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Los obstáculos para investigar la corrupción en Perú

El juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia en la Sala Penal Nacional de Perú.
El juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia en la Sala Penal Nacional de Perú. Eddy Ramos / Andina

El juez que estaba a cargo de la investigación preparatoria a Keiko Fujimori fue apartado de este caso y de otros dos por los que se investigan a la opositora. En Perú no hay control a fiscales y jueces por falta de la Junta Nacional de la Justicia.

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Cuando parecía que la calma había regresado al sistema de justicia peruano, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional decidió apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación preparatoria a Keiko Fujimori Higuchi en el caso Cócteles, pero también de la investigación a la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” de la constructora brasileña Odebrecht y las aportaciones de esta misma empresa en su campaña a la elección presidencial en 2011.

En noviembre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva a Keiko Fujimori por 36 meses por concluir que existía una sospecha grave de delito por lavado de activos en una organización criminal.

La recusación de Carhuancho fue aprobada a raíz de la apelación que presentó el abogado de Jaime Yoshiyama, investigado junto a Keiko Fujimori y otros actores políticos de su partido. Yoshiyama, actualmente con orden de prisión preventiva, se encuentra prófugo de la justicia peruana.

“La norma no prohíbe que una persona con esta condición jurídica pueda interponer los recursos que considere conveniente para el ejercicio de su defensa. Y de ese proceso ha hecho uso su abogado defensor”, explica el exfiscal supremo Avelino Guillén.

La recusación es un mecanismo establecido por la ley para separar un juez de un caso por su falta de parcialidad en un proceso. Sin embargo para Guillén no se realizó un debido proceso.

La defensa de Yoshiyama argumentó la imparcialidad de Carhuancho con base a declaraciones que el juez hizo en un medio de comunicación.

“No aportaron más pruebas. Y la Segunda Sala de Apelaciones Nacional se basa solo en lo que presentó una parte”, añade Guillén. “Si se considera que un juez no es parcial, esto debe ser acreditado, con un motivo fundado y probado”.

La abogada Cruz Silva, de Justicia Viva - IDL, añade que no se procedió a pedir la opinión de la Fiscalía ni tampoco a realizar una audiencia en la que se puedan escuchar las partes.

“La sala ha faltado en su procedimiento. No ha procedido en analizar cómo el juez ha actuado en las audiencias, cómo ha sido su motivación, y si ha tenido alguna relación o actos con los denunciados o denunciantes. Estos elementos que definen la imparcialidad no han sido abordados”, sostiene Silva.

La abogada explica que la recusación de un juez que investiga a personajes políticos no ha sido tan frecuente. “Pareciera que se aplica un doble estándar cuando apelan los fiscales o los denunciados”.

La bola de nieve con el presidente Vizcarra

El pasado domingo 13 de enero, un programa de televisión peruano difundió una nota en la que mencionaba que la empresa C Y M VIZCARRA S.A.C. había sido proveedora en 2006 y 2008 del consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht y otras empresas (Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales), hoy en día investigadas.

El reportaje explicaba que en ese momento, Martín Vizcarra, actual presidente del Perú, era socio fundador y gerente de operativos de esa empresa. La compañía en ese momento alquiló maquinaria al consorcio.

En el reportaje se puede ver que el día 9 de enero, el presidente Martín Vizcarra negó en una conferencia de prensa que la empresa C Y M VIZCARRA S.A.C. había tenido cualquier contrato con Odebrecht.

La falta de claridad del presidente Vizcarra creó esta bola de nieve, a pesar de que la contratación como proveedor de la empresa no sea ningún delito. Martín Vizcarra no era funcionario público en esa época.

“Sin embargo, eso no quiere decir que la ciudadanía no puede exigir cuentas al presidente. Debe explicar por qué mintió y cuál es la verdad de esa relación con Odebrecht”, sostiene la abogada Cruz Silva.

La Comisión de Fiscalización del Congreso decidió que investigará el consorcio Conirsa al haber sabido de la contratación la empresa C Y M VIZCARRA S.A.C.

“Me parece que esta investigación está orientada al presidente en un momento clave en el cual se va proceder a la firma del acuerdo final con Odebrecht, así como con las próximas diligencias en Brasil”, comenta Avelino Guillén.

Un lento quórum para la nueva Junta Nacional de Justicia

Mientras tanto, el país no tiene un ente fiscalizador de los fiscales y jueces. A raíz del referendo del pasado 9 de diciembre del 2018, donde los peruanos votaron a favor de tres grandes reformas en el sistema judicial y político, se decidió reformar el Consejo Nacional de Magistratura y crear un nuevo ente: la Junta Nacional de Justicia.

A pesar de la urgencia de este tema, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no logró el quórum durante los tres días que se reunió para votar el predictamen de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Finalmente, en la tarde del viernes 18 de enero se logró la cantidad de parlamentarios para proceder a la votación. El siguiente paso es que la Comisión de Constitución del Congreso también la revise para luego poder llevar el debate al pleno. Las reformas en la justicia y el sistema político que los peruanos eligieron, unas para combatir la corrupción, dependen ahora de lo rápido que el Congreso debata estas propuestas.

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