Saltar al contenido principal

Un caótico inicio de año para el sistema judicial peruano

Los fiscales Vela y Pérez declararon a los medios de comunicación, en la Procuraduria ad hoc Lava Jato, que apelarian la decisión del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Mientras, a las afueras de la institución, las voces de los ciudadanos se hacían escuchar, en respaldo a los fiscales, el pasado 1 de enero.
Los fiscales Vela y Pérez declararon a los medios de comunicación, en la Procuraduria ad hoc Lava Jato, que apelarian la decisión del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Mientras, a las afueras de la institución, las voces de los ciudadanos se hacían escuchar, en respaldo a los fiscales, el pasado 1 de enero. Audrey Córdova Rampant / France 24

El Ministerio Público de Perú vive una crisis provocada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quién decidió en la noche del 31 de diciembre del 2018 reemplazar a dos fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato.

Anuncios

Desde el lunes 31 de diciembre del 2018 el sistema de justicia peruano se ve conmocionado por una crisis provocada por un hombre: el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Esa tarde el jefe de la Fiscalía del Perú anunció en una conferencia de prensa que no ratificaría la permanencia de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez dentro del equipo especial a cargo de la investigación a la constructora brasileña Odebrecht, y los sobornos a políticos y ejecutivos peruanos.

Concluyó su ponencia con los argumentos siguientes para justificar su decisión: la “falta de respeto a la jerarquía institucional” y la falta de “guardia de la reserva” sobre los casos en investigación.

“El fiscal Pérez procedió a través de entrevistas a medios de comunicación a cuestionar mi elección en el cargo”, exponía.

Chávarry argumentó además que los dos fiscales no cumplieron “con la entrega de información sobre las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato”, que él había solicitado al grupo especial.

“Se trata de una decisión subjetiva y personalizada. Una persecución violenta contra los fiscales”, declaró Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, en una conferencia organizada el día siguiente por varias instituciones y asociaciones con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en defensa de los fiscales.

Esto sucedió dos semanas antes de que llegara la información por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht. El 11 de enero los fiscales peruanos iban a proceder con la firma del acuerdo con la empresa. Sin embargo, la cita ha sido retrasada por la crisis en el Ministerio Público.
 

El fiscal Pedro Chávarry (medio) acompañado por el fiscal Frank Almanza Altamirano (izquierda) y el fiscal Marcial Páucar Chapa (derecha), en la conferencia de prensa del 31 de diciembre del 2018.
El fiscal Pedro Chávarry (medio) acompañado por el fiscal Frank Almanza Altamirano (izquierda) y el fiscal Marcial Páucar Chapa (derecha), en la conferencia de prensa del 31 de diciembre del 2018. Cortesía: Eddy Ramos / Agencia Andina

¿Síntoma de precariedad de las instituciones democráticas?

Según Yván Montoya, asesor general del Instituto de Democracia y de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exjefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, las presiones a los fiscales por parte del ejecutivo, legislativo siempre han existido con el fin de “ocultar algo”.

“En Latinoamérica, por ejemplo, ha pasado algo parecido en Brasil sobre el caso Lava Jato, donde la Procuraduría federal ha tenido serios problemas con propuestas de leyes que iban a emitir el archivamiento de casos, pero gracias a la opinión pública esto no sucedió”, explica.

Montoya recuerda que la precariedad de las instituciones democráticas en la región es aún persistente a pesar de las renovaciones en las últimas décadas.

“Se necesitan políticas de integridad, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para lograr un control mutuo, así como en los órganos autónomos constitucionales”, asegura.

En Perú, la Constitución de 1993 estipula que el fiscal de la Nación es elegido por la junta de fiscales supremos, por un periodo de tres años.

Además, el decreto legislativo 52, que corresponde a la ley orgánica del Ministerio Público fue promulgada en 1981, y a su vez especifica que según el artículo 37:

“El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos”.

A pesar de que la ley haya sido modificada en las últimas décadas, para Montoya, este texto es vetusto: “Es una ley vertical, derivada de una relación con el poder Legislativo. Por esta razón existen pocas salidas frente a esta crisis”.

Para el exfiscal supremo Avelino Guillén, esto es lo más parecido a lo que sucedió en la época de la dictadura de Alberto Fujimori.

