Empresa alemana multada con 3,7 millones de euros por venta ilegal de armas a México

La justicia alemana condenó a la empresa armamentística Heckler & Koch a una multa de 3,7 millones de euros, unos 4,1 millones de dólares, y a dos de sus empleados a penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra cinco de sus trabajadores por presunta exportación ilegal de armas a México.

La oficina del fiscal estableció que uno de los condenados, un exempleado del fabricante alemán, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80.000 euros. También impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajos comunitarios.

Debido a que la corte de Stuttgart no identificó a los acusados en el comunicado que detallaba el fallo, no se sabe la identidad de los responsables. Sin embargo, por el momento se conoce que otros tres exempleados fueron absueltos.

Todas las exportaciones de armas alemanas requieren la aprobación de un panel especial del Gobierno formado por ministros y el canciller. La empresa alemana había dicho en 2016 que ya no firmaría contratos para suministrar armas a países fuera de la influencia de la OTAN porque se había vuelto demasiado difícil obtener la aprobación del Gobierno para tales acuerdos.

La multa millonaria que deberá pagar la empresa corresponde a la cantidad ingresada por la venta ilegal de unos 4.700 fusiles de asalto y componentes a zonas de conflicto en México, según informó la radiotelevisión regional SWR.

¿Cómo armas alemanas se relacionan con el caso Ayotzinapa?

La Justicia alemana estaba investigando a los empleados por violar las Leyes de Control de Armas de Comercio Exterior y de Guerra por entregar rifles y accesorios a cuatro estados mexicanos a los que Berlín había prohibido las exportaciones de armas debido a la situación de vulneración a los derechos humanos que han experimentado esos territorios.

En la apertura del juicio, el 15 de mayo de 2018, en la Audiencia Provincial de Stuttgart se dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4.700 fusiles, así como ametralladoras y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, para las que no existía permiso de exportación.

La oficina del fiscal señaló que los empleados estaban informados de que las entregas de armas fueron enviadas a estados conflictivos mexicanos. Desde entonces, no han cesado las especulaciones sobre la posible utilización de las armas alemanas en la tragedia de los estudiantes.

Integrantes de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y el activista Jürgen Grässlin, quien hace ocho años presentó una denuncia, se manifestaron frente a las instalaciones del tribunal de Stuttgart. El también periodista señaló que varias de las sofisticadas G36, valoradas por su precisión y efectividad, terminaron en manos de la policía de Iguala, en el estado de Guerrero.

"Esperamos veredictos severos, debido a las violaciones de la Ley de Control de Armas de Guerra y la Ley Alemana de Comercio Exterior y Pagos. Espero que el tribunal castigue a los responsables del comercio ilegal de armas. Porque todos los días hay asesinatos, muertes y mutilaciones cometidos en México con más de 4,000 rifles de asalto alemanes", señaló Grässlin.

La defensa argumentó que era el Ministerio de Defensa mexicano el encargado último de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas

Gobierno mexicano realiza nuevas investigaciones en el caso Ayotzinapa

Según la versión oficial al momento, en la noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala, estado de Guerrero, arrestaron a estudiantes de la Escuela Normal (para maestros) Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Una nueva Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, establecida por el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició funciones el 15 de enero con el objetivo de alcanzar más claridad y ofrecer justicia.

Algunos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 harán parte del equipo. Esperan que se haga realidad la petición de investigar al Ejército, luego de varios años de negativas por parte de la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El caso de los 43 normalistas conmocionó al país y al mundo. Durante su campaña a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la búsqueda de justicia.

En el arranque formal de esta Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo "coadyuvar al esclarecimiento de la verdad".

Con Reuters y EFE