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En Colombia más de 4.000 líderes sociales deben usar esquemas de protección

Un hombre da un discurso durante una manifestación que exige esfuerzos para continuar las conversaciones de paz entre el Gobierno y las guerrillas del ELN, en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia, el 25 de enero de 2019.
Un hombre da un discurso durante una manifestación que exige esfuerzos para continuar las conversaciones de paz entre el Gobierno y las guerrillas del ELN, en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia, el 25 de enero de 2019. Joaquim Sarmiento / AFP

En medio del asesinato de defensores de derechos humanos, el Gobierno colombiano dijo que en su país miles de líderes deben ser protegidos y culpó a los grupos ilegales ligados al narcotráfico de estar detrás de los asesinatos.

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Más de seis meses le tomó al nuevo Gobierno colombiano convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo creado por los acuerdos de La Habana para proteger a los líderes sociales y excombatientes. Lo hizo en medio de una ola de violencia focalizada que según la ONU deja, hasta diciembre de 2018, 163 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

La comisión fue precedida por primera vez por el presidente Iván Duque.

Una de las primeras cifras destacadas por la vocera del Estado colombiano, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es que en el país 4.000 defensores de derechos humanos usan protección estatal para poder ejercer su trabajo.

Para Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, una organización civil, "el hecho de que tantos líderes deban ser protegidos y aun así persistan los asesinatos es muestra del fracaso de las políticas de seguridad del Gobierno colombiano".

"Es una política muy mala porque no ataca el origen del problema. Se necesita que cambie el contexto de los territorios, donde actores armados ilegales se mueven con impunidad y complicidad del estado. Pero ese no es el caso", agrega Sánchez.

Para la ministra del Interior el enfoque del Gobierno de Iván Duque va a ser fortalecer los mecanismos de seguridad a través de las entidades estatales. "El 40% de las recomendaciones van encaminadas a garantizar la seguridad derivada de la fuerza pública, es decir las fuerzas militares y la policía, y del otro lado una acción social", dijo Gutiérrez en la rueda de prensa.

Posición que Sánchez cree que es reiterativa y poco eficaz. "No compartimos el enfoque militarista, los territorios donde están matando a los líderes sociales ya están altamente militarizados", explica.

La mayoría de asesinatos a líderes sociales, según fuentes oficiales, suceden en territorios de alta presencia de cultivos ilícitos. Muchos de los líderes se enfrentan a los grupos armados que controlan esos cultivos.  Y así lo confirmó la ministra: "reitero que el gran problema se deriva de las 200.000 hectáreas (de cultivos de coca) que hay en Colombia y esto ha venido creciendo en los últimos años".

Sánchez puntualiza que el problema va más allá del control territorial de estos grupos ilegales en zonas de cultivos ilícitos: "Los líderes sociales se enfrentan a estos grupos, pero ¿qué hace el Estado para combatir las mafias?".

Por último, la ministra destacó, sin embargo, que en el último semestre del año hubo una mejoría en la situación de los líderes:"comparando los meses de agosto a diciembre del año 2017 con los de agosto a diciembre del año 2018, hubo una reducción del 21% en eventos contra líderes sociales".

Un dato que desmiente Sánchez, cuya organización que coordina monitorea las agresiones contra los defensores de derechos humanos en todo el país. "¿Cómo puede haber una mejoría? A vuelo de pájaro, en 2017 hubo 106 líderes asesinados y en 2018, 145".

La ministra concluyó que además del diagnóstico, el Gobierno colombiano va a trabajar en el esclarecimiento de los homicidios, en tener más presencia territorial y en luchar contra la estigmatización de los defensores.

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