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¿Río de Janeiro se encamina hacia una política de ejecuciones de Estado?

Agentes del Comando de Operaciones de la Policía avanzan en una calle de Río de Janeiro, Brasil, antes de un operativo en una favela el ocho de febrero de 2019.
Agentes del Comando de Operaciones de la Policía avanzan en una calle de Río de Janeiro, Brasil, antes de un operativo en una favela el ocho de febrero de 2019. Marcelo Sayao / EFE

La muerte de 13 personas en dos favelas a manos de la Policía vuelve a encender el debate sobre ejecuciones extrajudiciales, mientras desde el poder se alientan la mano dura y la impunidad policial.

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Desde 2007 no se veía en los morros de Río de Janeiro una masacre de tales proporciones. El pasado ocho de febrero, 13 personas fallecieron durante un operativo policial en las favelas de Prazeres y Fallet/Fogueteiro, situadas en el barrio turístico de Santa Teresa. Los jóvenes tenían entre 16 y 21 años. La operación fue lanzada supuestamente para frenar la invasión de una facción del narcotráfico en guerra contra otra.

El suceso se produjo el mismo día en que morían carbonizados diez adolescentes del club de fútbol Flamengo en un episodio de negligencia que indignó el mundo del deporte dentro y fuera de Brasil. Este trágico accidente acaparó la atención. Si no hubiese sido por la atención otorgada por los medios internacionales, más interesados en la situación del país desde que empezó la era Bolsonaro, la masacre en los cerros de Río habría caído en el olvido, como otras tantas que con frecuencia arrebatan la vida de jóvenes negros y de bajo poder adquisitivo.

Más de 1.500 muertes de civiles a manos de la Policía en Río en 2018

De hecho, tan solo dos días antes, otra operación policial en la periferia de Río terminó con cinco muertes. Ocurrió en el municipio de Queimados, en la región conocida como Baixada Fluminense. Datos oficiales muestran que, en diez días, entre el 30 de enero y el 8 de febrero, los policías militares mataron a 42 personas.

La media es de cuatro víctimas por día. Esta tendencia es confirmada por las cifras de los últimos años. En el Estado de Río las muertes a manos de la Policía subieron un 36% de 2017 a 2018, es decir, pasaron de 1.127 a 1.532. Solo en la ciudad de Río de Janeiro, el año pasado hubo 556 muertes atribuidas a las fuerzas de seguridad, según el Instituto de Seguridad Pública, por lo que la Policía Militar de esta zona se ha labrado la fama de ser la más letal de Brasil.

Como suele acontecer en este tipo de casos, la versión de la Policía no coincide con la de los familiares de las víctimas. Los primeros aseguran que el ocho de febrero actuaron en legítima defensa, aunque la prensa brasileña destaca que no hay información sobre agentes heridos o muertos. Ya los residentes de estas tres favelas hablan de ejecuciones sumarias. Testigos oculares aseguran que los sospechosos fueron reducidos en el interior de una casa, torturados y asesinados sin que opusiesen resistencia. Los habitantes también denuncian prácticas de terror psicológico y de intimidación por parte de los agentes del Bope, el batallón especial de policías que en la década pasada inspiró dos películas.

El defensor del pueblo pide una rápida investigación

Con el fin de esclarecer los hechos han sido abiertas cinco investigaciones distintas en la División de Homicidios de la Policía. Pedro Strozemberg, el defensor del Pueblo en el Estado de Río de Janeiro, destaca que los relatos indican de forma casi unísona que se trató de ejecuciones extrajudiciales. “Hay diversos videos y testigos que vieron lo que aconteció. Ahora falta que la División de Homicidios y el fiscal general hagan su trabajo de forma rápida”, señala este especialista en Derechos Humanos.

La investigación de este caso puede verse dificultada por la retirada de los cadáveres de la favela. La entrega de los cuerpos en los hospitales es considerada por algunos observadores como una estrategia para alterar la escena del crimen y borrar pruebas, algo común en la actuación de la Policía carioca. “Retirar los 13 cuerpos equivale a la absoluta confianza en la impunidad. Y con toda seguridad no va a acontecer nada”, destaca la socióloga Julita Lemgruber, que coordina el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes, y que ya fue directora del Departamento del Sistema Penitenciario de Río.

Strozenberg subraya que, si no habrá una respuesta clara ante la primera masacre ocurrida en el Gobierno local del ex juez federal Wilson Witzel, episodios similares puede repetirse. El gobernador de Río fue elegido el pasado mes de octubre con el 60% de los votos gracias a un discurso beligerante, que incluía la promesa de emplear a francotiradores de élite para “abatir a los criminales” sorprendidos con fusiles, incluso usando drones. Bajo el lema “bandido bueno es el bandido muerto”, este ex juez promete mano dura contra el crimen. En 2017, Río de Janeiro registró 6.749 muertes violentas, 7,2% más que el año anterior.

