México implementa nuevas estrategias para encontrar los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico

"Desafortunadamente, nuestro territorio se ha convertido en una inmensa tumba clandestina": con esta sentencia Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, describió la situación que sufre México.

Y no es para menos, las cifras son escandalosas: 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar. Para ese gobierno esos números marcan la magnitud de la crisis humanitaria que sufre ese país.

"Hemos heredado quizás uno de los signos más ominosos del régimen anterior", agregó el funcionario. "La desaparición forzada, sea por agentes del Estado o por particulares, es uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad."

Ante el tamaño de la crisis, el gobierno mexicano de López Obrador intenta una nueva estrategia. Que va acorde a un modelo de justicia transicional propuesto en campaña: intercambiaría amnistía para quienes admitan la culpa y cuenten la verdad en comisiones especiales. El fin de este proceso es lograr reparar las víctimas.

El objetivo del plan también implica construir políticas públicas de búsqueda, diseñadas con las familias de víctimas y organismos nacionales e internacionales. Y así poder localizar a las personas desaparecidas.

Además, según lo anunció el funcionario habría una nueva institución forense: el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) que empezaría en marzo. “Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera la tarea de búsqueda en todo el país” dijo Encinas.

El funcionario hizo énfasis en que la verdadera reparación para las víctimas será “la aplicación de justicia y castigo a los responsables.”

Atención especial a los migrantes desaparecidos

El gobierno prestará especial atención a los migrantes, que representan entre el 8 y el 10 % de los desaparecidos según las fuentes oficiales. Miles de centroamericanos han entrado en caravanas a México buscando escapar de la pobreza y la violencia y con destino a Estados Unidos.

El gobierno va a lanzar además una base de datos a la que puedan acceder oficiales en el país para tener apoyo técnico y respaldo de grupos internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Estas entidades han ayudado a investigar los casos de desaparición de alto perfil, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Los casos de desaparición forzada fueron en aumento en México desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una guerra contra grupos del narcotráfico.

Con Reuters y EFE