“Yo no recuerdo antecedentes similares durante el periodo democrático”, cuenta. “No recuerdo la existencia de una injerencia y pretensión de dirigir investigaciones como en la época de la dictadura entre 1992 y 2000, donde la exfiscal de la nación Blanca Nélida Colán apartó a fiscales de casos con el fin de designar a dedo a otros fiscales que eran más afines políticamente al régimen”.

¿Qué posibles escenarios quedan para el sistema judicial peruano?

Después del anuncio de Pedro Chávarry, el mismo 31 de diciembre del 2018, los fiscales fiscal Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez se presentaron al Ministerio Público para realizar el lacrado de los documentos de la investigación Lava Jato con el fin de proteger las evidencias y documentos recabados hasta la fecha.  

Vela y Pérez, acompañados por otros tres miembros del equipo especial, dieron una conferencia de prensa en la Procuraduría ad hoc Lava Jato el día 1 de enero del 2019, en la que anunciaron que apelarían la decisión de Chávarry y que por lo tanto no procederían con la entrega de los documentos del caso.

El día 2 de enero del 2019 Martín Vizcarra acudió al Congreso para presentar un proyecto de ley que, de aprobarse, declararía el Ministerio Público en emergencia.

Ese mismo día, dos de los cinco fiscales supremos, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalo, solicitaron  la renuncia de Pedro Chávarry, también miembro de la Junta.

Los dos fiscales supremos declararon que el retiro anunciado de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez del caso Odebrecht “constituyó una grave intromisión en las investigaciones de un caso emblemático de interés nacional” y afectó “el desarrollo regular de la investigación generando caos”.

Sostuvieron que el proceder del fiscal de la Nación “vulneró la imagen del Ministerio público” afectando su “credibilidad y generando desconfianza” tal como se puede leer en el comunicado. El jueves 3 de enero, volvieron a solicitar a Chávarry que reúna la junta de fiscales supremos frente a la urgencia de tomar decisiones por la crisis en la institución. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del fiscal de la Nación.

Los dos fiscales que iban a reemplazar a Vela y Pérez, desistieron de asumir los cargos el día 2 de enero.

A raíz estos hechos, Pedro Chávarry dio marcha atrás y ratificó la  permanencia del fiscal Rafael Vela Barba como Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales y por lo tanto dejó sin efecto lo anunciado el 31 de diciembre 2018. La nueva resolución fue publicada este jueves 3 de enero del 2019 en ‘El Peruano’, diario oficial del Estado.

Mientras tanto, miles de peruanos salieron a las calles en todo el país, durante estos cuatro días, con el fin de reclamar la renuncia del fiscal de la Nación.

“Por ahora existen tres escenarios posibles”, explica Yván Montoya, abogado del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. “El primero, que el señor Chávarry renuncie a su cargo. La segunda opción, que la Junta de Fiscales Supremos vote a favor de la remoción del fiscal”.

Este segundo escenario es más complejo, pues la junta está conformada por cinco fiscales supremos. Dos de ellos, mencionados líneas arriba, Sánchez y Ávalo, ya se pronunciaron a favor de la remoción del jefe de la Fiscalía peruana.

El tercer fiscal supremo es el mismo Pedro Chávarry.

Por último, los otros dos fiscales aún no se pronuncian. Se trata de Tomás Gálvez y de Víctor Rodríguez, ambos mencionados en la carpeta fiscal N° 119-2018, donde están sindicados, junto con Pedro Chávarry, como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos de Puerto”.

Esta organización criminal fue revelada a partir de la segunda mitad del año 2018, a través de la difusión de audios verificados y corroborados por el medio de investigación ‘IDL-Reporteros’, quien reveló el caso de los CNM audios, una red de corrupción dentro del Poder Judicial. Estos audios son parte de una investigación fiscal que ordenó la escucha legal de jueces, fiscales, abogados y empresarios vinculados a esta organización criminal.

“El último escenario sería que la ley que declararía el Ministerio Público en emergencia se apruebe y por lo tanto se suspendan todos los fiscales supremos”, añade Montoya.

Aquí el abogado menciona algunos problemas constitucionales: el primero, que el fiscal de la Nación es elegido por tres años, tal como estipula la Constitución. Lo segundo, que, para respetar la autonomía del órgano constitucional, se haga una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público con la posibilidad de integrar a los fiscales supremos adjuntos.

