Causas y consecuencias de la crisis por el proceso de independencia en Cataluña

Sobre 12 antiguos miembros del Gobierno catalán pesan severas penas de prisión por impulsar el referendo del 1 de octubre y la independencia de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas del Estado español. El plebiscito había sido prohibido por la Corte Constitucional española, pero a pesar de eso, el Ejecutivo autonómico, liderado por Carles Puigdemont, lo celebró.

La crisis política y ahora judicial tiene profundas raíces históricas y sociales que se agravaron en la última década. La última etapa, que ahora lleva a estos líderes ante los jueces, empezó en 2017.

El Gobierno catalán organiza y celebra el referendo de autodeterminación

El 6 y 7 de septiembre de 2017, el Parlamento Catalán aprobó una ley para realizar el referendo con el apoyo de los partidos independentistas, que oscilan desde la izquierda anticapitalista hasta la centro-derecha. El Gobierno español, entonces liderado por el conservador Mariano Rajoy, recurrió la ley en la Corte Constitucional, que suspendió la legislatura autonómica al cabo de pocos días.

La investigación judicial y policial por la preparación del referendo, ya declarado ilegal, llevó a la Guardia Civil a entrar en varias sedes del Gobierno catalán y a detener a varios de sus altos cargos. Como reacción, las entidades civiles independentistas Omnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) convocaron una manifestación que se convirtió en multitudinaria.

Los dirigentes de estas organizaciones, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez respectivamente, fueron acusados de sedición dos días más tarde por esa manifestación, las autoridades consideraron que estos habían congregado una multitud de gente que de forma "tumultuosa" no dejó salir a los agentes de la Guardia Civil de la sede gubernamental que las autoridades estaban registrando.

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referendo con una amplia participación ciudadana a pesar de que las fuerzas de seguridad españolas intentaron impedir que este se llevara a cabo. Las autoridades requisaron urnas y entraron en puntos de votación, en algunos casos de forma violenta. Como protesta, al cabo de dos días se convocó una huelga general a la que asistieron 700.000 personas.

Los independentistas ingresan en prisión preventiva o huyen

El 16 de octubre ingresaron en prisión preventiva Sánchez y Cuixart. A los diez días, el gobierno de Puigdemont declaró la independencia de Cataluña. Inmediatamente, Rajoy disolvió el gobierno y el parlamento catalán. También convocó elecciones para el 21 de diciembre del 2017.

La siguiente semana, todo el gobierno de Puigdemont recibió la acusación de rebelión. A partir de ahí, el expresidente catalán se desplazó hasta Bélgica, igual que otros miembros del gobierno que se instalaron en diferentes países europeos. El 2 y 3 de noviembre ingresaron en prisión los políticos que se habían quedado en España y se emitió una euroorden contra Puigdemont. Sin embargo, la justicia belga desestimó las acusaciones de la justicia española y no llevó a cabo la extradición.

El 21 de diciembre se celebraron las elecciones autonómicas, que volvieron a dar la mayoría del Parlamento a la suma de los partidos independentistas por un margen estrecoho. Sin embargo, la fuerza Ciudadanos, de derechas y en cotra a la independencia, fue el partido más votado.

Al cabo de tres meses, la Justicia española volvió a requerir prisión preventiva para algunos de los miembros del Gobierno que habían quedado en libertad bajo fianza. Puigdemont también fue detenido en Alemania mientras estaba de paso en el país. No obstante, al cabo de dos semanas quedó en libertad ya que la Justicia alemana consideró que el delito de rebelión no se le podía imputar.

Durante los siguientes meses se desarrolló la investigación judicial hasta el 25 de octubre, cuando se cerró el sumario del juicio.

Se les imputan delitos de rebelión y sedición, entre otros

La pena más severa para los líderes independentistas pesa sobre Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán. La Fiscalía del Estado lo acusa de rebelión y malversación de fondos públicos y pide 25 años de prisión por esos delitos.

A los demás miembros del Gobierno autonómico que no se exiliaron se les requiere 16 años de prisión por los mismos delitos, pero con penas algo reducidas debido a que son considerados "cargos subalternos".

De los 12 miembros del antiguo Gobierno que serán juzgados, nueve están en prisión preventiva, algunos desde hace más de un año y tres meses.

Por otra parte también se juzga a Carme Forcadell, quien era presidenta de la mesa del Parlamento. La Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión. La misma acusación pesa sobre los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Con EFE y medios locales