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Los protagonistas del fallido proceso independentista catalán irán a juicio

Vista general de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la que tendrá lugar el juicio, que comenzará el 12 de febrero.
Vista general de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la que tendrá lugar el juicio, que comenzará el 12 de febrero. Angel Díaz / EFE

Doce políticos y líderes sociales catalanes irán a juicio por ser acusados de participar en el referendo del 1 de octubre de 2017 para la secesión de Cataluña y en la declaración unilateral de independencia aprobada el 27 del mismo mes.

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El 12 de febrero, doce líderes catalanes, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, asistirán a un juicio en el Tribunal Supremo de España, en la ciudad de Madrid. Están acusados de rebelión y malversación de fondos públicos durante el proceso de declaración unilateral de independencia de Cataluña que comenzó el 1 de octubre de 2017 con un referendo para separarse de España. El 27 de octubre, el Parlamento catalán aprobó la declaración unilateral de independencia. A raíz de la iniciativa independentista, el Gobierno español del entonces presidente Mariano Rajoy cesó el Ejecutivo de dicha región y convocó nuevas elecciones regionales.

El juicio llega en un momento de tensión en España, cuando el Partido Popular (PP), Ciudadanos y el ultraderechista Vox se movilizaron en Madrid en contra del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pues, consideran como "traición" los intentos del jefe de Gobierno de abrir el diálogo político con los independentistas catalanes, de quienes depende para poder aprobar el presupuesto del año 2019.

Para los independentistas catalanes no hubo actos de rebelión durante el 1-O

Los doce principales dirigentes del movimiento independentista de Cataluña se enfrentan a penas de prisión que van desde los 25 años para el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, hasta los 16 años para cinco exconsejeros.
Sin embargo, la abogacía del Estado cambió la acusación por rebelión impuesta a Junqueras por la de sedición, lo que redujo su pena de 25 a 12 años en prisión.
El cambio de postura hizo que los partidos de oposición de centroderecha (PP y Ciudadanos) acusaran al Gobierno central de presionar a la abogacía del Estado para rebajar la pena.

Y, si bien todas las partes acusatorias (Fiscalía y el abogado del Estado) calificaron los hechos de octubre de 2017 como rebelión, los acusados se defienden argumentando que durante el 1-O no hubo violencia, así que no se debe hablar de rebelión. Otro de los argumentos es que, "convocar un referéndum no es delito desde el año 2005, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo sacó del Código Penal", como aseguró El Periódico de Cataluña.

Para demostrar su apoyo a los acusados, cerca de 400 alcaldes catalanes se reunieron en Barcelona en un acto con el lema Libertad, Justicia y Democracia. Según el diario español El País, pidieron un "juicio justo" e insistieron en la necesidad de "un diálogo sin condiciones" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

En los próximos tres meses los jueces del Tribunal Supremo afrontarán un proceso complejo al que están llamados a declarar cerca de 600 testigos, entre ellos el expresidiente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Con EFE y medios locales

 

 

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