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Perú: los cinco puntos clave sobre la reforma laboral de Vizcarra que preocupa a los trabajadores

La Política Nacional de Competitividad y Productividad fue emitida desde el Ministerio de Economía.
La Política Nacional de Competitividad y Productividad fue emitida desde el Ministerio de Economía. Cortesía Agencia Andina

El presidente peruano promulgó un decreto sobre competitividad y productividad, anunciando que combatirá el trabajo informal. Sin embargo, los sindicatos alertan que pone en peligro los derechos laborales de los trabajadores formales.

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“No dejaremos de luchar por nuestros derechos laborales”, le dijo a France 24, Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

A raíz de la publicación del decreto supremo 345-2018-EF el día 31 de diciembre del 2018, que corresponde a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, los gremios de los trabajadores y sindicatos peruanos lamentan la falta de diálogo en la elaboración de este texto. Los sindicatos alertan que este documento reduciría los derechos laborales de los trabajadores formales. ­

Esta política que propone nueve objetivos para impulsar la competitividad y la productividad, desde fortalecer el capital humano, crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, generar las condiciones para tener un ambiente de negocios productivo hasta promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas.

1. Reducir el trabajo informal: Este texto ha sido anunciado como la reforma para combatir la informalidad laboral en el país. En el año 2017, la población peruana ocupada en empleo informal alcanzó el 72,5% del total de ocupados. Es decir, un 27,5%, se encontraba laborando en empleos formales según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares.

El decreto menciona que “cuando los mercados laborales exhiben una dualidad marcada por la presencia de un número reducido de trabajadores que disfrutan de protección y beneficios laborales, y una mayoría que no, la productividad se ve perjudicada por la desmotivación de la fuerza laboral y la reducción de la inversión de las empresas”.  

­Sin embargo, no están claros los mecanismos que serán utilizados para reducir esta situación, asegura una fuente cercana al Ministerio del Trabajo del Perú que no quiso ser identificada.

2. Eliminar los sobrecostos para mejorar la competitividad: La política nacional aprobada por el presidente Martín Vizcarra hace referencia en su diagnóstico al alto costo laboral no salarial para las empresas en el momento de emplear. El texto compara estos costos con los de Chile, Colombia y México, en los que son más bajos.

“Lo que quiere decir es que en el Perú es difícil y caro contratar formalmente o a tiempo indefinido”, explica el economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera.

“Para contratar un trabajador formal tenemos que pagar el sueldo regular, pero a eso se debe sumar el 9% de AFP (pensiones), 30 días de vacaciones, a eso las dos gratificaciones, a eso la compensación por tiempo de servicios. Entonces termina siendo un salario, a fin de año, mucho más alto que el salario bruto mensual regular”, detalla.

Según Macera, el Gobierno no deja claro cuál va ser el camino y la reforma sin que esta perjudique a los trabajadores.

“Hay muchas cosas en el mercado laboral que se pueden corregir y que no hacen parte necesariamente de los sobrecostos laborales”, añade el economista.

La fuente cercana al Ministerio del Trabajo menciona que este diagnóstico ha sido mal diseñado al decir que las causas de la informalidad son laborales, ya que no considera otros factores responsables, como el alto costo tributario o la falta de acceso al crédito.

“Ellos aducen que somos sobrecostos. Pero no son sobrecostos, son gastos que obviamente tienen que gastar en nosotros porque estamos haciendo un trabajo. Y todo trabajo por derecho fundamental humano tiene que ser remunerado”, recalca Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

3. El despido arbitrario expuesto como un límite a la contratación: Esta política nacional presenta como otro obstáculo el sistema de contratación y de despido, al mencionar que la falta de contratación a plazo indefinido se da por el alto costo que deben pagar las empresas al despedir de manera arbitraria a sus trabajadores.

“Existe una situación en la que hay un poder unilateral del trabajador para seguir o no con la relación laboral. En este sentido el trabajador tiene toda la capacidad para decidir. El empleador en este caso no tiene ninguna facultad. Al final lo que pasa es que no hay muchos contratos indefinidos”, argumenta Diego Macera del Instituto Peruano de Economía.

En Perú, cuando un trabajador del régimen general, contratado a tiempo indefinido, es despedido de manera arbitraria, tiene derecho a percibir un mes y medio por año trabajado.

Esta compensación permite al trabajador tener una reserva, ya que en el país no existe un sistema de paro como Francia o España, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Tener un sistema de paro como estos países es por ahora inviable por la alta informalidad en nuestro país”, asegura Macera.

Conferencia del Ministro de Economía, Carlos Oliva, con la prensa extranjera.
Conferencia del Ministro de Economía, Carlos Oliva, con la prensa extranjera. Audrey Cordova Rampant / France 24

4. Críticas por la falta de diálogo: Sobre si hubo reuniones previas entre el Gobierno con los sindicatos, Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores de Perú, niega que en algún momento haya habido diálogo durante la elaboración del documento:

“Esto es algo que reprochamos. En algún momento (el presidente Vizcarra) hubiera llamado a los trabajadores y nos hubiera al menos avisado sobre este proyecto para conversar. El presidente dice que está abierto al diálogo pero no lo vemos”.

El Ministro de Economía, Carlos Oliva, recibió a la prensa extranjera en el Perú, el pasado jueves. France 24 le preguntó sobre las críticas por la falta de diálogo.

“Deben recordar que los lineamientos de esta política estuvieron prepublicados durante más de dos meses (…) para tener los comentarios de las personas que pudieran aportar. No salió de un día para otro. De hecho recibimos comentarios de una serie de actores. Descarto que no haya habido diálogo. Si hay gente que no ha dialogado es porque no ha querido o no se enteró en su momento”, se defendió Oliva.

A finales de noviembre de 2018, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos, organizado por el Instituto Peruano de Administración de Empresas que reúne empresarios, ejecutivos, políticos y académicos con el fin de debatir sobre los aspectos y problemáticas socio-económicas del país, el presidente Martín Vizcarra había declarado entonces en su discurso de apertura lo siguiente:

“Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial que duplica, y hasta triplica, el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Por consecuencia el empleador opta por contratos temporales que desprotegen al trabajador, que además dificulta la acumulación de experiencia que incide en la mejora de la productividad”.  

Unas semanas después esta declaración renunció el Ministro del Trabajo, entonces a cargo de este sector, Christian Sánchez.

Según la CGTP, Sánchez se había reunido con ellos para informarles del contenido del documento. “Él nos comentó de la propuesta, de que era una transgresión y era muy lesiva para los trabajadores”, comenta Carmela Sifuentes. ­

5. Próximas fechas: El pasado 15 de enero, sindicatos y varios sectores marcharon en contra de esta política nacional. Si bien falta el plan nacional para aplicarla, se espera que este plan pueda surgir de un debate a profundidad en el Consejo Nacional del Trabajo.

“Hemos apostado por el diálogo y hemos ido, la semana pasada, a conversar con presidente del Consejo de Ministros del Perú, el señor Villanueva y con la señora Ministra del Trabajo. Y les dimos nuestra posición”, cuenta Carmela Sifuentes presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Carmela Sifuentes anuncia que en la próxima asamblea nacional de delegados, el 15 de febrero, se anunciará posiblemente un paro cívico nacional. “Esto no afecta solo los trabajadores sino a todos los peruanos”, sentencia.

Según una encuesta de Datum, publicada este enero, solo el 21% de los peruanos tienen conocimiento de esta política nacional que será llevada al Consejo Nacional del Trabajo.

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