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Colombia: los cocaleros piden el cumplimiento de los acuerdos de paz

Un cultivo de coca en la selva del Catatumbo, Colombia, el 18 de septiembre de 2018.
Un cultivo de coca en la selva del Catatumbo, Colombia, el 18 de septiembre de 2018. Luis Robayo / AFP

Los campesinos cultivadores de coca denuncian la inacción del Gobierno en el tema de la sustitución de cultivos ilícitos puesta en marcha a raíz de lo pactado con la exguerrilla de las FARC. Temen que se reanude la erradicación forzosa sistemática.

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Conformar un “nuevo campo colombiano” es uno de los pilares de lo pactado en La Habana por el Ejecutivo y las FARC, en 2016. Entre los mecanismos para lograrlo, los negociadores resaltaron el tema de los cultivos ilícitos, al cual dedicaron un punto entero del Acuerdo de paz.

Se creó entonces el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que alcanzó a vincular a 99.097 familias con un objetivo claro: remplazar las matas de coca con proyectos productivos viables y duraderos. Muchos campesinos vieron con entusiasmo esta oportunidad, que, además, de alejarlos de esta hoja, prometía grandes avances en materia de desarrollo local.

Sin embargo, se evidenciaron rápidamente los límites del PNIS. La gran mayoría de las familias nunca recibieron apoyo técnico para su transición y las demoras se acumularon. Lidiar con la coca en Colombia es lidiar con décadas de abandono estatal del campo, ya que los cultivos se encuentran en zonas marginadas, inclinadas a ser escenarios del conflicto armado.

A nivel práctico, se traduce, por ejemplo, con la ausencia de una carretera digna que permita la comercialización de los productos cosechados. En resumen, al terminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos, la sustitución de cultivos era una tarea pendiente.

La llegada de Iván Duque marcó el regreso al poder de la franja conservadora que mostró una gran desconfianza en el proceso de paz con las FARC en particular y con la política de Santos en general. Su Gobierno heredó una implementación incompleta de lo firmado en La Habana, lo cual no fue facilitado por la reorganización de las administraciones claves encargadas de fomentar las políticas públicas que debían surgir del texto.

Transición políticas e incumplimiento de los acuerdos de paz

La posesión del nuevo mandatario coincidió con la socialización del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que confirmó el aumento histórico de los cultivos ilícitos en Colombia. Duque prometió mano dura frente al fenómeno y su ministro de Defensa aseveró que la “sustitución ya no será voluntaria sino obligatoria”. En medio de la incertidumbre de las comunidades y la posibilidad de un regreso del despliegue masivo de militares para arrancar las plantas, se ha planteado también la reanudación de la aspiración de glifosato.

“Llamamos al Gobierno nacional a implementar este acuerdo, queremos la sustitución voluntaria, hoy es la salida” comentó a France 24 Wilder Mora, representante de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM) en la región del Catatumbo. “La erradicación no nos parece porque eso viene acompañado con muertos, desplazados, con gente en la cárcel”, agregó, “es una política de fracaso que lleva  más de 30 años y los cultivos de coca no han parado de aumentar”.

El Gobierno, por su parte, argumenta que el PNIS sufrió de mala gestión y que “ya no hará más promesas que no esté en capacidad de cumplir”. Además, afirmó, que revisará los convenios firmados con las familias antes de seguir atribuyendo a nuevos, por falta de análisis según los oficiales.

Mora resaltó también la inseguridad en las zonas cocaleras, una de las fallas del Estado al no responder a tiempo a la salida de las FARC de los territorios. La COCCAM dice haber perdido a 47 integrantes en asesinatos selectivos. “Nos siguen asesinando líderes, hay un vacío en esos territorios y se incrementan los actores armados”, denunció.

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