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Colombia: ¿está en riesgo la paz?

Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico. El desmovilizado grupo rebelde colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó las armas y se convirtió en actor político.
Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico. El desmovilizado grupo rebelde colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó las armas y se convirtió en actor político. Raul Arboleda / AFP

Mientras el Gobierno colombiano tiene sus ojos en la crisis en Venezuela, algunas de sus decisiones tienen en alerta a los defensores de los acuerdos de paz.

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El pasado 20 de febrero llegó al Centro Cultural Gabriel García Márquez quien fue durante décadas el máximo comandante de la exguerrilla comunista de las FARC, Rodrigo Londoño. También, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno que sacó adelante los acuerdos de La Habana y más de un centenar de figuras políticas. Todos con un propósito: "defender los acuerdos" suscritos entre esa guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante lo que para algunos es el clima adverso que se vive en los últimos días.

Uno de los promotores de la iniciativa, Antanas Mockus, excandidato presidencial de centro así lo anunció en redes.

Y no es para menos. Líneas claves de la implementación de los acuerdos tienen a los expertos en alerta roja; para algunos ellos, de concretarse ciertos cambios en aspectos sensibles, la paz en Colombia tambalea.

La gota que rebosó la copa ha sido la tardanza del presidente Iván Duque, elegido por el partido que fue opositor a los acuerdos de La Habana, en sancionar la ley que reglamenta el modelo de justicia transicional, la Justicia Especial para la Paz.

Para el experto Ariel Ávila, de la fundación Paz y Reconciliación, esa demora podría reflejar un intento de destruir un elemento que está en el centro de los acuerdos. "No se puede ver como un caso aislado, sino como un ataque sistemático que busca obstaculizar y negar la verdad del conflicto armado".

La ley ya aprobada por el Congreso y declarada constitucional por la máxima corte de ese país, permanece en el escritorio del presidente Iván Duque, quién dijo en redes sociales lo siguiente:
 

Otro de los críticos de la ley estatutaria que reglamenta la JEP, fue el fiscal general de ese país, quien pidió al presidente objetar la ley. Posición que contrasta con el fuerte apoyo internacional que tiene el modelo de justicia transicional pactado, hasta la Corte Penal Internacional advirtió que no tener la ley “sería un enorme revés” para la paz.

Para Ávila, sin embargo, la demora tiene un claro propósito: “retrasar la reglamentación de la JEP lleva a retrasar su funcionamiento efectivo y a que no pueda mostrar resultados, lo que la deslegitimaría ante la opinión pública”. En Colombia los acuerdos de paz polarizan a la ciudadanía, en 2016 un plebiscito que buscaba refrendarlos fue derrotado en las urnas con el 50.21% de los votos frente al 49.79%

Otras señales de preocupación sobre el riesgo de la paz en Colombia

El suspenso sobre la reglamentación de la JEP no es la única señal que preocupa a sus defensores. El asesinato de líderes sociales, la impunidad en la investigación, el desfinanciamiento de proyectos de reintegración de los excombatientes y el nombramiento de un académico cercano al uribismo en la dirección de la institución encargada de construir la memoria histórica del conflicto armado, son algunos de los signos que alertan a los expertos.

Sobre ese último punto, Álvaro Villaraga dice que el nombramiento del nuevo director del Centro de Memoria, Darío Acevedo, un doctor en historia que dice que en Colombia no hubo conflicto armado sino una lucha contra el terrorismo, ha generado una gran preocupación entre las asociaciones de víctimas. "Hay una tensión entre ellos, algunas víctimas incluso han pedido retirar sus archivos del Centro de Memoria".

Para Villarraga, sin embargo, más allá de la postura del nuevo director, el debate sobre si hubo o no conflicto es un tema superado, que el nuevo Gobierno no puede entrar a desconocer. "Existen desarrollos constitucionales, actos legislativos como la misma ley de víctimas que creó el Centro de Memoria que parte de reconocer que en Colombia hubo un conflicto y que tuvo impactos".

Para Ariel Ávila el problema es más complejo que un nombramiento y señala otros síntomas negativos: "No es solo la JEP o el nombramiento de este señor en el Centro de Memoria, estamos hablando de proyectos de ley del oficialismo que buscan sacar a los militares de la justicia transicional, estamos hablando del propósito de sacar a los terceros civiles de la misma, estamos hablando de problemas de financiamiento de proyectos de implementación".

Sobre ese último punto, el antiguo líder de la exguerrilla, Rodrigo León (Timochenko) denunció en redes sociales que cientos de excombatientes no tienen un solo peso en sus cuentas, uno de los compromisos del Estado en el proceso de reincorporación.

A pesar de los riesgos, el Gobierno colombiano ha dicho públicamente que respalda el acuerdo con las FARC y que busca hacer más efectiva su implementación. La propuesta del nuevo Gobierno de "paz con legalidad", que busca que el Estado tenga más presencia en las zonas más afectadas por el conflicto, cuenta con el visto bueno de la ONU.

António Guterres, Secretario General de la ONU, dijo a comienzos de año en el informe trimestral presentado al Consejo de Seguridad: "Duque manifestó reiteradamente su voluntad de continuar con el proceso de paz en el marco de un programa de gobierno más amplio enfocado en la equidad, la legalidad y el emprendimiento".

Pero otras cosas piensan los líderes políticos que se reunieron en el centro Gabriel García Márquez. La senadora del partido Verde, de centro, Juanita Goebertus, denunció la falta de temas sensibles del acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del nuevo Gobierno.

Según la senadora, no se contempla una sola meta de restitución de tierras –la inequidad en la propiedad de la tierra es según el Centro de Memoria una de las causas del conflicto colombiano-, no se habla de los 13.000 excombatientes de las FARC en ruta de reincorporación e incluso se propone reparar 282.000 víctimas menos que en el cuatrienio anterior.

En general, los analistas coinciden en que la aproximación del Gobierno Duque a los acuerdos con las Farc se basa en un enfoque que enfatiza el aspecto de reintegración de excombatientes, pero deja de lado piezas centrales del acuerdo, como la situación en el mundo rural, la sustitución voluntaria de cultivos de coca, la justicia transicional y la construcción de memoria.

El grupo variopinto de defensores de los acuerdos, conformados por políticos de izquierda y hasta conservadores, incluso llegó a proponer una medida extrema: que en las elecciones regionales que se efectuaran en Colombia en octubre, haya una papeleta extra que le pregunte a los colombianos "si quieren la paz o devolverse a la guerra".

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