De desconocido a alcalde de Río con el apoyo de Flávio Bolsonaro

El apoyo del senador Flávio Bolsonaro, hijo del actual presidente de Brasil, fue decisivo para la victoria de Witzel, prácticamente desconocido en los círculos políticos hasta las elecciones. Witzel anunció que construirá la primera prisión vertical de Brasil, con nueve plantas y capacidad para 5.000 presos, en el país que tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo.

Además, prometió impunidad para los policías que maten a delincuentes en servicio, algo que a principios de febrero fue respaldado por una batería de medidas anticrimen anunciadas por el ministro de Justicia Sérgio Moro. El juez instructor del caso Lava Jato y azote del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva propone, entre otras cosas, reducir la pena a la mitad o dejar de aplicarla si la legítima defensa se produce en circunstancias de “miedo, sorpresa o violenta emoción”. Para el ex ministro de Derechos Humanos Paulo Sérgio Pinheiro, el nueve paquete de Moro le otorga a los policías “una licencia para matar”.

“La Policía tiene carta blanca y, peor aún, es animada a matar”, asegura el experto en seguridad pública Ignacio Cano, profesor de la Universidad del Estado de Río y fundador del Laboratorio de Análisis de la Violencia. Este sociólogo español basado en Río de Janeiro asocia el número elevado de víctimas de la última operación policial en Río de Janeiro con los primeros efectos de la era Bolsonaro.

“Nos amenazan en nombre de Bolsonaro”

“Desde el periodo de las elecciones, los agentes del Bope están llevando a cabo operaciones cada vez más truculentas en la favela Santa Marta. Nos amenazan en nombre de Bolsonaro. Yo mismo, que soy licenciado y tengo un trabajo estable, fui despertado en el medio de la noche por un grupo de policías que invadieron mi casa sin mandato y me apuntaron con varios fusiles. Los habitantes de las favelas no tenemos derechos. Somos tratados como delincuentes en potencia y eso va a empeorar con el nuevo Gobierno”, cuenta a France 24 un publicista afro que vive en esta comunidad.

Las matanzas a manos de la Policía son tristemente notables en las favelas de Río de Janeiro. Sin embargo, desde que empezó la campaña electoral de Jair Bolsonaro y de sus hijos y aliados, el discurso de mano dura contra el crimen se ha impuesto. Los relatos de los habitantes de la favela de Manguinhos, situada en una de las zonas más pobres de la ciudad, revelan un escenario inquietante.

Proponen donación obligatoria de órganos de muertos a manos de la Policía

Testigos denuncian un fenómeno nuevo: la ejecución a tiro limpio de jóvenes de mochila y gorra, generalmente cuando circulaban en moto. Los disparos, ejecutados supuestamente por francotiradores, empezaron en septiembre, durante la campaña. Suelen ocurrir de forma repentina en momentos de calma, o sea, cuando no hay tiroteos en la comunidad. Hasta el momento, han sido reportados cinco casos.

El Defensor del Pueblo de Río de Janeiro está investigando el asunto junto al órgano federal equivalente. “Ellos creen que en Manguinhos somos como una presa: ellos son los cazadores y nosotros somos los bichos aquí abajo”, se lamentan los habitantes de esta favela.

La tendencia a considerar a los criminales como un estorbo a ser eliminado ha inspirado dos polémicos proyectos de ley del diputado federal Daniel Silveira, que pertenece al partido de Bolsonaro. Es el mismo que durante un acto electoral destruyó una placa en honor a la concejala Marielle Franco, asesinada por las milicias en marzo. Silveira propone la donación obligatoria de órganos y tejidos de personas fallecidas durante enfrentamientos con la Policía. El diputado asegura que su proyecto tiene un carácter “humanitario” y “compensatorio” y que la donación obligatoria es una “política de sanidad pública”.

Los defensores de Derechos Humanos han puesto el grito en el cielo. “Es inaceptable. Va a generar muertes por encargo de personas pobres, jóvenes y habitantes de la periferia. Alguien que necesite un hígado, un riñón o un corazón va a contratar a policías para matar a otra persona. Es un estímulo a la violencia de la Policía, del tipo: salve a una persona decente matando a un bandido”, defiende en la prensa brasileña el abogado Ariel de Castro Alves, miembro del Consejo Estatal de Derechos Humanos de São Paulo.

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