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El panorama de DD.HH. en Latinoamérica

 Los colombianos sostienen velas y letreros que dicen "Ni muerto más" mientras protestan contra el asesinato de líderes sociales en la plaza Bolívar en Bogotá el 6 de julio de 2018. La ONU instó al jueves al gobierno colombiano a reforzar las medidas de seguridad de los activistas un día después de que la Defensoría del Pueblo informó que 311 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.
Los colombianos sostienen velas y letreros que dicen "Ni muerto más" mientras protestan contra el asesinato de líderes sociales en la plaza Bolívar en Bogotá el 6 de julio de 2018. La ONU instó al jueves al gobierno colombiano a reforzar las medidas de seguridad de los activistas un día después de que la Defensoría del Pueblo informó que 311 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018. Joaquin Sarmiento / AFP

La violencia, la discriminación a las minorías, la impunidad y la crisis humanitaria de los migrantes se intensificó en América Latina según el último informe de Human Rights Watch.

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En julio de 2016, la Policía de Argentina detuvo a Milagro Sala, una líder social en la provincia de Jujuy. La acusaron de incitar las protestas en las calles y de sedición. Sala había organizado una marcha contra un decreto presidencial que buscaba regularizar organizaciones civiles que usaban fondos públicos. A comienzos de este año, la lideresa ya detenida, fue condenada a 13 años de prisión.

Este es uno de los casos que la organización Human Rights Watch expone en su último informe para denunciar los abusos y el estado de los derechos humanos en la región que tiene la mayoría de las ciudades más violentas del mundo.

Pero la situación en Argentina no es exclusiva. En la mayoría de los países latinoamericanos es factor común el abuso de la autoridad, además la impunidad, la violencia y la discriminación contra los sectores más vulnerables.

Impunidad, combustible del homicidio

En Brasil, la principal economía de la región, el panorama es más que preocupante. La impunidad, como en varios países latinoamericanos, es combustible del homicidio. Según denuncia la organización, solo en el caso de crímenes cometidos por la propia fuerza pública. Los oficiales de policía, en servicio o no, mataron 5.144 personas en 2017. Y por ley, cualquier proceso de oficiales de las fuerzas armadas acusados de ejecuciones extrajudiciales de civiles es trasladado a cortes militares. Las leyes internacionales, como denuncia HRW, exigen que este tipo de casos sean juzgados por civiles.

Y no fue lo único. El presidente de entonces, Michel Temer, transfirió la responsabilidad de la seguridad pública en Río de Janeiro al Ejército. En diciembre de 2018 no se veía ninguna mejoría, los homicidios generales subieron al 2 % mientras que los asesinatos de las fuerzas de la ley se incrementaron en un 44% Uno de esos asesinatos sacudió la opinión pública, la de la concejala Marielle Franco y su conductor, una férrea defensora de los derechos de las minorías y denunciante de los abusos de la policía en las favelas.

En México el clima es desolador. El informe de HRW lo resume así: “El presidente Andrés Manuel López Obrador heredó una catástrofe humanitaria con profundas raíces en la extrema violencia del crimen organizado y el abuso de los militares y la policía.”

Y una de las situaciones más preocupantes es la práctica extendida de desaparición forzada. “La impunidad por esos crímenes sigue siendo la norma” concluye el informe.

En octubre de 2018, el ministro del Interior describió que se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desde 2006. “Más de 3.900 cuerpos han sido encontrados en 1300 tumbas clandestinas desde 2007.”
La impunidad es un patrón común. A agosto de 2018, solo se habían presentado cargos en 11 casos de desaparición forzada.

Ni siquiera Colombia, que firmó un acuerdo de paz en 2016 con la guerrilla más grande y longeva de Latinoamérica, tiene un respiro.

En 2018, como explica el informe, la violencia asociada con grupos armados aumentó y no son pocos: los civiles sufren en las manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los sucesores de los grupos paramilitares.

Y si bien ese país no muestra cifras altas como las de los peores años de la guerra, si evidencia un preocupante aumento de crímenes focalizados en actores claves de la sociedad civil: Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas.

La crisis migratoria más grave

Y además de la violencia, la crisis humanitaria del flujo migratorio proveniente de Venezuela preocupa a las principales entidades. Latinoamérica vive la más grave crisis migratoria de su historia y Colombia, de lejos, ha recibido la mayoría de quienes huyen del colapso social y económico del país vecino. Por lo menos un millón de personas se mudaron de Venezuela a Colombia entre marzo de 2017 y junio de 2018.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido ejemplar en un mundo cada vez con más muros y gobiernos nacionalistas. Colombia creó permisos especiales que permiten a los migrantes venezolanos entrar legalmente, tener permisos de trabajos y acceder a los servicios públicos básicos. Solo en julio de 2018, se otorgaron más 400.000 permisos a migrantes irregulares.

La crisis venezolana cada vez se complejiza y se agrava.

En mayo, el presidente Nicolás Maduro ganó la reelección a pesar denuncias sobre falta de imparcialidad y garantías para la oposición en los comicios.

En el informe HRW señala: “el Gobierno ha estado reprimiendo la disidencia a través de la represión a menudo violenta de protestas en las calles, encarcelando a los opositores y procesando a civiles en tribunales militares”

La convulsa situación política, sumada a la hiperinflación, escasez de medicamentos y alimentos ha desencadenado el éxodo masivo de venezolanos por todos los países de Latinoamérica.

No es muy distinta la situación en Nicaragua. Las protestas contra su Hobierno fueron respondidas con una cruenta represión denunciada por todos los organismos de derechos humanos: 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de personas arrestadas arbitrariamente.

El informe explica “una enorme concentración de poder del ejecutivo le ha permitido al presidente del gobierno de Daniel Ortega cometer abusos contra los críticos y los oponentes con total impunidad.”

En los países vecinos, más estables políticamente, la crisis humanitaria es incluso peor. Ya son frecuentes las imágenes de miles de migrantes caminando hacia Estados Unidos provenientes especialmente de Honduras y El Salvador.

El Salvador tiene una de la tasa de homicidios más alta del mundo. La extorsión y la violencia de las bandas criminales es extendida en todo el país. “Ellos reclutan a la fuerza a niños y someten a algunas mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) a la esclavitud sexual. Las pandillas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes las resisten, incluidos los funcionarios del gobierno, las fuerzas de seguridad y los periodistas”, denuncia HRW.

Las cifras son contundentes. En 247 de los 262 pueblos hay por lo menos 60.000 miembros de las bandas criminales.

En Honduras la violencia también está extendida. A pesar de una disminución en la curva de homicidios, sigue siendo uno de los países más violentos. Y las autoridades parecen incapaces de revertir la situación: “la corrupción y el abuso hacen el poder judicial y la policía ineficaces. La impunidad y los abusos a los derechos humanos es la norma.” sentencia HRW.

Impunidad, violencia y abusos de autoridad son algunos de los patrones comunes de la región según Human Right Watch, una situación que no es ajena al empeoramiento de los derechos humanos en el mundo.

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