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Corrupción, violencia e impunidad, las 'cruces' de Centroamérica

Un expatriado nicaragüense enseñando una cruz en señal de resistencia durante la “Caravana por la Libertad y la Justicia” que se llevó a cabo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua el 16 de diciembre de 2018.
Un expatriado nicaragüense enseñando una cruz en señal de resistencia durante la “Caravana por la Libertad y la Justicia” que se llevó a cabo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua el 16 de diciembre de 2018. Juan Carlos Ulate / Reuters

Nicaragua, Guatemala y El Salvador se han convertido en naciones unidas por algo más que la proximidad territorial. La corrupción y la violencia aquejan a estos países centroamericanos en los que los ciudadanos migran para huir de la muerte.

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En Nicaragua nada coincide. Ni las cifras de los muertos. Ni las de los heridos. Ni las de los secuestrados. Ni las de los liberados. Nada. Desde el 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien justamente en ese mismo mes cumplirá 12 años continuos en el poder, la crisis se apoderó de la vida.

En las calles, cientos de manifestantes demostraron que, en un país reprimido, protestar es eso: salir con vida para retar a la muerte. Esa que muchas veces llega tras las balas de la misma autoridad, a manos de un policía o bajo la sombra de un militar.

A la hora de cuantificar el impacto, ninguna versión concuerda. Mientras que el Gobierno parece eternizar su reporte de solo 199 víctimas en las protestas, tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo responsabilizan del fallecimiento de más de 300 nicaragüenses.

Para los orteguistas la verdad incluye 101 muertos menos que para el Acnudh y la CIDH. Pero, entre versión y versión, la cifra sigue subiendo. Ortega se mantiene firme. Niega que haya más. A pesar de eso, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) asegura que en la cuentas del mandatario faltan 362, por lo menos.

En un informe preliminar que describe las consecuencias de las protestas cívicas nicaragüenses, la ANPDH precisa que entre el 23 noviembre de 2018 y el 3 de enero de 2019 el número de fallecidos aumentó de 545 a 561 casos: 41 días que, según esta organización, habrían cobrado la vida de 16 manifestantes más.

Y es que para la ANPDH todo se elevó, hasta la cantidad de heridos. En el mismo periodo, los primeros habrían pasado de 4.533 a 4.578 y 1.336 de los que lograron salir ilesos, habrían sido secuestrados por paramilitares.

El citado informe es tan crudo como claro. Señala que quienes no están en una tumba, estuvieron tras las rejas, como los 472 manifestantes que solo pudieron salir de ellas a través de la gestión de la Iglesia Católica y de dicha organización.

De la crisis nicaragüense a la violencia salvadoreña

Solo a unos 600 kilómetros hacia el norte, la distancia promedio de un viaje por carretera entre Nicaragua y El Salvador, el panorama es similar. En el país gobernado por Salvador Sánchez Cerén desde junio de 2014, la encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) reveló que, a la primera semana de enero de 2019, había allí 235.700 desplazados por la violencia y que 85.300 de ellos acarician la idea de migrar hacia Estados Unidos, Canadá o pedir refugio en alguna nación europea.

En El Salvador, el conflicto estaría dejando una profunda huella entre los más vulnerables: los niños. Los resultados de la encuesta advierten algo preocupante, 122.000 menores de edad habrían tenido que ser trasladados de escuela por temor a convertirse en víctimas y al menos el 5,8% de los habitantes tendría en su familia a un adolescente amenazado.

Es evidente. El caso salvadoreño tiene un tinte aún más particular. En este, el Gobierno prefiere el silencio. Para la Administración de Sánchez, el reconocimiento de las víctimas no figura como una prioridad, por lo que esta encuesta, que contó con el acompañamiento de la Organización Centroamericana de Derechos Humanos (Cristosal), indica que el 92% de la población admite que la creación de programas de reparación es una necesidad.

En materia de desplazamiento, la cuota salvadoreña es alta. La Cristosal estima que un tercio de los 250.000 desplazados internos centroamericanos es precisamente de allí, un territorio al que la guerra civil marcó inevitablemente entre 1980 y 1992, dejando cerca de 75.000 muertos y desaparecidos.

De la violencia salvadoreña a la corrupción guatemalteca

Si en Nicaragua y El Salvador la violencia mata tanto como el hambre, en Guatemala lo hace la corrupción. A pesar de los esfuerzos por controlar este vil flagelo que llena las arcas de particulares a expensas de las del pueblo, la historia de la preponderancia del poder por sobre la justicia aún no llega a su fin. Al menos así lo muestra el XI Informe Anual de Labores publicado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El reporte difundido por este organismo el nueve de noviembre de 2018, sesenta días antes de que el presidente Jimmy Morales decidiera ponerle fin al acuerdo con Naciones Unidas para postergar el trabajo iniciado en el país por la Cicig desde 2017, enfatiza en la urgencia de fortalecer la independencia judicial.

Ante la pregunta de si es posible alcanzar ese nivel de independencia jurídico en Guatemala, el documento destaca que los sesenta “núcleos” o estructuras de poder enquistados al interior de los cuerpos políticos mantienen a la justicia en una especie de captura útil únicamente para su conveniencia.

Se trata de una centena de casos presentados por la Cicig de los cuales deriva el inicio de procesos en contra de 680 ciudadanos, muchos de ellos rostros conocidos por los guatemaltecos, y otros tantos líderes que manejaban los oscuros hilos de aquel teatro en el que todo tipo de funcionarios hicieron las veces de títeres durante los últimos once años.

Más allá de las muertes, de las tumbas, del dolor. Más allá de la crisis nicaragüense, de la violencia salvadoreña y de la corrupción guatemalteca, se alzan tres banderas independientes, pero unidas por tres males que amenazan con consumirlas de no contar con el respaldo de comunidad internacional. Tres cruces que pesan en los hombros del pueblo, tres cruces llamadas corrupción, violencia e impunidad.

Con EFE

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