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Ecuador: autoridades pedirán certificado de antecedentes a los migrantes venezolanos

La ministra de Interior de Ecuador, María Paula Romo, durante la rueda de prensa ofrecida en Ibarra, en el norte de Ecuador, tras una reunión con altos mandos policiales a raíz del asesinato de una embarazada por un venezolano. Enero 21 de 2019.
La ministra de Interior de Ecuador, María Paula Romo, durante la rueda de prensa ofrecida en Ibarra, en el norte de Ecuador, tras una reunión con altos mandos policiales a raíz del asesinato de una embarazada por un venezolano. Enero 21 de 2019. EFE

Tras el asesinato de una embarazada ecuatoriana a manos de un venezolano, las autoridades confirmaron que pedirán la presentación del certificado de antecedentes penales apostillado a los migrantes de ese país.

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Ante el asesinato de una embarazada ecuatoriana en la población de Ibarra, en el norte de ese país, a manos de su pareja, un ciudadano de origen venezolano, el Gobierno confirmó el endurecimiento de las medidas migratorias.

Otto Sonnenholzner, el vicepresidente de Ecuador, confirmó a través de su cuenta de Twitter que a los venezolanos que busquen ingresar a esa nación les pedirán la presentación del certificado de antecedentes penales debidamente apostillado.

En su declaración oficial, el vicepresidente Sonnenholzner precisó que agotaron los esfuerzos para que el Gobierno de Venezuela les entregara las bases de datos que les permitieran verificar la información judicial de quienes llegan a Ecuador, afirmación que fue controvertida por el canciller Jorge Arreaza:

Un día después del registro del feminicidio ocurrido el 19 de enero, el presidente Lenín Moreno advirtió la creación de brigadas de control para el ingreso de los migrantes de dicha nacionalidad.

Frente a ambos anuncios, la ONG Red Nacional de Derechos Humanos señaló que le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la activación de medidas que permitan "proteger" a dichos migrantes del que califican como un acto de xenofobia.

De acuerdo con la citada ONG, estas restricciones constituyen un accionar discriminatorio contrario a lo estiputado en los Tratados Internacionales de Protección a los Derechos Humanos, debido a que "no se debe criminalizar ni generalizar por hechos delictivos individuales a todos los migrantes".

Con EFE y Reuters

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