Filipinas: liberada bajo fianza María Ressa, la periodista crítica con el Gobierno

Maria Ressa, de 55 años, es una reconocida periodista filipina y directora del medio de comunicación digital Rappler. El 13 de febrero seis agentes de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas se presentaron en las oficinas de la redacción para detenerla.

Ressa es acusada de difamación junto a un experiodista de Rappel por un artículo publicado en 2012. En este, los comunicadores señalaban las relaciones de Wilfredo Keng, un poderoso hombre de negocios con un ex alto magistrado del país, ambos vinculados con el tráfico de drogas y la trata de personas.

Aunque la demanda por difamación fue rechazada en 2017 por prescripción de términos, el expediente terminó en manos de la Fiscalía. Según la Justicia filipina, la decisión se debió a que el artículo continúa en línea.

El delito que se le imputa tiene que ver con una ley sobre la cibercriminalidad, que no tiene carácter retroactivo, y que fue votada cuatro meses después de la publicación del artículo. Esta ley sanciona la difamación en internet, el acoso o la pornografía infantil. Sin embargo, sus detractores consideran que es utilizada por el Gobierno para acallar toda voz disidente.

Maria Ressa: “Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma”

La periodista pagó 1.900 dólares para salir bajo fianza tras pasar la noche en una celda de la Oficina Nacional de Investigación (NBI). "El mensaje está claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma", dijo Ressa luego de ser liberada.

Esta es la sexta vez en los últimos tres meses que la periodista debe pagar una fianza. En diciembre ella y Rappler fueron imputados por evasión de impuestos, lo que puso al medio de comunicación al borde de la quiebra.

Para Ressa, una de las 100 personalidades de la revista Time en 2018, todo esto es fruto de un "persecución política" por las críticas que Rappler, uno de los medios más influyentes del país, ha hecho al Gobierno de Rodrigo Duterte.

El presidente Duterte y su sangrienta guerra contra las drogas

Elegido en 2016, Duterte ha llevado a cabo una sangrienta política antidrogas, que  Rappler ha denunciado repetidamente. Desde que el mandatario puso en marcha esta guerra, unas 4.800 personas han muerto en Filipinas en los operativos que han llevado a cabo las autoridades. Los agentes tienen la orden de disparar a matar al sospechoso si este opone resistencia al arresto. En 2017, un operativo en la provincia de Bulacán, en el centro del país, dejó un saldo de 32 muertos en tan solo 24 horas.

Esto ha causado el rechazo de la comunidad internacional y varias ONG como Amnistía Internacional han denunciado esta política, en la que han muerto sospechosos sin que se haya comprobado nada en su contra. El Tribunal Penal Internacional abrió en 2018 una investigación para determinar si se han cometido violaciones a los derechos humanos. Ante esta decisión, Duterte afirmó que sacaría a Filipinas de la jurisdicción del TPI.

Tras las denuncias de los excesos de esta política, la policía explicó que seguiría de cerca las actuaciones de las autoridades durante los operativos. Oscar Albayalde, el jefe de la Policía dijo en una conferencia de prensa en esa época "quirúrgica y escalofriante será el distintivo de una campaña reforzada de anticriminalidad y antidrogas".

Con Efe y AFP