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Presidiarias en Colombia: ¿son eficaces las condenas de cárcel?

El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Universidad Javeriana de Colombia, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México presentaron el informe 'Mujeres y Prisión en Colombia'. Se concluyó que falta enfoque de género en la política criminal y penitenciaria. En los últimos 27 años aumentó en un 429% la cantidad de mujeres privadas de libertad en ese país.

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En 27 años la población carcelaria femenina aumentó un 429% en Colombia, respecto a un 300% de individuos masculinos en el mismo período; pero el aumento en la cifra de presas no necesariamente benefició al sistema judicial, ya que muchas de las que recibieron sentencia no representaban un peligro para la sociedad. De hecho, el 85% no había utilizado armas al momento de cometer los delitos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja lideró una investigación para determinar las situaciones de las presidiarias y si estas ameritaban penas en un centro penitenciario.

También evaluó el costo social de mantener a las mujeres tras las rejas, en los casos en los que no se cometieron delitos graves; y la conclusión fue que, si bien la detención no necesariamente rompe las cadenas de delito, sí impacta gravemente el núcleo familiar.

Y es que, cuando fueron detenidas, el 85% de mujeres eran madres, y el 54% vivían con sus hijos menores de 18 años. Además, eran sus principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos, por lo que la familia quedó desprotegida con su paso a centros penitenciarios.

La Cruz Roja también estableció, junto a la Universidad Javeriana de Colombia y al Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, que el perfil de reclusas pasa especialmente por mujeres cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia.

La mayoría no cometieron delitos violentos y fueron infractoras por primera vez. El 53.4% de ellas dijeron que cometieron el delito por su vulnerabilidad económica; y el 45,2% fueron detenidas por delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente los eslabones débiles de la cadena delictiva, por lo que su permanencia en prisión no afectó significativamente a las redes criminales.

Bajo estas condiciones, se recomendó aplicar alternativas a la prisión para las mujeres infractoras teniendo en cuenta una perspectiva de género, un enfoque de justicia restaurativa y una política centrada en la prevención y la reinserción.

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