis política dejó a unas 127.000 personas en el desempleo y otras 290.000 en la economía informal, según reveló un informe de La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Proyecciones del Fondo Monetario Internacional auguran que la economía nicaragüense será la única de Centroamérica que decrecerá con una tasa de -4% y coincide con El Banco Mundial respecto a números negativos por lo menos hasta el año 2020. Mientras el Gobierno toma algunas medidas de austeridad y los empresarios piden voluntad política para dialogar, miles de ciudadanos se replantean su futuro en otro país.

“Todos los indicadores macroeconómicos y sociales se están deteriorando. Están aumentando los niveles de pobreza, está perdiendo reservas internacionales, los depósitos de los bancos están cayendo en más de 1.200 millones de dólares, la gente se está yendo del país que es capital humano y un país no puede estar aislado económicamente”, expresa el economista Luís Murillo.

Ante ese escenario el líder universitario Lesther Alemán contempla que el presidente Ortega “podría apostar al deterioro económico para perpetuarse en el poder pero esto aceleraría su salida”, asegura y agrega que “se necesita que los organismos que tienen poder, tanto económico y social, vayan empujando esas sanciones”.

Núñez, quien es un experimentado de la política local, adelanta que en los próximos meses se verá a la empresa privada-hasta ahora en un rol conservador- asumiendo un papel protagónico en la crisis nicaragüense, y agrega que “Ortega va a tener problemas a la altura de febrero a marzo del próximo año. La inconformidad no será política, sino económica y social”.

La primera dama, Rosario Murillo, recientemente sancionada por el Gobierno de Estados Unidos junto a otros funcionarios del círculo íntimo de Ortega, culminó su alocución ese 12 de abril agradeciendo al ejército su esfuerzo para sofocar el incendio que inició en abril y exclamando a lo alto “ojalá que llueva y todo sea más rápido”.

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