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Resurge el debate sobre el porte de armas en Colombia

Una mujer sostiene un rifle de batalla durante la feria Expodefensa en Cali, Colombia, el 16 de abril de 2010.
Una mujer sostiene un rifle de batalla durante la feria Expodefensa en Cali, Colombia, el 16 de abril de 2010. Luís Robayo / AFP

El Presidente Iván Duque prorrogó la prohibición generalizada de la tenencia de armas, pero abrió la posibilidad de que el ministerio de Defensa otorgue permisos. Un simple párrafo añadido al decreto cuyo posible uso suscita incertidumbre.

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En un país golpeado por más de medio siglo de conflicto armado, la cuestión del papel de las pistolas en la sociedad no es anódina. A finales de 2015, por primera vez, el Gobierno suspendió la entrega de permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional durante un mes, y extendió luego la medida para todo el año.

Una restricción mediante decreto presidencial que fue reiterada en los años siguientes debido a los buenos resultados que conllevó en materia de violencia, argumentó el Ejecutivo. Su última versión entrará en vigor este 1 de enero de 2019.

Acatándose a la Constitución, el mandatario colombiano, Iván Duque, recordó que “el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”, al tiempo que permanecerán “autorizaciones especiales”; un punto que precisamente desató una polémica.

Una parágrafo polémico en el último decreto sobre el control de armas

Si bien fue celebrada por varios líderes políticos la extensión por un año de la restricción del porte de armas para los particulares, el decreto versión 2019 incluye un nuevo parágrafo que pretende regular la excepcionalidad, y preocupa por su falta de claridad.

El texto adjudica al ministerio de Defensa el poder de definir las modalidades de “expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad”. Una enmienda al parecer banal pero que intervino en un contexto particular de cruces entre el Gobierno y el poder legislativo.

Desatando nuevas discusiones sobre su omnipresencia en las altas esferas de la política colombiana, el expresidente y actual senador más votado del país, Álvaro Uribe Vélez, publicó en las redes sociales un borrador del documento, horas antes de la promulgación oficial del decreto. De hecho, representantes de la bancada derechista que llevó Duque a la presidencia, aplaudieron el nuevo parágrafo como fruto de su “solicitud”, en la cual pedían “herramientas de protección, entre las cuales está el porte legal de armas de bajo calibre”.

La ambigüedad de los "permisos especiales" suscita la ira de la oposición

La oposición salió rápidamente a denunciar una medida que generaría “más violencia”, evidenciando que el “Estado no puede garantizar la seguridad”. Gustavo Petro, candidato derrotado en la segunda vuelta de la carrera presidencial, hizo por su parte un paralelo con la “autodefensa”; en referencia a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), que nacieron mediante decreto en 1994 y dieron inicio a la difusión del paramilitarismo en Colombia.

Los fantasmas de la guerra nunca se encuentran lejos de este tipo de debate, pero según las autoridades, el tema es más que todo técnico. Desde el Gobierno, aseguran que la cartera de Defensa entregará próximamente detalles sobre los procesos de otorgamiento de “autorizaciones especiales” y que esta evolución del decreto corresponde a una voluntad de acabar con la “discrecionalidad” que había en torno al porte, es decir una falta de claridad institucional.

¿Quién podría beneficiarse de los "permisos especiales"?

Según los detractores del nuevo parágrafo, la discrecionalidad aumentará debido a que se le confiere solamente a un ministro este poder. Dos exministros del Interior manifestaron a la prensa local su determinación en liderar una demanda en contra de este decreto.

Las ciudades de Bogotá y Cali fueron las primeras en adoptar la restricción del porte de armas, con algunos resultados en la reducción de los homicidios. Fue hasta 2006 que una ley vino a reglamentar los vacíos acerca de las armas legales.

En 2016, se estimaba que había unos 500.000 permisos vigentes para porte de armas y 400.000 por tenencia. El primer efecto del decreto fue limitar el porte para sacar a las pistolas de las calles, con varias excepciones concedidas, por ejemplo, a las empresas de seguridad privada.

La nueva resolución no solventa en sustancia la confusión en cuanto a quienes precisamente puedan beneficiarse de una excepción por “razones de urgencia o seguridad”. Un reto para el Estado que también tendrá que comprobar su eficiencia para luchar en contra del tráfico ilegal, que tendría en circulación unas 2,5 millones de armas.

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