Para el exfiscal supremo, Avelino Guillén, una reforma integral del sistema de justicia es necesaria. “Necesitamos un nuevo organismo que enmarque la elección de jueces y fiscales, sin injerencias empresariales, poderes económicos o políticos”, insiste.

Es preciso recordar que desde el pasado 9 de diciembre, a través de un referendo, los peruanos decidieron cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Por lo que, hasta la fecha no existe aún ningún ente regulador de los jueces y fiscales.

“Lamentablemente, está todo por hacerse en el sistema de justicia peruano. Ahora estamos frente a una falta de seguridad jurídica. La permanencia del fiscal Chávarry y de los dos fiscales también investigados, impide que se realice la labor de búsqueda de la verdad”, insiste Guillén.

Desde el Colegio de Abogados de Lima existe una cuarta opción. Y es que desde noviembre pasado la institución está a la espera de que se ratifique un procedimiento disciplinario en contra de Chávarry.

Hasta la fecha, dos de los cinco consejeros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) firmaron el documento: Walter Ayala, presidente del CAL y Catalina Vera. Faltaría una firma.

La ratificación de este documento por parte del CAL permitiría la temporal suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación y que el CAL lo investigue. Por lo tanto, tampoco podría mantenerse en el cargo de jefe de la Fiscalía del Perú por este tiempo.

Sin embargo, los otros consejeros aún no se pronuncian.

documento del CAL del pedido de procedimiento disciplinario

CAL LIMA by on Scribd

¿Qué pasará con las investigaciones del caso Lava Jato?

Los fiscales Vela y Pérez confirmaron el jueves 3 de enero que las diligencias y reuniones del caso Lava Jato ya se habían postergado a raíz de la crisis en la institución.

“¿Quién va responder por eso? Estos hechos pueden afectar la decisión en la participación de los testigos protegidos pero también ha perjudicado la posibilidad de tener a nuevos colaboradores eficaces”, cuestiona Guillén.

Guillén recuerda que hacer público el acuerdo con la empresa Odebrecht podría afectar las negociaciones con las otras empresas involucradas en el caso de corrupción.

Finalmente, el retraso en las investigaciones, en la suscripción final de los acuerdos, así como de las diligencias, es otro impacto negativo de esta crisis, añade el exfiscal.

Para Yván Montoya, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, si la ley que declara en emergencia al Ministerio Público es aprobada, siempre y cuando se respete la autonomía de la institución, es decir no se convierta en una decisión inconstitucional, “en dos o tres semanas se podría reforzar la seguridad de las investigaciones, lo que a su vez permitiría asegurar los colaboradores en su ratificación”.

“Es importante que se discuta y converse este proyecto para evitar una inconstitucionalidad. Sin embargo, es interesante la medida que el Ejecutivo ha presentado”, coincide el exfiscal Guillén.

“Se puede notar una indignación activa e intensa por parte de los ciudadanos que se mantienen en alerta”

Este anuncio de último minuto, a pocas horas de acabar el año 2018, recordó a los peruanos lo que sucedió el año anterior, el 24 de diciembre del 2017, cuando el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczsynski, decidió otorgar el indulto al expresidente y dictador Alberto Fujimori, quien estaba cumpliendo una condena de 25 años por crímenes cometidos durante el conflicto interno armado.  

Esto hizo que una hora después del anuncio del fiscal de la Nación miles de peruanos salieran a las calles y plazas de las principales ciudades del país para manifestar su respaldo a los fiscales Vela y Pérez.  

La mañana siguiente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos organizó una conferencia de prensa con varias asociaciones, grupos políticos y ciudadanos con el fin de hacer un llamado a la desobediencia de los fiscales en el Ministerio Público, solicitar al Ejecutivo que se declare en emergencia la institución, y por último que el Congreso no respalde más al fiscal de la Nación.

“Se puede notar una indignación activa e intensa por parte de los ciudadanos que se mantienen en alerta y vigilantes durante todo el proceso”, celebra el exfiscal Guillén. “Que los peruanos hayan salido a la calle, el 31 de diciembre del 2018,  en una época de fiestas de fin de año es un hecho memorable. Se está produciendo un cambio en la sociedad peruana”.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.