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Nicaragua: la violencia por parte del Estado fue llevada a cabo de manera organizada (CIDH)

Una bandera de Nicaragua ondea en la tumba de uno de los manifestantes muertos en Managua
Una bandera de Nicaragua ondea en la tumba de uno de los manifestantes muertos en Managua Inti Ocon / AFP

Un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que la policía fue la principal responsable de los muertos y heridos que dejaron las protestas, y que actuó de "manera organizada".

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"La mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional". El informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las protestas que sucedieron en 2018 en Nicaragua, impulsado por la CIDH, es contundente.

La publicación recoge los hechos comprendidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 para estudiar los efectos que tuvo la represión del Gobierno de Daniel Ortega contra las multitudinarias marchas que pedían su dimisión y que sumieron el país en el caos durante varias semanas. Según el informe, las fuerzas de seguridad estatales actuaron "directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales".

La virulencia de las protestas se refleja en la cantidad de muertos y heridos por balas de fuego. En el mes y medio que comprende el estudio, el GIEI registró al menos 109 personas muertas, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos.

De las 109 muertes contabilizadas por el GIEI, 95 se produjeron por disparos con impacto en el cráneo, el cuello y el tórax. De los 1400 heridos, 599 lo fueron también por armas de fuego.

Detenciones arbitrarias y juicios por terrorismo

La represión no se limitó a la violencia física. Por ejemplo, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias "de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes en contexto de 'razzias' policiales".

También hubo castigos laborales contra aquellos profesionales que atendieron a heridos de las protestas: muchos fueron despedidos de sus puestos de trabajo y algunos hasta huyeron del país por miedo a las represalias.

Además, los poderes judiciales encargados de juzgar estos crímenes funcionaron "como una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos", según el informe. Las instituciones sancionaron a manifestantes de manera ilegítima por cargos por terrorismo y crimen organizado. Recientemente, trascendió la condena contra uno de los líderes campesinos de las protestas, Medardo Mairena, condenado a 216 años de prisión. Sin embargo, de las 109 muertes violentas, solo 9 están judicializadas.

La misma CIDH concluyó que la cifra de muertos, incluyendo también a miembros de las fuerzas estatales y desde el inicio de las protestas en abril hasta la actualidad, es de 325 personas.

Recomendaciones del GIEI

En la conclusión de su informe, el GIEI recomienda al Gobierno "disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados y paraestatales", "asegurar el derecho de reunión" y "cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales".

También preconiza una reforma de las instituciones para terminar con "las condiciones que generaron y ahondaron la represión y la persecución política", "depurar la institución policial" y destituir a "los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos".

También aconseja un reforma del sistema de administración de Justicia, que "se convirtió en una herramienta de criminalización de la protesta social".

Los cinco expertos seleccionados por la CIDH y designados por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para la elaboración del informe fueron Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Pablo Parenti, Claudia Paz y Paz Bailey.

Ortega llama de nuevo al diálogo

Daniel Ortega lleva 12 años en el Gobierno de Nicaragua durante los cuales ha acumulado cada vez más poder. Ahora, varios sectores de la sociedad piden su salida del Ejecutivo.

Ortega anunció el lunes 18 de febrero una nueva posibilidad de diálogo con la oposición, aunque esta puso como condición la liberación de los manifestantes que han sido encarcelados en los últimos meses.

En mayo pasado ya se intentó un diálogo con los sectores críticos al Gobierno, pero Ortega abandonó las discusiones de manera unilateral en julio de 2018.

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