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Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela: un arma cada vez más letal

Luego del anuncio de las sanciones contra PDVSA, a finales de enero del 2019, las autoridades petroleras convocaron a una marcha en apoyo de la petrolera estatal.
Luego del anuncio de las sanciones contra PDVSA, a finales de enero del 2019, las autoridades petroleras convocaron a una marcha en apoyo de la petrolera estatal. Fausto Torrealba/Reuters

Una herramienta que comenzó a implementar Estados Unidos hace más de una década contra ciertos individuos y empresas, se ha convertido poco a poco en un poderoso instrumento para sofocar al Gobierno y la economía venezolana.

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En enero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos decidió sancionar a la petrolera estatal venezolana PDVSA, y con ella al corazón de la economía del país sudamericano, en recesión desde hace cinco años. Estocada final o una medida más, lo cierto es que la implementación de las sanciones de Estados Unidos a lo largo de los últimos 12 años es un reflejo de la tensión creciente entre ambos países.

Según una revisión de las sanciones a Venezuela, realizada por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha incluido en la lista OFAC (Oficina de control de activos extranjeros, por sus siglas en inglés), también conocida como lista Clinton, a al menos 22 individuos venezolanos o con conexiones con Venezuela y a 27 compañías.

Entre ellos se destacan el exministro Ramón Rodríguez Chacín (incluido en 2008) y Tareck el Aissami (2017), exvicepresidente y actual director adjunto de Economía del Gobierno de Nicolás Maduro.

En el 2014, el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que obliga al presidente a imponer sanciones sobre las personas que considere responsables de actos de violencia o violación de derechos en relación con las protestas que se dieron durante el mes de febrero de ese año, "o sobre cualquier persona que haya dirigido u ordenado el arresto o acusación de cualquier persona en ejercicio de su libertad de expresión o de asociación". En el 2016, el Congreso extendió la ley hasta 2019.

En marzo del 2015, el presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva 13692, con el fin de implementar la citada ley. En cumplimiento de esa orden, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a 65 venezolanos.

Trump busca aumentar la presión y las sanciones incluyen a Nicolás Maduro

Bajo el mandato de Donald Trump, las sanciones han aumentado en número y en alcance. Mientras la Administración Obama impuso sanciones sobre siete individuos, en lo que va del Gobierno Trump se ha sancionado a 58, haciendo uso de la orden ejecutiva 13692.

Además, las sanciones cobijan a los gobernantes o líderes de más alto rango: el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cecilia Flores; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; ocho miembros de la Corte Suprema y líderes del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Nacional.

El otro enfoque de las sanciones de la administración Trump contra Venezuela han sido las finanzas. En agosto de 2017 Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso a la deuda y al mercado accionario estadounidense por parte del Gobierno de Venezuela.

En marzo de 2018, Trump prohibió las transacciones relacionadas con criptomonedas emitidas por el Gobierno de Maduro y en mayo hizo lo propio con transacciones relacionadas con la compra de deuda venezolana. En noviembre, la Casa Blanca ordenó sanciones contra las exportaciones venezolanas de oro.

En numerosas ocasiones, Nicolás Maduro ha condenado estas sanciones, calificándolas de “boicot económico” y responsabilizándolas de la situación del país. En la práctica, han abocado al Gobierno venezolano a buscar alternativas para esquivar las sanciones, haciendo uso de sus reservas en oro para venderlo a países como Turquía.

Según cifras divulgadas por AFP, las reservas internacionales de Venezuela pasaron de USD 29.890 millones en 2012 a USD 8.400 en 2018.

Sanciones contra PDVSA, ¿golpe de gracia o instrumento ideológico?

Este año, como una forma de estrechar el cerco contra Nicolás Maduro y apoyar el liderazgo de Juan Guaidó, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, un sector que las autoridades estadounidenses no habían querido tocar.

Según información de la agencia de noticias EFE, “la tradicional e histórica relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela se remonta a casi un siglo, a lo largo del cual se ha establecido una red de refinerías, la mayoría en Texas y Luisiana, diseñadas especialmente para tratar el crudo venezolano, que es extremadamente pesado”.

La entrada en vigor de las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA golpea a la ya de por sí diezmada liquidez del Gobierno de Maduro. Según declaró el senador estadounidense Marco Rubio, "casi el 75% del efectivo que recibe PDVSA viene a través del crudo que le mandan a refinerías de los Estados Unidos”.

De acuerdo con Francisco Monaldi, experto en política energética del Baker Institute de Houston, entre los efectos de estas sanciones está el menor ingreso de divisas, lo que impactará en la capacidad de importación del Gobierno venezolano y probablemente acentúe la escasez de bienes en el país. Entre 2012 y 2018, las importaciones venezolanas se han reducido en cerca de USD 57.000 millones.

Venezuela intentará redirigir sus ventas a Estados Unidos (alrededor de 450.000 barriles diarios), a sus otros mercados fuertes, China e India. De hecho, esta semana el ministro de petróleo, Manuel Quevedo, manifestó en India que quiere doblar las exportaciones a ese país y que está abierto a diferentes formas de pago.

"El problema es que los barriles a China se usan para amortizar deuda de los 17.000 millones que le deben y parte de lo que va a India es para pagar a los rusos", explicó a la agencia EFE Francisco Monaldi.

Si bien pueden ser vistas como una dificultad más para el Gobierno venezolano, las sanciones también se pueden convertir en un instrumento político. Según le explicó a France 24 Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, Nicolás Maduro “responsabiliza a las sanciones de la escasez” que se sufre en Venezuela. La utilización ideológica de las sanciones le permite al mandatario alimentar el discurso antiestadounidense y granjearse apoyo político, por ejemplo, en sectores académicos europeos, afirma Rodríguez.

Otro efecto de las sanciones que destaca Monaldi es el desabastecimiento de gasolina en Venezuela. Y es que no solo cesan las exportaciones de crudo a Estados Unidos, sino también las importaciones de diluyentes de ese país, necesarios para la producción de combustible en Venezuela, que según cálculos de S&P Global Platts, son de unos 120.000 barriles diarios.

“El desabastecimiento ya no sería por problemas de distribución, sino por falta de combustible,” señala Rodríguez. Algunos vehículos de la década de los ochenta, que necesitan mucha gasolina y que siguen transitando en Venezuela gracias a los irrisorios precios del combustible, no tendrían cómo llenarse.

Alfonso Molina, periodista y editor del portal Inteligencia Petrolera, afirma que las sanciones de Estados Unidos no pueden perjudicar más a los venezolanos de lo que ya lo ha hecho la política económica del Gobierno chavista. En entrevista con France 24 afirmó que el desabastecimiento de gasolina se vive hace muchos años en Venezuela, en donde las refinerías están operando al 30% de su capacidad. ¿Cuánto más grave puede ser la situación para el pueblo?”, se pregunta Molina.

Según un reporte del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), publicado el 12 de febrero, las sanciones pueden exacerbar la recesión en Venezuela. Además de una reducción esperada en las exportaciones de crudo, el IIF prevé que la producción de combustible caiga alrededor de un 10% este año.

De acuerdo con este organismo, el colapso de la economía venezolana “casi no tiene precedentes en la historia reciente”, y solo es comparable con los casos de Zimbabue en los últimos 20 años y los países de la antigua Unión Soviética a principios de los años noventa.

Con AFP y EFE

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